Después de diez años de infructuosos intentos, Chile está aprobando una reforma previsional, fruto de un dificultoso consenso entre el gobierno izquierdista de Gabriel Boric y la oposición de derecha, que no cambiará las bases de un sistema implantado hace cuatro décadas pero que en definitiva es un avance para mejorar las pensiones de jubilación, informa Gustavo González (IPS) desde Santiago.
No todos lo ven así. El acuerdo es impugnado con argumentos lógicamente contrapuestos tanto por sectores de izquierda radical como por la extrema derecha, lo cual refleja la complejidad de un problema generalizado en todo el mundo y que ha tenido diversos abordajes en América Latina desde la década de los años ochenta del siglo pasado.
El reemplazo de los antiguos sistemas solidarios de reparto, generalmente de gestión estatal, por mecanismos de capitalización individual de administración privada, sentó los extremos de un desafío que sigue vigente en cuanto a garantizar pensiones dignas, incluso con fórmulas intermediadas creadas por algunos países en el camino.
El derecho a una vejez tranquila, con reconocimiento de lo aportado durante la vida activa, es una aspiración que en los hechos no se cumple para todos en una América Latina donde campean el trabajo informal, el incumplimiento de leyes laborales, la crisis del sindicalismo y un envejecimiento de la población acompañado de la discriminación de los jóvenes.
Todos estos factores se confabulan para que los sistemas de pensiones en la región estén lejos de configurar un círculo virtuoso. Tampoco han llegado a ser un círculo vicioso gracias a medidas paliativas, pero están inmersos en un eterno círculo penoso, como lo muestra el caso de Chile.
Las AFP, eje del sistema
La primera encuesta sobre la reforma previsional en Chile, difundida el domingo 19 de enero 2025, señala que 68 por ciento de la población espera que sea aprobada por el parlamento.
La comunista Jeanette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, principal artífice de la negociación, declaró que gracias al acuerdo alcanzado en el parlamento «las AFP quedarán debilitadas», mientras sectores de la izquierda más radical alegan que, contrariamente, las Administradoras de Fondos Pensiones, resultan fortalecidas.
Luis Mesina, líder del «Movimiento No + AFP», sostiene que la creación de seis por ciento adicional de cotizaciones previsionales para mejorar las pensiones más bajas incrementará los capitales que van a manos de las administradoras, los bancos y las compañías de seguros que actualmente captan unos 5500 millones de dólares al año.
En 1981 José Piñera creó como ministro de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), con la atractiva oferta de que los trabajadores, en lugar de cotizar alrededor de veinte por ciento de sus remuneraciones para las cajas previsionales de entonces, entregarían solo diez por ciento a una administradora privada bajo el sistema de capitalizar individualmente su fondo de retiro.
El traspaso a las AFP fue forzado, aunque las Fuerzas Armadas y la policía siguieron en el antiguo sistema de pensiones aseguradas y temprano retiro a cargo estatal. Solamente un porcentaje menor de la fuerza laboral logró permanecer bajo la modalidad anterior gestionada actualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Las AFP, ligadas a grupos empresariales, son el mayor administrador de las pensiones contributivas, derivadas de las cotizaciones de trabajadores y empleadores. Sobre una población total de veinte millones, atienden a unos doce millones. El IPS gestiona las antiguas pensiones contributivas y además las no contributivas, que en la práctica son subsidios estatales.
Un modelo de inversiones
De la mano de la ofensiva neoliberal empujada por el Consenso de Washington de 1999, el «modelo chileno» de pensiones se expandió, como un mecanismo de reducción de gasto fiscal y de consagración de la «libertad de elección» para que cada trabajador construyera su fondo de jubilación capitalizando sus cotizaciones con un administrador privado.
José Piñera viajó por todo el mundo asesorando gobiernos, para vender una fórmula casi mágica. En 1990, El diario local El Mercurio informó que «expertos previsionales» predecían que los cotizantes de una AFP desde 1983 se jubilarían en 2020 con ciento por ciento de su salario.
Como lo ha dicho reiteradamente Mesina, las AFP no fueron concebidas para crear buenas pensiones, sino como un mecanismo de traspaso forzado de los ahorros previsionales a la inversión empresarial, sometidos a los altibajos de la especulación financiera y las crisis económicas.
Hoy son numerosos los casos de afiliados a las AFP de ingresos medios que acceden a jubilaciones por debajo de doce por ciento de su salario. Muchos cobran su jubilación, pero se hacen recontratar, ahorrando así el pago de cotizaciones al empleador y al mismo tiempo bloqueando el acceso de jóvenes al mercado laboral.
Las administradoras privadas han sido un negocio, con cobros de comisiones a los afiliados por administrar sus cotizaciones y sin garantías de defensa de la rentabilidad de sus aportes. Así, el fondo de retiro se reduce considerablemente y se paga en cuotas mensuales al cliente, calculando su expectativa de vida.
Pero se ha impuesto en el relato político la tesis de que un sistema de reparto implica que un Estado ineficiente y burocrático «expropie» los ahorros previsionales y que la capitalización individual es garantía de libertad. «Con mi plata No» fue el lema con que la derecha rechazó la propuesta de nueva Constitución de 2022 que apuntaba en ese sentido.
Tablas de salvación estatales
Así, no resulta extraño que sea la vilipendiada intervención estatal la que ha tenido que concurrir al mejoramiento de las pensiones no solamente en Chile, sino en varios países latinoamericanos, en una tendencia que se profundizó durante la emergencia sanitaria de la covid-19, que gatilló a la vez una crisis económica y social en la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca en ese sentido el aporte de las llamadas pensiones no contributivas. Alberto Arenas y Claudia Robles, expertos de este organismo regional con sede en Santiago, señalan en un estudio de 2024 que estas pensiones contribuyen a avanzar hacia un desarrollo solidario y sostenible.
El informe cita como casos destacados de pensiones no contributivas a Bolivia, México y Chile, cuyos gobiernos han implementado mecanismos de contribución estatal para mejorar las pensiones en los sectores más desfavorecidos y que han permitido avanzar en metas de reducción de la pobreza sobre todo en los adultos mayores.
Arenas da cuenta que el gasto público en pensiones aumentó de 4,8 por ciento a 5,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2000 y 2017, considerando ocho países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay). Otro cálculo basado en diecisiete países prevé un crecimiento de 4,2 por ciento a 5,7 por ciento del PIB entre 2017 y 2030.
Esta predicción considera «el acelerado envejecimiento regional y los potenciales avances en los esquemas no contributivos, como una cobertura de 40 por ciento de la población de 65 años y más, y un nivel de prestaciones equivalentes a una línea de pobreza», explica el experto.
Los esfuerzos estatales en este campo deberán redoblarse si persisten desajustes como la alta informalidad del empleo, que según Cepal abarca a la mitad de la fuerza laboral de la región. Junto al envejecimiento de la población habrá que considerar otros fenómenos, como las migraciones y la creciente incorporación de las mujeres al empleo.
