Al menos 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones se han registrado desde el mes de enero de 2014, en México, informa Signis ALC.
Según un reciente informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) diez (10) de los casos fueron actos de intimidación; diez (10) amenazas -ocho (8) de ellas fueron amenazas de muerte-; seis (6) ataques al patrimonio personal; cuatro (4) actos de uso excesivo de la fuerza; tres (3) actos de criminalización y judicialización; tres (3) actos de campaña de difamación y desprestigio; dos (2) detenciones arbitrarias; dos (2) agresiones físicas y verbales y un (1) ataque al patrimonio de la organización.
Para la RNDDHM la ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones de los derechos humanos, así como a la inconformidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad, luego de las reformas constitucionales aprobadas en este último año, y cuyos impactos afectan principalmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Frente a esta realidad, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresó su particular preocupación por los recientes actos de criminalización y judicialización contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
En lo que va del año la RNDDHM ha documentado la detención arbitraria de dos (2) defensoras y una (1) sentencia en el Distrito Federal, emitida contra la activista Gabriela Hernández, conocida también como Luna Flores, quien el pasado 1 de abril de 2014 fue sentenciada a un año y tres meses de prisión después de ser detenida arbitrariamente el pasado 29 de octubre de 2013, acusada del delito de ultrajes a la autoridad.
De igual forma, la RNDDHM documentó la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, Atlixco en el estado de Puebla y quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM) luchan a favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alta peligrosidad del volcán Popocatépetl para abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, Municipio de Yecapixtla, en Morelos.
Enedina fue arrestada por policias estatales el pasado 6 de abril de 2014, bajo el proceso 121/2014, en el que se le acusa de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública. Un día después, el lunes 7 de abril fue detenido también Juan Carlos Flores Solís, uno de los líderes del FPDTAPTM, quien había acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a poner una queja por la detención arbitraria de Enedina Rosas.
También se ha ducumentado la criminalización y judicialización de la que ha sido objeto la activista Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, y quien ha sido acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), por escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética. Rosina es acusada por PEMEX de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.
