La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valora la investigación y detención por parte de las autoridades guatemaltecas de 18 militares retirados imputados por delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.
Las detenciones se relacionan con el hallazgo de 558 osamentas en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, la investigación de varias masacres, entre ellas la masacre de Río Negro, así como con la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Las detenciones son pasos importantes en una larga búsqueda de justicia, señala la CIDH.
La fiscal general y el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos informaron de que en las investigaciones del caso del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) al que consideran “uno de los casos de desaparición forzada más grandes de América Latina”, se exhumaron los restos de 558 civiles indígenas no combatientes enterrados en cuatro fosas en Cobán, Alta Verapaz que pertenecen a niños, adultos hombres y mujeres, y personas de tercera edad. Las pesquisas y los testimonios recopilados han llevado a individualizar 88 hechos de desaparición forzada por los cuales se imputa a los detenidos.
Informaron de que las capturas de los militares retirados fueron solicitadas tras la sentencia de 7710 años de prisión emitida en marzo de 2012 contra cinco exparamilitares por la masacre de “Plan de Sánchez”, cometida en 1982 contra 256 indígenas del pueblo Maya Achí.
El 6 de enero de 2016 las autoridades detuvieron a 18 militares retirados relacionados con varias masacres, entre ellas la de la aldea de “Plan de Sánchez”, Río Negro y la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Entre los detenidos se encuentran el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, hermano y exjefe del Estado Mayor del exjefe de Estado Romeo Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas, exdirector de Inteligencia Militar. La mayoría de los detenidos integraron la “plana mayor” de la Zona Militar 21, que “funcionó como centro de detención y ejecución clandestina”. Los detenidos fueron conducidos a la Torre de Tribunales, en donde se les hizo saber el motivo de su detención. Posteriormente, la jueza resolvió enviarlos a la cárcel militar, Mariscal Zavala.
En 2004 el Estado de Guatemala fue hallado responsable internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por estos hechos. El Estado reconoció responsabilidad por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. La Corte IDH ordenó buscar a la víctima, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, en 2004 el Estado fue hallado responsable en el caso de “Plan de Sánchez” y en 2012 por las masacres de Río Negro. En estas masacres se violó sexualmente a mujeres y niñas y se torturó, desapareció forzadamente y asesinó a miembros de la población civil indígena.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la detención de los imputados representan un paso fundamental hacia la justicia a fin lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La CIDH considera fundamental que se continúen y completen las investigaciones para el establecimiento judicial de los hechos y responsabilidades.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
