WWF ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue la tala masiva de más de un millar de encinas centenarias que se está produciendo en el corazón del “Campo Charro” español, en un espacio Red Natura 2000 “Riberas de los Ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes”, en Salamanca, en el pueblo de Retortillo, donde se encuentran presentes especies protegidas a nivel europeo como el águila real, la cigüeña negra o el galápago leproso.
La empresa minera australiana Berkeley Energía está arrancando de raíz un total de 30 000 árboles. Según la organización, para llevar a cabo este atentado ambiental, antes de ser talados, los árboles aparecen marcados, por cintas o pintadas, lo que simboliza su ‘sentencia de muerte’ inmediata.
Esta denuncia de la ONG se suma al informe que envió a la Comisión Europea hace unas semanas, en el que se analizan los graves impactos ambientales y que producirá la construcción de la mayor mina de uranio de toda Europa en esta zona protegida, así como a las denuncias de otras organizaciones como la plataforma Stop Uranio, Ecologistas en Acción y Equo.
La tala de encinas centenarias se está produciendo en una zona protegida Red Natura 2000, que además se encuentra incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra de Castilla y León, que en este momento se encuentra en periodo de cría, ocasionando por tanto un grave impacto ambiental sobre esta especie amenazada.
Estos árboles, que están siendo talados ante la pasividad de las administraciones, han sido respetados y queridos por muchas generaciones pasadas y son un símbolo del respeto que la población local tiene hacia su entorno. Además de suponer un patrimonio natural y humano de enorme importancia, con más de 200 años de antigüedad, proporcionando un medio de vida para los más de 200 ganaderos de razas autóctonas, como la vaca morocha.
Gema Rodríguez, responsable de Red Natura 2000 en WWF España, lamenta: “Las máquinas se llevan por delante en pocas horas lo que ha tardado cientos de años en crecer. Ningún país europeo permitiría esta atrocidad ambiental. Se trata de un lugar protegido y muy valioso para la habitantes de la zona”. En palabras de la propia población: “le están dando una patada al corazón de la gente del “Campo Charro”.
Rodríguez añade: “La empresa no cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción de la mina. A día de hoy, Berkeley Energía no tiene ni el permiso definitivo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ni la autorización de cambio de uso del suelo rústico que se necesita y, además, se enfrenta a varios procesos judiciales, uno de ellos admitido por la Audiencia Nacional”. Y concluye: “Se trata de una chapuza administrativa que hay que frenar antes de sigamos perdiendo todos”.
