La primera jornada de huelga general estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes tuvo un seguimiento multitudinario en su primer día, el 22 de octubre de 2013, en el que más de 1.900 institutos de enseñanza media pararon las clases en un porcentaje cercano al 90%.
Según datos del Sindicato de Estudiantes, la huelga fue secundada en Madrid, Andalucía, País Valencíà, Extremadura, Aragón, Asturias y Galicia, con porcentajes de seguimiento que oscilan entre el 80% y el 95%.
En otros territorios como Catalunya, Rioja, Murcia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias, la huelga tuvo un respaldo superior al 75%.
La policía entra en la Complutense
El Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid se ha quejado de la entrada de efectivos de la Policía Nacional a las 8.30 horas del día 22 en el campus de Somosaguas «sin el conocimiento de las autoridades académicas», por lo que desde la Rectoría se pidió su retirada.
Según un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía, los agentes, dentro del dispositivo preventivo establecido por el primer día de protestas contra la LOMCE, entraron en el campus de Somosaguas para retirar varias barricadas que «cortaban el paso a las facultades a los alumnos que querían acudir a clase».
El portavoz concretó que poco después «el vicerrector de la Universidad se quejó de la presencia de los agentes, por lo que les ha pedido su retirada», petición que fue atendida y la fuerza se trasladó en modo preventivo en la localidad cercana de Pozuelo de Alarcón.
En un comunicado, el Rectorado de la Universidad Complutense considera «legítimos» los motivos de la protesta, invitando, a quienes participan en la misma «a que se haga en el marco habitual de la convivencia en el Campus»
Según señaló en su blog el rector de la Complutense José Carrillo Menéndez, la huelga en el sector educativo es «la respuesta a una política que, utilizando como pretexto la crisis económica, recorta los recursos económicos y humanos de nuestro sistema educativo».
Explica el rector que en el pasado curso 2012-2013 los gastos de funcionamiento de muchos centros educativos se rebajaron por encima del 50%; en algunos casos superaron el 64%. Desde el año 2011 hasta 2013, el Gobierno ha drenado de la educación más de ocho mil millones de euros: «Desde los gobiernos central y autonómicos se ha atentado contra la calidad del sistema educativo, se ha disparado la ratio, han aumentado los horarios semanales, se han reducido los puestos de trabajo y los salarios siguen congelados desde hace años».
Añade que «junto a los recortes, se están llevando a cabo una serie de reformas que, como la LOMCE, postulan unos objetivos que podrían compartirse tanto por la sociedad como por los agentes educativos si no resultaran retóricos. Se asegura que se pretende acabar con las altas tasas de abandono y fracaso escolar, favorecer la cultura del esfuerzo y la mejora del rendimiento y dignificar la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Sin embargo, esos propósitos cargados de buenas intenciones chocan con la realidad. La norma no puede poner en riesgo la equidad social, y en el contexto de recortes en el que se aplicará la ley, con más alumnos por clase y menos recursos para atender a los escolares con necesidades educativas especiales, la rígida barrera de las reválidas puede convertirse en un mecanismo de expulsión de los alumnos más desfavorecidos».
El Gobierno a la defensiva
El Ministerio de Educación intenta desactivar la huelga general en la educación convocada el jueves 24 de octubre enfrentando a los padres de los alumnos con los profesores: «Hay que tener en cuenta, de cara los padres, que el colectivo de dicentes tiene un puesto de trabajo asegurado y, sin embargo, los padres se están enfrentando a unas tasas de desempleo muy elevadas y dificultades económicas importantes», sostuvo la secretaria de estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.
