El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés) ha emplazado a la Unión Europea (UE) a incrementar su presión sobre Marruecos para que libere a tres periodistas perseguidos por el ejercicio de su profesión.
El CPJ se dirige, en concreto, al Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para que «renueve su presión sobre las autoridades marroquíes para que libere a los periodistas detenidos y ponga fin a la vigilancia arbitraria de periodistas».
La peticion del CPJ se produce tras la resolución del Parlamento Europeo que expresaba su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país y alertaba de la situación del periodista Omar Radi.
El acuerdo aprobado por el Parlamento Europeo recibió el apoyo de organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.
El CPJ alertó de la situación de otros dos periodistas, Souleiman Raissouni y Taoufik Bouachrine. Raissouni fue detenido y condenado a cinco años de prisión mientras que Bouachrine fue detenido el 23 de febrero de 2018 y condenado a quince años de prisión por, entre otros, un delito de agresión sexual.
Radi, periodista de investigación, trabajaba para la página digital independiente Le Desk. Fue detenido el 29 de julio de 2020 siendo condenado a seis años de prisión por socavar la seguridad del Estado y por agresión sexual.
Los periodistas y defensores de la libertad de prensa han asegurado al CPJ que los cargos presentados son inventados y que fueron presentados en represalia por su trabajo.
Por ello, el CPJ pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que «utilice todos los medios diplomáticos y políticos posibles para lograr su liberación».
El CPJ también se ha referido a las denuncias por el uso del software de espionaje israelí Pegasus. «Los periodistas marroquíes han sido de los primeros en identificar el uso malicioso de spyware contra periodistas», recordando el caso de Omar Radi, en la lista de periodistas espiados con Pegasus.
Por ello emplaza a Borrell a «renovar los llamamientos al Gobierno marroquí para que investigue de forma independiente los hallazgos del Proyecto Pegasus».
«También le instamos a apoyar los llamamientos a todos los Estados miembro a dejar de exportar tecnología de vigilancia dañina a Marruecos», concluye el CPJ.
