Greenpeace ha lanzado en España la campaña «La protesta también es democracia» para recordar a los poderes públicos que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que las reformas legislativas en curso (reforma del Código Penal, anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana) son un intento de criminalizar a la sociedad.
También es una llamada a la ciudadanía a defender los derechos de expresión, manifestación y reunión recogidos en la Constitución.
«En vísperas de esta cita electoral se hace necesario recordar a los poderes públicos que el ejercicio de los derechos democráticos es mucho más que acudir a votar» ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. «Tan necesario como elegir cada cuatro años a los representantes políticos es recordarles día a día que están ahí para servir al bien común. Los derechos de expresión, reunión y manifestación son, además de legítimos, imprescindibles para evitar el abuso de los poderes públicos».
La campaña consta de una pegada de carteles, un vídeo, una web (www.eligetuprotesta.org), ciberactivismo en redes sociales y diversas actividades de divulgación de sus grupos de voluntarios en todo el Estado.
Como organización totalmente independiente de partidos políticos y poderes económicos, la campaña de Greenpeace en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo no promueve el voto hacia ninguna formación política, sino que invita a la ciudadanía a no constituirse en «mayoría silenciosa» y a organizarse para evitar que el Gobierno actual no limite y restrinja otras formas de ejercer la democracia.
Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicatos han estado denunciando desde hace más de un año las reformas que los Ministerios de Justicia e Interior están llevando a cabo, que incluyen la ya aprobada Ley de Tasas; la actual reforma del Código Penal, que se está discutiendo en el Congreso; y el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Estas reformas son una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta pacífica que se están produciendo debido a la crisis social y económica.
«Es necesario que tanto el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, como el proyecto de reforma del Código Penal que se está discutiendo actualmente en el Congreso sean retiradas inmediatamente ya que no cuentan con el consenso entre los poderes judicial y legislativo y son rechazadas frontalmente por la sociedad civil que siente que sus derechos se están criminalizando», ha declarado Soto.
