El pleno del congreso del gobierno español ha aprobado la reforma de la ley orgánica del poder judicial en aplicación del pacto de estado en materia de violencia de género y ha incluido en una de sus enmiendas la atención a la discapacidad añadida por el grupo Popular tras una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).
El documento que se ratificará en el Senado, incorpora el indicador de la discapacidad en las estadísticas de las víctimas de violencia de género y garantizará la accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que estas sean comprensibles y practicables por todas las mujeres sin excepción alguna. Estas víctimas ya han sido consideradas en otra ocasión dado que fue ratificada la pensión de orfandad para los hijos de las mismas independientemente de la cotización que hubieran realizado sus padres que pasará de 160 a 600 euros.
En la misma línea se ha ofrecido a los hijos mayores de edad y a los descendientes de víctimas de violencia de género la posibilidad de eliminar el apellido paterno. Para intensificar la asistencia y protección de los menores se propone garantizar una prestación a todos los huérfanos por violencia de género; estudiar la situación de los menores en cuanto a custodia y régimen de visitas; prohibir la visita al padre en prisión por violencia de género; reforzar la asistencia a hijos de víctimas mortales, y establecer un sistema de atención pedagógica y educativa son algunas de las medidas planteadas en este ámbito.
