España: editores y periodistas contra la censura informativa

En España, asociaciones profesionales de periodistas, sindicatos y la patronal AEDE han firmado una declaración de rechazo al artículo 520.1 del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que si entra en vigor impedirá fotografiar a personas que presuntamente han cometido un delito, en el momento de ser detenidas o trasladas por las Fuerzas de Seguridad, aunque sean hechos de interés para la ciudadanía.

En el escrito, que supone la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido al artículo 520.1, aprobado por el Congreso de los diputados el pasado 2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se pone en peligro el derecho constitucional a la información.

El texto completo es el siguiente:

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguirá su tramitación en el Senado, en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detenciones que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión. En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.

Además, de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Inquieta que la redacción del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.

Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.

Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamos que los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de la Cámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Diputados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos reciban una información sesgada e incompleta. El documento ha quedado rubricado en representación de las respectivas organizaciones por Elsa González (presidenta de la FAPE); Aurelio Martín (vicepresidente primero de la FAPE y secretario general del Colegio de Periodistas de Castilla Y León); Jesus Picatoste (secretario general de la FAPE); Irene Lanzaco (adjunta al director general de AEDE); Víctor Lerena (secretario de turno del FOP y presidente de ANIGP-TV); Mariano Rivero, secretario general de la Federación de Periodistas de UGT; Agustín Yanel, secretario general de la FeSP; Maite Sánchez, de la Agrupación de Periodistas de CCOO; y Eduardo Méndez, de ANIGP-TV.

Lo suscriben asimismo los colegios profesionales de periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco

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