América Latina necesita progresos reales para protegerse de la crisis climática

En la COP30, el debate global coloca la adaptación al cambio climático como tema central: la Meta Global de Adaptación (GGA, en inglés) busca acordar cien indicadores comunes y medibles para monitorear el progreso real en resiliencia y protección frente a los impactos climáticos, informa Breidy Hernández[1] (IPS) desde Belém.

En América Latina, y especialmente en países como Honduras, el reto es mayúsculo.

Daniel Porcel, del Instituto Talanoa de Brasil, señaló en conferencia de prensa organizada por Climate Action Network Latin America que los costos de los eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe llegan a 1,2 millones de dólares por hora.

Pero, añadió, más allá de las cifras, se trata de vidas, familias, comunidades enteras, indígenas, pueblos afrodescendientes y niñez.

Porcel expresó que «salir de esta COP sin aprobar la lista de indicadores con medios de implementación de calidad sería un fracaso colectivo, no solo para la región, sino para todo el mundo».

Pero la primera semana de discusión en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre cambio climático, inaugurada el día 10 y que debe concluir el viernes 21, mostró que esta COP puede terminar sin esa decisión.

Los cien indicadores de la GGA permitirían medir y comparar el avance de los países en resiliencia climática de manera estructurada y transparente.

Estos indicadores están organizados en dominios de resultado en los sectores salud, agua, alimentos, infraestructuras y servicios; ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, medios de vida y patrimonio/identidad; así como en dominios habilitantes, siendo estos gobernanza, planificación, financiamiento, conocimiento y sistemas de alerta.

La clave de estos indicadores es que serían comparables y rastreables, facilitando la evaluación del progreso real y la orientación de la toma de decisiones, y garantizando que las acciones de adaptación sean tangibles y verificables para todas las regiones del mundo.

En definitiva, esta estructura permitirá monitorear avances, identificar brechas y fortalecer la cooperación internacional para los países en desarrollo en materia de adaptación climática.

En la primera semana de la COP30, las negociaciones en esta materia han expuesto el desacuerdo entre países sobre cómo medir el progreso y cuáles indicadores adoptar.

Hay consenso en que los indicadores deben ser dirigidos por los países y no generar nuevas obligaciones; y que deben medir avances colectivos y evitar comparaciones país por país.

El último borrador del texto indica posibilidades distintas de encaminamiento: una es que se adopte la lista de indicadores en Belém y otra que se postergue la decisión para la COP que se celebrará en 2027 en África. De hecho, es del Grupo Africano la propuesta de aplazar una decisión.

El Grupo Sur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), han manifestado su preferencia por la adopción de la lista de indicadores en Belém.

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La destrucción de viviendas y escuelas causada por los huracanes Eta e Iota agrava la situación de educación, salud y demás condiciones de vida para las niñas hondureñas en particular. Foto: Plan International

El caso de Honduras y la adaptación

Honduras figura como uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático, ocupando el tercer lugar global según el Índice de Riesgo Climático 2025, principalmente por su ubicación geográfica, la deforestación y la alta exposición a huracanes y sequías.

Pedro Landa, coordinador de la Red Continental Iglesias y Minería, subraya la vulnerabilidad crítica de Honduras. A pesar de veinte años de comisiones y planes para enfrentar el cambio climático, Landa advierte que no existen medidas efectivas que reduzcan realmente la vulnerabilidad del país, sino principalmente acciones humanitarias y de mitigación a consecuencias inmediatas, como la pérdida de cosechas.

Edy Méndez, de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), describe la fragilidad estructural del país: «Tenemos muy poca capacitación a nivel de comunidades vulnerables y la infraestructura nacional es altamente frágil. La planificación de la adaptación debe pasar de lo nacional a lo local; muchos municipios no tienen planes efectivos, y acceder al financiamiento internacional requiere alianzas y mayor conocimiento sobre fondos disponibles».

  1. Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina
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