La norma se dirige a los familiares de las víctimas del franquismo, a los niños robados y a los internados en campos nazis
El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Esta norma establecerá el régimen jurídico de las iniciativas que se desarrollan en la comunidad autónoma para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado sobre este anteproyecto, que cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España, y supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El anteproyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas de la represión franquista y los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía de Andalucía. El texto se estructura en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la Memoria Democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, prevé la elaboración de un censo que tendrá carácter público y prevé iniciativas de dignificación de las fosas comunes, de acuerdo con los ayuntamientos. Además, se señala el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En este día se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
Valderas ha valorado esta norma como «sentida, importante y necesaria», y ha señalado como uno de sus aspectos fundamentales que «reconoce el pasado, pero mira al futuro de forma constructiva». «Con esta ley, Andalucía se coloca a la vanguardia de la memoria democrática en el conjunto del país», ha asegurado el vicepresidente.
Lugares de Memoria
El anteproyecto refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados actualmente por el decreto autonómico de agosto de 2011 que por primera vez en España instauró esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre otras medidas, se recoge la creación del Catálogo de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.
En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Aministración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes prevén un conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la recuperación e identificación de los restos y la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. El anteproyecto establece que estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. En este aspecto, también se prevé que, cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, el Gobierno andaluz deberá proceder a la expropiación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para hacer pruebas genéticas que permitan la identificación y establecer un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades de la futura ley será la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.
En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de Justicia Universal, que no sólo reclaman los familiares de las víctimas sino también organismos internacionales como la ONU.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en las conclusiones de la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.
En el ámbito de la actuación y la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social; y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o hacer obras en los lugares de memoria democrática y trasladar restos humanos sin autorización, o no informar del hallazgo casual de restos serán consideradas infracciones graves y podrán ser sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros.
Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, o impedir la visita pública, dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. Asimismo, la Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas. No obstante, a este respecto, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que la ley «no tiene voluntad sancionadora, sino de reparación, de justicia, de verdad».
Las políticas de recuperación de la memoria democrática en Andalucía se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos años después, a través del decreto 1/2001, se establecieron compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen franquista. En 2003, un nuevo decreto amplió el derecho a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años. Estas ayudas han beneficiado a un total de 2.506 ciudadanos hasta 2013.
Asimismo, se han concedido 114 indemnizaciones, por importe global de 205.200 euros, a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la Dictadura. Esta iniciativa, recogida en un decreto de 2010, está dirigida a las andaluzas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o la exposición al escarnio público. La cantidad fijada como indemnización es la misma que la de aquellos que sufrieron penas de cárcel.
Fosas comunes
Las medidas de reparación también han incluido la elaboración de un mapa de fosas de Andalucía, con la localización de 614, elaborado en colaboración con colectivos sociales y las universidades públicas de la comunidad, así como la declaración de medio centenar de Lugares de Memoria Democrática.
Según los estudios hechos, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han efectuado 38 exhumaciones y están previstas 11 más en 2014. Los lugares que acogerán estas actuaciones son Alfacar (Granada); Cañete la Real (Málaga) y los cementerios de Almería, Cádiz (1ª fase), los granadinos de Cullar Vega, Órgiva y Moclín, los sevillanos de Puebla de Cazalla, Puebla de los Infantes y Coria del Río y el de Ronda (Málaga).
La Junta, en colaboración con las universidades públicas, también ha promovido la investigación sobre los tribunales de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo. Además, ha colaborado en la edición de una docena de volúmenes sobre memoria democrática y en varias exposiciones sobre el tema.
