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Feministas exigen reparto de bienes y poder

Las mujeres siguen discriminadas, en crisis alimentaria y de salud; denuncian nuevas formas de violencia y la criminalización a las defensoras de los derechos humanos

Imelda Arana junto a Lidia García Díaz
Imelda Arana junto a Lidia García Díaz

 

Feministas de América Latina, Asia y África hicieron en la ciudad de México una llamada enérgica a los gobiernos de esos tres continentes para establecer un sistema democrático, de justicia económica, cuidadoso de la naturaleza y con un reparto equilibrado de bienes y poder, con el fin de que las mujeres del mundo puedan acceder a sus derechos y ser libres.

Tras cuatro días de trabajos en el seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres”, participantes en redes feministas, académicas y defensoras de derechos humanos concluyeron que las mujeres siguen discriminadas, en crisis alimentaria y de salud; que sufren nuevas formas de violencia y un proceso preocupante de criminalización a las defensoras de los derechos humanos.

Convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), las deliberaciones en que relatos, discursos y explicaciones concretas de lo que sucede día a día en los espacios donde trabajan, hicieron evidente que los Estados no cumplen sus compromisos firmados para respetar y promover los derechos humanos de la mitad de la población.

En el último día de sesión, la declaración fue leída colectivamente y sancionada por todas las participantes.

En las deliberaciones estuvieron mujeres de cuatro generaciones que por todos los medios, durante 25 años han lidiado por hacer respetar los derechos que están en las constituciones, en los acuerdos internacionales, en las declaraciones de jefes de Estado, en demandas y agendas internacionales sin que hasta ahora se haya eliminado ni la discriminación, ni el homicidio contra mujeres, ni cumplido derechos elementales como la libertad de expresión, de tránsito y de decisión sobre sus cuerpos.

Venidas de países centroamericanos de corte democrático/conservador; de países con democracias autoritarias, de historias de conflictos armados, consideraron que en algunos lugares del mundo las mujeres no tienen ni derecho a la educación ni a los mínimos de salario y alimentos.

Ante ello, las integrantes de la red continental y mundial de CLADEM denunciaron: “vivimos injusticias estructurales producto del sistema” y agregaron que existe una crisis energética-ambiental, alimentara, económica y política que las afecta.

Denunciaron que crece la intromisión de grupos religiosos fundamentalistas en asuntos de los Estados, que consolida y profundiza nuevas formas de explotación, control social, violencias, subordinación y criminalización de las defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales.

En la declaración final del seminario, afirman que ningún gobierno ha garantizado la libertad y el bienestar de la ciudadanía; que las brechas de discriminación por orientación sexual, identidad de género, clase social, raza, nacionalidad, etnia, procedencia geográfica, edad y/o creencia religiosa siguen pendientes de zanjar para millones de mujeres, lo que hace impostergable la exigencia de que los Estados cumplan el compromiso de los derechos humanos signado hace 65 años.

También exigieron el respeto al patrimonio y los bienes naturales, la generación de riqueza efectiva, con planes de productividad y no con dádivas; su redistribución equitativa, que garantice el control, manejo y acceso de las mujeres sobre recursos productivos como requisito para la sostenibilidad, el buen vivir y la ciudadanía plena de las mujeres del mundo.

Se pronunciaron por la transformación de los modelos educativos hacia una educación centrada en derechos humanos, no sexista, antidiscriminatoria, laica, pública, gratuita e intercultural.

Es claro el diagnóstico: hoy, en el Siglo XXI las mujeres mueren de parto. Es urgente que esas muertes, muchas por aborto, se prevengan y eliminen. Es urgente el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el acceso a los servicios de salud integral con calidad y calidez, y la legalización y despenalización del aborto en los países donde está criminalizado.

Luego de conocer las cifras de la violencia contra las mujeres, que en lugar de disminuir aumentan, pidieron que se prevenga positivamente ésta, que se sancione y erradique, puesto que atenta de forma sustantiva contra la autonomía y la libertad en todas las esferas de la vida económica, política, sexual y reproductiva como derechos humanos de las mujeres, las niñas, las jóvenes, las transexuales, transgénero e intersexuales.

Una llamada especial para que los Estados se hagan cargo de la persecución y amenaza a las defensoras de derechos humanos, a las periodistas, las migrantes, las mujeres víctimas del conflicto armado y militarización, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las adolescentes, las campesinas, las personas en situación de pobreza estructural, las mujeres con capacidades diferentes, con orientación sexual e identidad de género, de la tercera edad y de quienes viven con VIH-sida.

En el transcursos de las reuniones, que se desarrollaron del 7 al 10 de mayo, saltaron las demandas emergentes; la urgencia de hacer vigentes y aplicados los derechos de las mujeres. Dijeron que es claro que los Estados tienen obligaciones que no están cumpliendo.

Acordaron mantenerse en red; seguir gestionando la justicia para las mujeres y mantener una campaña mundial de denuncia; acompañar los procesos por país y mantener alianzas con las redes temáticas de los tres continentes.

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Sobre Sara Lovera

Periodista, directora de senmexico.com, noticias con perspectiva de género.

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