Antonia del Solar, encargada de comunicaciones de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, informa de que se ha lanzado la duodécima versión de la campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata, que se inició 2007, en la que se aportan cifras sobre distintos aspectos de la violencia contra mujeres en el país.
Durante el 2007 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres dio inicio a la campaña, la que tenía por objetivo visibilizar y desnaturalizar las diferentes manifestaciones del continuo de violencia machista a las que se ven enfrentadas niñas y mujeres a lo largo de sus vidas. El propósito fue repudiar y denunciar toda agresión machista.
Este 2018 la iniciativa cumple doce años y la Red explica su larga duración por la necesidad de producir cambios culturales, solo posibles con una permanencia constante en el tiempo. Los mensajes son elaborados colectivamente y constituyen una importante herramienta para el activismo feminista.
Las consignas que se suman este 2018 se refieren al racismo, a la responsabilidad de los medios al representar a las mujeres y abordar hechos de violencia patriarcal, a la fuerza y ampliación de la organización de mujeres y a demandas urgentes como la educación no sexista y el aborto libre, seguro y gratuito.
También incorpora el mensaje Somos + creado por Mujeres por la Vida durante los ochenta, que por esos años daba cuenta de la expansión de la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet, en los que las mujeres tuvieron un rol protagónico en lucha por la democracia. Hoy ese mensaje es retomado en un contexto donde cada vez son más las mujeres conscientes del impacto de la violencia machista y de la urgencia de transformar las estructuras que fomentan desigualdades.
Unidas contra la misoginia y el racismo es el mensaje central de la 12ª versión de la campaña, porque “a partir de este mensaje no solo se espera generar conciencia al respecto, sino que además recoge un accionar que hoy tenemos las feministas, da cuenta de lo que está pasando a nivel nacional e internacional: nos articula e insta a seguir manteniéndonos organizadas contra las distintas opresiones”.
Violencia contra las mujeres en Chile
Sostiene el informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que:
El año 2018 ha estado fuertemente marcado por la movilización feminista que desborda colegios, liceos, universidades y calles a lo largo de todo Chile. Este contexto de visibilización del feminismo impulsado por las estudiantes, ha significado la emergencia de nuevas protagonistas y nuevas voces contra la violencia patriarcal, contra la naturalización de prácticas culturalmente aceptadas y el posicionamiento de nuevos contenidos en el debate público.
En este escenario, las feministas hemos puesto la alerta sobre las intenciones de cooptación de la elite conservadora que dice “empatizar” con las mujeres movilizadas, a través de declaraciones y algunas medidas puntuales como la ordenanza municipal contra el acoso callejero en Las Condes. Alerta porque, más allá de las apariencias, dicha elite se niega a reconocer la violencia contra las mujeres como problema estructural; perpetúa un sistema de dominación y explotación; niega nuestra autonomía y sostiene la criminalización por nuestras decisiones. Frente a esta arremetida conservadora y fundamentalista, es necesario que las feministas sigamos profundizando nuestros debates y dejemos claro que ser feminista y ser de derecha no es posible, porque justamente luchamos contra el sistema de dominación que dicha ideología política sostiene.
Inmersas en esta coyuntura política, la 12a versión de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata” hace un llamado a combatir la misoginia y el racismo. Hoy más que nunca es necesario develar la alianza patriarcado–capitalismo, ambas estructuras fundantes de un modelo político, económico y social que secundariza a las mujeres, precariza la vida y reproduce la violencia.
Este contexto de movilización feminista nos impulsa a seguir avanzando hasta la conquista de nuestra autonomía, de la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. El movimiento impulsado por mujeres y feministas tendiente a erradicar el sexismo en la educación, las denuncias contra docentes y poderosos hombres de las industrias de cine y televisión y la movilización por el aborto libre, son manifestaciones de la decisión de las mujeres de erradicar prácticas abusivas naturalizadas en la cultura. Las miles de mujeres diversas, que desde sus propias experiencias de violencia se articulan, constituyen una constatación:
A partir de un proceso colectivo de memoria histórica y de discusión política, las estudiantes transitaron desde el acto de denuncia de hechos aparentemente aislados hacia el cuestionamiento de la sociedad patriarcal. La politización de esta experiencia, inscrita en los cuerpos de las mujeres, desenmascaró las relaciones de poder en el espacio público y privado, haciendo carne la siempre vigente premisa del feminismo: “lo personal es político”.
Violencia en el espacio familiar
Desde el punto de vista social, la institución familiar se constituye como una de las principales sostenedoras y reproductoras de la estructura patriarcal. La Ley sobre Violencia Intrafamiliar corresponde actualmente a la única herramienta jurídica de la que una mujer dispone para denunciar una agresión. Sin embargo, su aplicación posee absurdas particularidades que dan cuenta de la naturalización de la violencia. La noción de “maltrato habitual” presente en la ley establece que para concebirse el delito éste debe reiterarse en el tiempo, condición que no aplica a ningún otro delito en Chile. Tanto el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará como el de la CEDAW, ha recomendado a Chile en reiteradas ocasiones la necesidad de derogar esta noción.
En relación a las estadísticas, la tendencia histórica de los últimos 10 años indica que sobre el 80 % de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) son mujeres.
En cuanto a los delitos ingresados el Ministerio Público, éste señala que durante 2017 el 46,2% de los ingresos fue por lesiones; el 37,6% por amenazas; el 9% por maltrato habitual; el 4,2% por desacato; y el 2,4% por “otros delitos”[1].
Femicidio
Entre el 10 y el 12 de junio de 2018 se cometieron en Chile cinco femicidios: Nelly Malo (35 años), Soraya Sepúlveda (29), Carolina Donoso (53), Gabriela Alcaino (17) y Gertrudis Martínez (50) fueron asesinadas por hombres que simplemente decidieron acabar con sus vidas producto de un afán de control y dominación sobre ellas. En este contexto, se evidenció nuevamente la ineficacia institucional para hacer frente a este grave problema político social y la falta de una contundente sanción social.
Cabe destacar que existen situaciones conexas al femicidio que permanecen invisibles, desconectadas de este concepto, tales son el suicidio femicida, mujeres que se quitan la vida porque ya no soportan la violencia, y el castigo femicida, asesinatos a personas con vínculo familiar o afectivo directo con la mujer agredida de modo de castigarla o dañarla psíquicamente.
De acuerdo al registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante este 2018 ya se han cometido 32 femicidios en Chile. Uno de los crímenes corresponde a un castigo femicida, el de Carolina Donoso asesinada por el pololo de su hija Fabián Cáceres (18), quien luego de matarla asesinó a Gabriela Alcaíno, con quien sostenía una relación de pololeo. Otros femicidios que han conmocionado a la sociedad chilena este año y que no son considerados como tales por la ley, son los asesinatos de niñas pequeñas: Sophie (1 año 11 meses), Ámbar (1 año 7 meses) y Almendra (3 años), todas víctimas de agresiones sexuales y posteriores femicidios, cometidos por su padre, cuidador y padrastro, respectivamente. Los medios de comunicación han instalado estos crímenes como casos puntuales, cuyos victimarios son “hombres psicópatas” y las víctimas hijas de “madres despreocupadas”. La falta de comprensión de la violencia contra las mujeres invisibiliza el machismo que hay detrás de esta violencia, en la que los hombres someten, dominan y se apropian de los cuerpos de mujeres de distintas edades, condiciones sociales, culturales o étnicas.
Los poderes del Estado encargados de proteger a las mujeres, investigar los crímenes y castigar a los femicidas no cumplen con su labor. Prueba de ello es que de las 18 mujeres víctimas de femicidio hasta mayo de este año, un tercio había realizado denuncia previa por agresión. Los medios de comunicación, por su parte, persisten en transmitir toda clase de detalles morbosos y sensacionalistas sobre casos específicos, sin entregar ninguna noción ni crítica al ejercicio de poder que implican estos asesinatos.
Violencia sexual
La violencia sexual contra las mujeres es una más de las manifestaciones del continuo de violencia en el que estamos inmersas desde que somos niñas hasta adultas mayores. No está constituida sólo por las agresiones tipificadas como delitos (violación, abuso sexual, estupro) sino que comienza mucho antes. Desde la primera infancia se nos enseña a relacionarnos con nuestro cuerpo, el placer y el deseo sexual desde una posición heteronormada y androcentrista, es decir, como meros cuerpos dispuestos a la satisfacción del deseo masculino. “De acuerdo a esta forma de entender la sexualidad, simbólicamente, cualquier mujer debe estar disponible para satisfacer a los hombres y, al mismo tiempo, todo hombre tiene derecho sobre el cuerpo de las mujeres”.
Una expresión naturalizada de la violencia sexual es la discriminación y rechazo hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que en casos extremos puede derivar a crímenes de odio. Durante 2018 la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio lanzó los primeros resultados de la encuesta “Ser Lesbiana en Chile”, que busca graficar cómo viven las mujeres lesbianas en nuestro país. El estudio arrojó que el 27,7 % de las lesbianas perciben ingresos económicos menores al sueldo mínimo: $276.000. Además, un 40,3% de las encuestadas aseguró haber sido obligada a recibir “atención en salud mental”. En relación al acoso y violencia en los espacios públicos, el 70 % de las encuestadas reconoció acoso callejero por su orientación sexual.
En Chile la violencia sexual es reconocida parcialmente. Una de las formas más frecuentes de este tipo de violencia es el acoso sexual. Sin embargo, sólo está sancionado como una falta administrativa por el Código del Trabajo, desestimando las agresiones que las mujeres vivimos en los demás espacios que habitamos.
El sistema judicial penal chileno se encarga de perseguir y sancionar sólo una cantidad acotada de agresiones sexuales, como la violación, abusos sexuales, estupro, entre otros. La violación se encuentra dentro de los delitos de mayor connotación social (DMCS). Sin embargo, la mayor parte de los casos policiales no cuenta con detenidos. Las víctimas de delitos sexuales en más de un 80 % son mujeres.
Violencia estructural
La violencia contra las mujeres es parte de las estructuras que sostienen a la sociedad; es producida y reproducida por instituciones estatales, privadas o sociales, tales como la familia, las iglesias, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, los espacios laborales y educaciones, los medios de comunicación, entre otros.
1. Poder Judicial y Ministerio Público
Durante los últimos años se ha evidenciado que los operadores de justicia no quieren comprender la magnitud de la violencia patriarcal. A través de procesos extenuantes, en los cuales las mujeres tienen que enfrentarse a la revictimización y a cuestionamientos, producen y reproducen la violencia machista.
Durante 2018 se conoció el desenlace del caso Luchsinger-Mackay, marcado por el hostigamiento de los aparatos judiciales en contra de la machi Francisca Linconao. Desde 2008, y tras convertirse en la primera mapuche en ganar una demanda contra un empresario por la destrucción del medioambiente en los territorios colindantes a su comunidad, la machi Francisca fue permanentemente perseguida y hostigada por los agentes represores del Estado. Tras el crimen contra el matrimonio Luchsinger-Mackay en La Araucanía, la Machi fue detenida y acusada sin pruebas de porte ilegal de armas, causa de la que fue absuelta. Debido al impacto que esa primera detención provocó en su salud, la autoridad espiritual mapuche decidió querellarse contra el Estado chileno, demanda que también ganó.
En octubre de 2017 la machi Francisca Linconao junto a los otros diez imputados por el crimen contra el matrimonio Luchsinger-Machay fue absuelta. Sin embargo, luego de que la Corte Suprema aceptara el recurso de nulidad del juicio presentado por la parte querellante, la Machi debió enfrentar a los tribunales nuevamente y demostrar, por segunda vez en menos de seis meses, su inocencia. Lo vivido por la Machi Francisca revela una de las formas de proceder del sistema jurídico que persigue y criminaliza a las mujeres defensoras de la tierra. Se suma a otras formas de persecución y represión, como el crimen aún no esclarecido contra la activista medioambiental Macarena Valdés en el sur de Chile.
Otra de las prácticas con que el Poder Judicial y el Ministerio Público violentan a las mujeres es la falta de compromiso para perseguir, encontrar y sancionar a quienes cometen femicidios, delitos sexuales o son perpetradores de violencia intrafamiliar. Ejemplos de impunidad son los femicidios no investigados o cuyas diligencias aún no permiten encontrar a los culpables, como ocurre con el crimen de odio anti-lésbico contra Nicole Saavedra, o los femicidios cometidos contra Daniela Reyes en La Serena, Yini Sandoval y sus tres hijos en Temuco, Ximena Cortés en Antofagasta, y tantos otros.
En relación al mismo tipo de delitos, las cifras del Ministerio Público indican que éstos presentan tramitaciones extensas y bajos índices de sentencia condenatoria. En relación a los términos de causas en delitos sexuales durante el 2017 se establecieron un total de 24 140; de ellos 6.981 (28,9 %) tuvieron salida judicial y 1 805 (61,3 %) no judicial (decisiones de no investigar, acuerdos reparatorios, etc.). Del total de delitos con salida judicial, 2336 terminaron con sentencia definitiva condenatoria, 594 con sentencia definitiva absolutoria, 1186 con sobreseimiento definitivo y 165 con sobreseimiento temporal. Mientras que 812 casos terminaron por suspensión condicional del procedimiento y 1.383 por el uso de la facultad para no investigar. En síntesis, del total nacional de términos sólo un 9, % de delitos sexuales terminó con sentencia definitiva condenatoria.
En el caso de los delitos asociados a VIF durante el año 2017 el Ministerio Público da cuenta que hubo 154.122 términos de causa por casos de VIF, de los cuales 83 401 (54,1%) tuvo salida judicial, 61 033 (39,6 %) salida no judicial y 9688 (6,2 %) otros términos no clasificados. Así, del total de términos aplicados, sólo un 8,7 % de los delitos constitutivos de Violencia Intrafamiliar concluyó en sentencia definitiva condenatoria.
Según los datos de la Fiscalía, los delitos sexuales son los que tienen la cuarta tramitación judicial más extensa, superados sólo por delitos económicos y tributarios, delitos funcionarios y delitos contra la propiedad intelectual e industrial. El promedio de tramitación es de 827 días según los casos finalizados durante el 2017.
2. Aborto
La resistencia a una legislación mínima como la llamada Ley de Aborto en Tres Causales, fue tal que, aunque el Parlamento la aprobó, el Tribunal Constitucional, ante presiones de corporaciones religiosas como la Pontificia Universidad Católica, y copiando una ultraconservadora sentencia de la Corte Suprema estadounidense, admitió la inserción de la “objeción de conciencia institucional”, que permite a las empresas de salud alegar una supuesta conciencia moral objetora del aborto. El reglamento de objeción de conciencia institucional, diseñado a principios de este año por el gobierno, ha logrado impedir que las mujeres accedan al aborto incluso dentro de los límites extremos de la legislación vigente. Así, de acuerdo a una fiscalización efectuada por la Superintendencia de Salud a 114 recintos públicos y privados de mediana y alta complejidad, un 44 % de los establecimientos no cuenta con un procedimiento de derivación para pacientes que soliciten la interrupción del embarazo. En relación a las estadísticas según tipo de establecimiento, la fiscalización indicó que el porcentaje de instituciones que no cumple con esta norma asciende a49% en instituciones privadas y 41 % en públicas.
Adicionalmente, según las cifras del Ministerio de Salud en Chile existen 971 médicos obstetras, de los cuales 306 se han declarado objetores de conciencia, es decir, el 31 % del total.
En relación a las cifras oficiales de aborto en Chile, Corporación Miles solicitó datos al Estado sobre procedimientos practicados en el marco de la legislación actual, así como también información de ingresos, formalizaciones y condenas por aborto en los últimos años. Las cifras recabadas indican que entre 2007 y 2017 el número de condenas ha ido disminuyendo significativamente. Además, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 hubo 258 mujeres cuya situación se enmarca en alguna de las tres causales que permiten realizarse un aborto. De ellas, 230 decidieron abortar y 28 decidieron continuar con el embarazo.
3. Espacios laboral y educacional
Dentro del mercado laboral las mujeres habitualmente ocupan empleos precarios, tienen una menor tasa de participación laboral, menores ingresos, baja participación sindical, entre otras. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante 2017 un 48,5 % de mujeres fue parte del mercado laboral, mientras que en los hombres la cifra asciende a 71,2 %. Una cifra reveladora indicó que de cada 10 mujeres fuera de la fuerza de trabajo 4 lo están por “razones familiares permanentes”, vinculadas a las históricas tareas de trabajo doméstico y cuidados no remunerado del que se deben hacer cargo usualmente las mujeres.
Además, en relación a los ingresos percibidos por mujeres la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2010 – 2016 dio a conocer que durante el último año el ingreso medio mensual de las mujeres fue de un 31,7% menor al de los hombres, mientras que el ingreso mediano es un 25 % inferior. En relación a la precariedad del empleo, del total de mujeres ocupadas un 31,9% se desempeña en el sector informal. Otra cifra relevante da cuenta que por cada hora de trabajo las mujeres perciben un ingreso que es 10,7 % menor al de los hombres.
Tanto en los espacios educacionales como en los laborales, las mujeres experimentamos acoso sexual, una forma en que la cultura patriarcal nos indica que las mujeres pertenecemos al espacio doméstico. Durante 2018, las movilizaciones feministas en las universidades y liceos han revelado la extensión de esta práctica por parte de docentes, funcionarios y alumnos en contra de las mujeres. A la fecha, se ha constatado que en 16 universidades chilenas se encuentran vigentes al menos 132procesos a partir de denuncias de acoso sexual y laboral6. La Dirección del Trabajo, por su parte, indica que las denuncias por acoso sexual han aumentado un 33% respecto de 2017, sólo en el periodo entre enero y abril de 2018, contabilizando un total de 135 casos, comparados con los 101 del año pasado en el mismo periodo7.
4. Medios de comunicación
Durante los últimos dos años distintos medios de comunicación han sacado a la luz casos de abuso sexual, acoso laboral y otras graves acusaciones de violencia machista que, en algunos casos, permanecían años silenciadas. En razón de esto entre 2017 y 2018, algunos acusados se querellaron por “injurias y calumnias” en contra de las mujeres que los denunciaron y también en contra de las que decidieron escucharlas, creerles y sacar sus testimonios a la luz pública. Sin embargo, los tribunales han absuelto a las querelladas8. Es más, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección en contra de una denunciante, indicando que los hechos al ser constitutivos de delitos en contexto intrafamiliar son de interés público. La Corte Suprema ratificó el fallo a favor del libre ejercicio periodístico, dando una señal positiva sobre la responsabilidad y el deber de los medios de comunicación respecto de casos de violencia machista.
En términos de contenidos y del rol que siguen ocupando las mujeres en los medios de comunicación el día a día, se demuestra gran desigualdad entre hombres y mujeres. El estudio “Portadas y Mujeres” de Las portadas de tu Vida analizó los diarios de circulación nacional El Mercurio, La Cuarta, La Segunda, La Tercera y Las Últimas Noticias durante abril y junio de 2017. La publicación reveló que del total de portadas dedicadas a personas un 77 % muestra a hombres y sólo un 18,4 % a mujeres, mientras 4,6 % incorpora a ambos. Del total, un 30% de las portadas analizadas no tuvo ninguna imagen de mujer, mientras que en el caso de los hombres la cifra sólo alcanza un 7,2 %. Adicionalmente, se estableció que a los hombres se los destaca en Política, Deportes, Policial, Internacional y Tecnología; mientras que a las mujeres, en Política, Espectáculo, Sociedad, Deporte. Además, del total de fotografías o ilustraciones de personas, un 7 % corresponde a hombres y un 26 % a mujeres. Finalmente, al analizar en detalle las fotografías se señala que del total de imágenes donde aparecen personas a torso desnudo o en ropa interior un 7,1 % son mujeres y sólo un 0,8 % son hombres.
En síntesis
La violencia es un continuo en la vida de las mujeres que se manifiesta en todos los ámbitos y edades; en tiempos de paz y conflictos armados, en dictaduras y democracias. Está a la base de la organización social, política, económica, y naturalizada en la cultura que vivimos, es decir, es estructural.
La naturalización de la violencia hacia las mujeres se produce y reproduce desde la más temprana edad en las familias, a través del sistema educacional, en el ámbito laboral, en la política y en las iglesias, a través de los medios de comunicación, la publicidad y el cine, entre otros.
Urgen transformaciones de fondo para erradicar la violencia contra las mujeres y compete a toda la sociedad realizarlas.
- Enlace al Dossier informativo 2018 Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
