Amplio rechazo a la ley antiprotesta en España

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy por el Consejo de Ministros de España ha generado un amplio rechazo entre los partidos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales que se oponen a las medidas económicas anticris y a los recortes de derechos sociales y laborales impuestos por la mayoría parlamentaria del Partido Popular, que abandona el centro-derecha para situarse con claridad en la derecha política.

El Partido Socialista ha manifestado la “honda preocupación” del PSOE por la “deriva autoritaria” del Gobierno del PP, que «se refleja claramente en algunas de las leyes que han aprobado o están en proceso de aprobación», como “el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la Ley del aborto, la anunciada Ley de servicios mínimos, o la reforma de la Ley Electoral y del Estatuto de Castilla La Mancha”.

Desde la ejecutiva socialista se señalado que esta deriva autoritaria del Gobierno y del PP también se ve en algunas políticas, “como la contención de flujos migratorios con cuchillas, el descenso a niveles irrisorios de la inversión en servicios para combatir la violencia de género, o en el cierre de medios de comunicación públicos, como Canal 9” en Valencia.

El PSOE ha anunciado hoy la constitución de un Consejo Federal de Derechos y Libertades que estará integrado por miembros del partido “pero, sobre todo, por representantes de la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y de la universidad”.

Para los dirigentes socialistas «es alarmante de descenso de la calidad democrática» en España porque “ahora ya no hablamos de economía, hablamos de ideología”, ya que “todas estas medidas se deben al ADN ideológico del PP, que tiene miedo a lo que pueda pasar en la calle, a las manifestaciones, a la libertad de expresión” y que “está muy preocupado por la indignación de los ciudadanos con sus políticas”.

Para el PSOE, el PP se ha dedicado en la primera parte de la Legislatura a “recortar los derechos sociales, los laborales, el estado del bienestar y los servicios públicos”; y en la segunda parte pretenda ir “a por los derechos civiles, los derechos políticos, las libertades y las garantías”; por lo que “estamos en un proceso alarmante de descenso de la calidad democrática en España”.

A su juicio, “el PP se fía tan poco de la supuesta recuperación” económica que pregona “que sabe que los ciudadanos van a seguir protestando y manifestándose en nuestras calles, y lo que quiere es meter miedo para sembrar la parálisis y la inacción de los ciudadanos”; olvidándose de que “en democracia hay que convivir con normalidad con las manifestaciones y con las expresiones de indignación de los ciudadanos” porque “forman parte indisoluble” de ella.

EQUO rechaza que se criminalice el activismo

EQUO, miembro español del Partido Verde Europeo, ha expresado su absoluto rechazo al anteproyecto de seguridad ciudadana porque «criminaliza el activismo y el derecho de la ciudadanía a movilizarse», y señala el gobierno del PP «traspasa una línea roja peligrosa ya que la norma es un ataque frontal a principios democráticos y supone un intento de criminalizar la discrepancia y la movilización social».

Para EQUO el gobierno no se conforma con recortar derechos sociales fundamentales, como lleva haciendo desde que llegó a la poder, y ahora «pretende silenciar a la ciudadanía e intentar que no se escuche su voz ante estos ataques, tomando medidas para intimidar el activismo».

EQUO argumenta que la norma vulnera la tutela judicial efectiva porque son el Ministro del Interior, sus altos cargos y los Delegados y subdelegados del Gobierno quienes pueden imponer las sanciones y sus correspondientes multas bajo su propio criterio, sin necesidad de aportar pruebas y sin garantías legales algunas ya que no hay juicio.

Además, entre las infracciones hay algunas que hasta ahora eran faltas (que por tanto debían ser impuestas por un juez tras un juicio de faltas en donde puedes acudir con abogado) y que ahora pasan a ser impuestas por el Gobierno. Al tiempo que se tipifican como faltas conductas que antes no lo eran.

EQUO ha tachado asimismo de «ridícula e impropia del siglo XXI» la incorporación de una sanción, de entre 1.001 y 30.000 euros, por las «ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas». Para EQUO esto atenta contra la libertad de expresión, no solo reconocida en la Constitución sino por la Declaración Universal de los DDHH.

También critica la pretensión de poner en marcha un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, en el que se fichará a personas que hayan sido «desobedientes».

Para esta organización política también es especialmente grave que se pretenda imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio, o convoque movilizaciones por las redes sociales que acaben el altercados o de 600.000 por protestar ante la sede de un partido en la jornada de reflexión.

EQUO concluye que es una norma anti democrática, que criminaliza la movilización ciudadana y otorga una protección desproporcionada a cargos públicos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que alerta de la gravedad de esta norma y expresa su apoyo a las movilizaciones que se convoquen contra la misma.

Stop a la burorrepresión, stop a la ley liberticida

Entre los sindicatos, la reacción más contundente es la de la Confederación General del Trabajo (CGT) que rechaza, al tiempo que repudia, «no sólo el contenido de ésta norma, sino las intenciones, desprovistas de cualquier escrúpulo moral, que le mueve al gobierno del PP para idearla».

El sindicato entiende que no es más que el colofón de las políticas antisociales que están padeciendo la mayoría de la población y de las reglas del juego que el capitalismo y los gobiernos mantienen desde el principio de la crisis-estafa para asegurar el orden social.

Para el Gobierno, sostiene la CGT, cualquier persona que disienta contra sus políticas criminales de recortes en todo lo que tiene que ver con lo público, con lo que es de todos y de todas: trabajo, vivienda, educación, sanidad, cuidados-dependencia, cultura, transporte público y social, agua, energía, medio ambiente, derechos sociales universales…, es su enemigo.

Y cuantifica: salir a gritarles, cuestionarles en la calle su sistema corrupto y sus permanentes y sistemáticas mentiras, si es en el “Parlamento”, se convierte en un “delito” administrativo de 30.000 a 600.000 euros…, fotografiar la brutalidad y criminalidad de los cuerpos represivos del Estado…30.000 euros…, recordarle a los “diputados y diputadas” que sus leyes llevan a cientos de miles de personas a la calle, desahuciándolas no solo del derecho fundamental a “techo” sino también a una vida medianamente digna… 30.000 euros y cárcel…

Para la CGT, el PP «quiere instaurar el estado de excepción permanente en lo social, en lo ideológico y en lo económico, por el medio menos libre, a golpe de autoridad y represión. El redactado de este anteproyecto parece hecho por el jefe de los antidisturbios. Una ley para proteger a la policía y a los políticos corruptos».

Ley antiprotesta

Desde las organizaciones no gubernamentales, Greenpeace anuncia medidas para frenar este ataque a los derechos fundamentales y ha creado la etiqueta #LEYANTIPROTESTA para que los ciudadanos puedan manifestar su opinión en las redes sociales.

Greenpeace anuncia que, a pesar de las modificaciones de última hora, se mantiene íntegramente el carácter coercitivo de la ley y reitera su rechazo. Por ello, la organización ecologista adoptará las medidas que considere oportunas para frenar lo que considera un ataque frontal a la protesta pacífica y a la desobediencia civil que han sido claves históricamente para alcanzar importantes avances sociales y ambientales, y que son piedra angular de la democracia.

Para la organización ecologista manifestar la discrepancia ante las instituciones y hacer actos de protesta pacífica son, en democracia, vías políticas legítimas para promover reformas legales y mejoras sociales y ambientales. Además, es una seña de identidad de Greenpeace desde hace más de 40 años con la que se han logrado importantes avances en la defensa del medio ambiente.

«Con esta reforma legal, el Gobierno está rompiendo la baraja del juego democrático. Ahoga de un plumazo la discrepancia y la protesta, demostrando así su temor a las libertades. Se habla de una nueva transición política hacia una mayoría silenciada más que silenciosa. Greenpeace ni puede, ni quiere, aceptar este retroceso», ha declarado Sara del Río, portavoz de Greenpeace España

«Este Anteproyecto de Ley es un paso más en el plan de recorte de los derechos fundamentales en los que este Gobierno se ha embarcado. Primero poniendo trabas al acceso a la Justicia con las tasas judiciales y ahora con la imposición de multas de elevada cuantía económica en vía administrativa a través de esta nueva norma que tipificará conductas que ya se encontraban en el Código Penal y así impedir a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos constitucionales que tantas generaciones costó conseguir», ha señalado Jose Manuel Marraco, responsable de los servicios jurídicos de Greenpeace España.

El anteproyecto incluye entre sus infracciones administrativas graves la desobediencia civil y la escalada o precipitación desde edificios públicos como vía de protesta lo que puede conllevar multas que pueden ascender hasta 30.000 euros. Greenpeace entiende que con esta estrategia de deriva a la vía contencioso administrativa el Gobierno pretende ahogar las voces discrepantes imponiendo multas cuantiosas evitando un control judicial previo (que ha sido mayoritariamente favorable a los manifestantes en las últimas ocasiones), reduciendo, así, las garantías del denunciado. Además, el recurso por la vía contencioso-administrativa implicará el pago de las tasas judiciales.

greenpeace-no-ley-antiprotesta-pancarta Amplio rechazo a la ley antiprotesta en España

Precisamente para mostrar su rechazo Greenpeace llevó a cabo el pasado sábado, 23 de noviembre, una acción de protesta en el Edificio España. Tres escaladores desplegaron una pancarta de 315 metros en la que se leía «NO a la #LeyAntiProtesta». El lugar fue elegido porque era la cabecera de la manifestación de los movimientos sociales en Madrid en la que se reivindicaban causas sociales y se mostró el rechazo a este Proyecto de Ley.

Avaaz lanza una iniciativa popular

Desde la organización Avaaz se ha lanzado un comunicado urgente porque «el Consejo de Ministros acaba de darle el pistoletazo de salida a la peligrosa Ley de Seguridad Ciudadana», pero esta vez «van a tener que decidir si nos multan o no de frente, literalmente mirándonos a la cara».

Para ello ha lanzado una iniciativa que permite subir a Internet una foto con la boca tapada y añadir un mensaje para Mariano Rajoy. Desde el equipo de Avaaz se encargarán de que el Presidente «reciba miles de caras» y los medios se hagan eco de la acción.

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