El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ha determinado que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del Caso Tlatlaya, localidad donde fueron ejecutadas 22 personas a manos del ejército. Esto se produce en respuesta a un recurso de la sobreviviente de la matanza Clara Gómez González.
Este juez ha ordenado a la dependencia federal cumplir una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y exigir responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, hacer diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por la cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
Al analizar el juicio de amparo interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgoitia Novales reconoce que la investigación defectuosa de la PGR violó los derechos de la víctima.
La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se ejecutaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, denunciada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.
Es necesario recordar que, debido a la fallida investigación de la PGR, actualmente no hay persona alguna rindiendo cuentas ante la justicia, al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México.
La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006 a 2012). Para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México.
El caso Tlatlaya
El 30 de junio de 2014, un total de veintidós personas perdieron la vida en un almacén de San Pedro Limón, un municipio de Tlatlaya del Estado de México. En su momento, la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, señaló que hubo un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.
Obviando estándares nacionales e internacionales sobre jurisdicción militar, la Sedena inició una investigación. En marzo de 2016, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia.
La PGR, por su parte, también investigó el asunto y acusó a militares por el homicidio de ocho civiles y encubrimiento, pero por falta de pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, todos ellos fueron liberados en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
La víctima y sus representantes han promovido diversos recursos legales buscando remediar las deficiencias e irregularidades en la investigación y ha ofrecido medios de prueba para ahondarla, que han sido ignorados en su mayoría.
El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia que realizara con la debida diligencia la investigación de los hechos. La PGR impugnó la decisión, que fue ratificada el mes pasado.
Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.
Clara buscaba a su hija
Clara no formaba parte de un grupo de delincuentes. Había ido en busca de su hija Érika de 15 años, quien había desaparecido sin dejar rastro, como cientos de jovencitas que suelen ser raptadas por grupos criminales y que acaban ejerciendo la prostitución obligadas por sus captores. Un día, la niña llamó a su madre, le informó de que había sido secuestrada y le facilitó su ubicación.
Lo normal habría sido que pusiera el caso en manos de la policía, pero, tristemente, nadie se fía de los funcionarios, que retrasan estúpidamente las investigaciones, las hacen mal, o, lo que es peor, pueden estar coludidos con los secuestradores. Así las cosas, optó por ir ella sola, consciente del peligro, pero decidida a afrontarlo. Consiguió localizarla, habló brevemente con ella, pero los jóvenes que estaban con Erika las obligaron a subir a un camión. Fueron llevadas a un almacén, donde Clara recibió la orden de colocarse en un rincón, separada de su hija. Pasaron unas cuantas horas, hasta que hizo su aparición una unidad del ejército que empezó a disparar. Érika recibió un impacto de bala en la pierna. Los soldados ordenaron al grupo que se rindiera. Obedecieron. Los soldados entraron al recinto y apartaron a varios de ellos y, uno a uno, fueron fusilados.
Erika estaba entre los asesinados, pero Clara no sabe qué le sucedió. La había visto débil como consecuencia de la perdida de sangre de la herida y quiso acercarse a ella para ayudarla, pero los militares no se lo permitieron. Directamente la acusaron de criminal y de dedicarse al tráfico de drogas. Más tarde sí pudo ver el cadáver de la chiquilla.
Clara era una maestra que trabajaba en comunidades rurales pobres. Fue interrogada durante una semana. Bajo coacción por las amenazas y el trato cruel de los funcionarios del Estado que investigaban el caso, ella firmó una declaración jurada sin saber lo que realmente dijo. Los únicos otros dos supervivientes de la masacre, también mujeres, fueron torturados mientras eran investigados, un hecho confirmado por la CNDH.
Tras ser liberada, esta madre coraje se escondió en su casa y selló sus labios por miedo. Pero acabó hablando. «Rompí mi silencio porque estaba muy desesperado en mi casa, escuchando las mentiras en los periódicos, en las noticias, (decían) que esto no era una ejecución extrajudicial, que era un tiroteo. Eso no era verdad, eso es lo que me dolía, que el gobierno decía que había sido un tiroteo y se felicitaba a sí mismo, y estaban diciendo mentiras puras … también hablaron sobre mi hija y dijeron que era parte del crimen organizado y eso fue una gran mentira, así que también rompí el silencio en memoria de mi hija «.
En su momento, utilizó un seudónimo (Julia). Cuando decidió dar la cara, tuvo que marcharse de su casa y de la zona donde vivía debido a las amenazas. Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares para que México garantice su seguridad.
Hoy tiene escolta policial y se han instalado cámaras de seguridad en su casa. A pesar de todas las complicaciones, ella no quiere dejar su ciudad natal; sus tres hijos viven allí, y ahí es donde está su trabajo.
En cuanto a quién se llevó a Erika en primer lugar, no ha habido una investigación. Inicialmente, el Gobierno dijo que el grupo del almacén de Tlatlaya estaba vinculado al cártel de la Familia Michoacán, pero no se investigó sobre su participación en la trata de personas o el secuestro de niñas. Por el contrario, los funcionarios estatales todavía insisten en que Clara y Erika fueron parte del grupo criminal. Y los militares bien, durmiendo plácidamente tras haber ajusticiado a unos cuantos civiles.
Enlaces:
