La Unión Progresista de Fiscales (UPF) pide transparencia en el nombramiento del Fiscal General del Estado, mediante un procedimiento transparente de selección con intervención de expertos, que ponga fin a la práctica actual en la que el Gobierno elige al Fiscal General de manera completamente opaca sin constancia alguna del asesoramiento técnico que haya recabado al efecto.
En las conclusiones del XXXIII Congreso de la UPF, celebrado en Valencia el 8 y 9 de junio de 2018 bajo el lema «Hacia una justicia con perspectiva de género» se pide complementar este procedimiento con un régimen de comunicaciones con igual transparencia y por escrito, del Gobierno con el Fiscal General del Estado.
Los miembros de la UPF sitúan estas reivindicaciones en la necesaria autonomía del Ministerio Fiscal en la perspectiva de una futura asunción de la investigación de los delitos por parte de los fiscales en la necesaria modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Injerencias políticas
La UPF critica asimismo en las conclusiones de su Congreso la instrumentalización que el gobierno hace del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, utilizando de manera interesada un rígido sistema jerárquico y de obediencia que culmina en el propio Ministro de Justicia, con la posibilidad de emitir órdenes, instrucciones y circulares, la de nombrar y remover a los secretarios coordinadores, así como la de ejercer las potestades disciplinarias.
Argumentan que esto supone, de hecho, el intento de que estos profesionales se conviertan en ejecutores de las políticas del gobierno e interfieran, por intereses ajenos a los del propio proceso, en la actividad judicial, y por ende, en su trabajo como fiscales, y ponen como ejemplo reciente en situaciones de conflicto con el ejecutivo la reciente huelga de jueces y fiscales: «Queremos un cuerpo de letrados independiente con el que sea posible colaborar sin injerencias del ejecutivo y sin que los intereses de otros perturben el buen funcionamiento de la justicia», señalan en esas conclusiones.
Perspectiva de género
La UPF considera que la incorporación de la perspectiva de género en la construcción y en la aplicación de la norma penal es una exigencia de justicia material porque supone conocer y reconocer las estructuras sociales que soportan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, y argumentan que si se desecha tener en cuenta esta realidad, no se podrá dar una respuesta justa, proporcional y adecuada para erradicar la lacra de la violencia sobre las mujeres, que definen como «, verdadera vergüenza democrática que exige una respuesta especializada»
Y recuerdan que la incorporación de la perspectiva de género es también una obligación legal que asumió España al ratificar en 2014 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, el denominado Convenio de Estambul, que solo se ha cumplido parcialmente con la modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015.
Sostienen en consecuencia que hay que abordar íntegramente estas obligaciones, ampliando el concepto de violencia de género a toda aquella dirigida a las mujeres por el hecho de serlo o que afecte a las mujeres de una manera desproporcionada. También la norma penal ha de construirse desde esta perspectiva, para reconocer específicamente a la mujer como sujeto pasivo de estas violencias e incluir la motivación discriminatoria como elemento integrante del tipo, sin que los fiscales se vean abocados a las dificultades probatorias de la agravante genérica: «los feminicidios deben ser castigados como tales».
Medios personales y materiales
En otro apartado de las conclusiones del Congreso la UPF aporta datos del informe publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en 2016, en el que se indica que España cuenta con menos de la mitad de fiscales por cada 100 000 habitantes que la media de los Estados europeos, en concreto cinco frente a los once de la media en Europa. Este informe compara los sistemas de 45 países europeos en el año 2014 y detalla que la ratio de funcionarios en Fiscalías por cada fiscal era de 0.8 frente al 1.5 de media europea en 2010, con un descenso del número de funcionarios del 20 % entre los años 2012 a 2014. Actualmente la ratio de funcionarios por fiscal es de 0.64.
Según este mismo informe, se destinan seis euros por ciudadano de los presupuestos generales del estado al Ministerio Público español, frente a los 12 euros de media en los 45 países europeos objeto de estudio.
La UPF sostiene que estos datos «reflejan de una manera escandalosa nuestras deficiencias en recursos personales y materiales», y reclama en consecuencia una mayor dotación presupuestaria, el incremento del número de fiscales y del número de funcionarios en las Fiscalías.
Añaden que está próxima a publicarse en el BOE una reforma legal que atribuye a los fiscales la recepción de todas las Órdenes Europeas de Investigación y que incluye en su disposición adicional única, la obligación del Gobierno de incrementar los recursos del Ministerio Fiscal para el adecuado cumplimiento de estas nuevas competencias.
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Enlaces
https://periodistas-es.com/la-union-progresista-de-fiscales-pide-derogar-restricciones-de-la-ley-mordaza-105167
