Alguien, siempre que sea español, debe dos mil euros a Hacienda por culpa de una diferencia de criterio en una declaración antigua del IRPF. Como no tiene dinero para pleitear ni para pagar ese dinero al contado, acepta hacerlo a plazos a razón, por ejemplo, de 200 euros cada mes, que la Seguridad Social le descontará puntualmente de la pensión de jubilación que recibe. Hasta aquí lo que le ocurre a miles de contribuyentes.
Domingo Sanz
Cuando ya han transcurrido diez meses piensa, como es lógico, que diez multiplicado por doscientos es igual a dos mil también para el gobierno. Pero no, el día 25 comprueba que le han vuelto a descontar, por lo que ahora es Hacienda quien le debe dinero a él, aunque ese dinero lo tiene, de momento, la denominada “Caja Única” de la Seguridad Social que, por tanto, es quien ahora se lo debe a la Agencia Tributaria para que esta se lo pueda devolver al perjudicado, un circuito atascado.
Acude allí mismo y le dicen que es verdad, que tiene toda la razón, que también le ha ocurrido a “mucha” gente y que se lo devolverán, pero que no pueden hacer nada porque para que la citada “Caja Única” le deje de descontar cada mes ese dinero se tienen que comunicar por fax entre los equipos de Montoro y los de Báñez, que es la solución que se les ha ocurrido para confirmar de manera fehaciente que sí es cierto que le han descontado ese importe que ya no procedía, y que este es un procedimiento que los funcionarios se han inventado para acelerar los cruces de la información en beneficio del contribuyente. Le prometen que vigilarán su caso, incluso le dicen que acaban de poner una marca en la pantalla para que salte un aviso, como lo que hace en su teléfono móvil cualquier hijo de vecino, pero no dejan de advertirle que podría ocurrir que también le descontaran del siguiente pago de la pensión, con lo que Hacienda pasaría a deberle 400 euros, que ya duelen.
Hasta aquí, lo que también les ha seguido ocurriendo a muchos de los miles de españoles afectados por la situación descrita en el primer párrafo.
Por si acaso, y antes de que llegue el nuevo día de cobro de la pensión, se acerca a la oficina de la Seguridad Social por su propia iniciativa. Allí le dicen que no le pueden decir nada, porque ellos se limitan a seguir las órdenes de Hacienda.
Evidentemente, lo que se cumple no es que le devuelvan los 200 euros descontados de más, sino la advertencia: casi treinta días después de formular la queja contra lo que ya era una irregularidad inadmisible e incomprensible, reinciden en el abuso y le vuelven a pagar la pensión con un recorte de 200 euros. Es más, y como da la casualidad que todo esto ha ocurrido en diciembre y después viene siempre el mes de enero, recibe de la propia Seguridad Social la carta oficial de la “revalorización” de la pensión, dos o tres euros al mes. En ella le dicen que, además de practicar la retención habitual para el IRPF, le seguirán descontando cada mes el mismo importe que desde el anterior ya no deberían haberle descontado, tal como ordenan las matemáticas básicas y le reconocieron los funcionarios.
Para no estallar en medio de una oficina llena de sufridores en ambos lados de las mismas mesas de atención al público, deja pasar unos días antes de regresar para pedir de nuevo lo que le deben pero, desconfiado, evita fallecer durante la tregua, no fuera que al gobierno le dé por quedarse para siempre con ese pico de dinero, y quién sabe si después lo pintarán de negro. Así somos de desagradecidos los malvados jubilados, piensa mientras disfruta.
El departamento de ingresos excesivos de Hacienda
En la oficina descubre que el Ministerio ha creado un departamento llamado de “ingresos excesivos”, cuya tarea es devolver lo que a miles como él se les ha cobrado de más. Piensa que debe ser mucho, pues quizás con lo que les renta dé para pagar los sueldos del personal adscrito. Deduce que el sistema funciona a tres ritmos diferentes: primero, a la velocidad de la luz, o de los ordenadores, cuando cobra. Después, prescinde de la informática y actúa como si se moviera en un cuarto oscuro, tropezando por todas partes, cuando tiene que dejar de cobrar. Por último, mejor esperando a que se lo reclamen para recordar lo que tiene que devolver. O quizás, cuando la diferencia es muy grande o pasa demasiado tiempo, a los ordenadores se les caen los chips al suelo de la vergüenza, aunque no está confirmado que ya tengan alma.
A la salida de la Agencia Tributaria, el español se toma la revancha y huye por el camino de en medio, abierto hace tiempo y en diagonal por muchos descontentos que, mediante la rebeldía del atajo, deciden llevar la contraria a los planificadores urbanos, personajes de una especie probablemente similar a la de los planificadores fiscales. De regreso, al volante, una cuesta suave hacia el sur le enseña la bahía donde, más que flotar allí en medio, dos grandes cargueros parece como si durmieran en el azul quieto.
Una vez en casa, sin paisaje en el que ahogar al Consejo de Ministros en pleno y con la sensación de haber sido atracado por una organización de rateros tecnológicos financiados con su propio dinero, las preguntas se amontonan: ¿Es que acaso los de la Agencia Tributaria no les pueden decir a los de la Caja Única cuánto dinero, y ni un euro más, es lo que tienen que descontarle a él, que no ha podido ni pagar abogado para defender su postura ante la Justicia? ¿Cuántos euros habrá en este momento en la cuenta de ingresos excesivos de Hacienda? ¿Cuánto tiempo tardan en devolverlo, y cuanto dinero terminan no devolviendo, ni siquiera de oficio? ¿Cuántos contribuyentes prefieren no ir a reclamar por si acaso salen trasquilados, aunque sin ser conscientes de haber hecho nada irregular? ¿Cuántos fallecen por el “camino” y Montoro, informado al minuto por sus espías en las funerarias, ordena esperar a que se presenten los herederos con la reclamación?
Buscando respuestas, escribe “ingresos excesivos Hacienda” en el buscador de Internet y en la tercera línea aparece “Hacienda se saltó la ley para no devolver dinero retenido de más a los contribuyentes”. Informa del abuso Libremercado.com, haciéndose eco de Expansión, y tiene fecha de hace tres años, el 14 de febrero de 2014. Cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó a la Agencia Tributaria, la de Montoro, cuyo delegado en Barcelona parece que se desvive por ayudar al entendimiento, a reponer en su cargo a una inspectora jefa a quién había degradado por denunciar una instrucción interna mediante la cual se prohibían las devoluciones de oficio, procedimiento al que sí obliga la Ley sin que deba mediar la reclamación del perjudicado. Se ve que, en este país, no solo es necesario proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción, sino también a los que solo aspiran a que se cumplan las leyes. Hace tres años.
Donde el español no recuerda haber escuchado jamás las respuestas a esas preguntas es en las noticias e informes oficiales que publica el Ministerio de Hacienda.
