¿Qué caricatura cruel de Justicia estamos padeciendo? Si un plutoniano, llamémosle Gurby en homenaje a Eduardo de Mendoza, aterrizara en España para pergeñar un informe al Consejo Superior Intergaláctico de lo que está sucediendo, anotaría: «Las denominadas ‘abnegadas autoridades’ están conduciendo al pueblo español -al margen de ideologías, nacionalismos y otras coyunturas- a un callejón sin más salida que la violencia ciega. Pudiera ser un método de reducción drástica del paro que los apodados ‘poderes fácticos’ creen imaginativo. Es muy posible que les salga el tiro por la culata y las que queden desalojadas y vacantes sean las innumerables poltronas de dichos poderes».
Y contaría, por ejemplo, el caso de la Talidomida.
El medicamento de la farmacéutica alemana Grünenthal causó, desde 1958, miles de víctimas por malformaciones en el feto de madres embarazadas a las que se les recetaba por ser un remedio contra las náuseas y etcéteras. Las madres norteamericanas se libraron de la lacra porque a la Secretaría de Estado de Sanidad le parecieron una filfa las pruebas de idoneidad bajo las que se había aprobado la droga en Europa. A los nueve meses de iniciar la comercialización del veneno (bajo varias marcas: Contergan, Softenon, Imidan, Noctosediv y Varian y otras más, según los países), comenzaron a verse sus devastadores efectos. El español Claus Knapp y su compañero alemán Widukind Lenz, ambos doctores de la Clínica Universitaria de Hamburgo, descubrieron en 1959 que la oleada de terribles malformaciones en las extremidades de los bebés era debida a que los nacidos habían sido de madres tratadas con Talidomida. Ese mismo año comenzó la retirada del diabólico preparado de Grünenthal –que, no obstante, sigue fabricándose, ahora como lenitivo de la lepra…– y la farmacéutica comenzó a satisfacer indemnizaciones a los afectados que les facilitaran la vida a pesar de sus discapacidades.
Salvo en España. Nuestro Gurby informaría al dicho Consejo que hasta 1963 no se prohibiría la venta de la Talidomida. Por entonces no existía ministerio de Sanidad en España y las competencias recaían en el de Gobernación, concretamente en el ministro Camilo Alonso Vega (conocido por «Camulo», de desgraciada memoria). Las sinrazones de la demora no menos criminal habría que preguntársela a sus autores (o investigar en sus cuentas bancarias)… y las sinrazones por las que Grünenthal ha negado satisfacer sus derechos a los afectados españoles ¡hace nada menos que 51 años! a la propia Grünenthal.
Hace menos de un año, en noviembre de 2013, los tribunales pudieron finalmente sentar en el banquillo de los acusados a la indigna farmacéutica alemana y dieron la razón a los reclamantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), fallando una indemnización de 20.000 euros por cada punto de incapacidad de cada una de las víctimas, en vez de los 120.000 euros anuales para el total de víctimas que ofrecía la Grünenthal. “Hemos recuperado la dignidad que nunca tuvimos que perder”, declaró un eufórico José Riquelme, presidente de Avite.
Pero la dignidad es un valor que no cotiza en el Ibex. Y la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid no ha tenido empacho en anular el fallo de la juez de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gemma Susana Fernández Díaz, echando mano de una prescripción aducida por Grünenthal, expresamente rechazada por la juez del 90 incluso expresando su extrañeza y reproche por haber eludido la acción de la justicia ¡durante medio siglo!
Los afectados por la talidomida ya lo han dicho: “Los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y ahora el judicial, nos han desamparado”. ¿No les da vergüenza a los presidentes de gobierno, ministros de sanidad, partidos políticos, diputados, tribunales, fiscales…? ¿O es que no la tienen y sí sólo intereses espurios?. “Es un golpe muy bajo”.
“Y aquí”, donde la tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Española (artículo 24.1)”, concluye Gurby, “los golpes bajos son ilegales hasta en el boxeo.
