Hace unos días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rendía cuentas de su gestión por segunda vez a todos los ciudadanos. Unos ciudadanos que cada vez están más descontentos, según la última encuesta de Mitofsky, que sitúa su popularidad en tan solo del 47,6 %.
En mayo de 2013, el mandatario obtuvo una evaluación aprobatoria de 57,3 %; en la siguiente medición, en agosto de ese año, el índice bajó a 56,2 %. Sobre la economía del país, el 74 % de los encuestados por Mitofsky cree que es mala y el 75 % manifestaron que la situación de seguridad en la nación es mala.
Para el partido Movimiento Ciudadano, desde que Peña Nieto alcanzó la presidencia desplegó una ambiciosa campaña para impulsar y posicionar una serie de reformas que fueron aprobadas por los diputados del PRI, PAN y PRD, pero hay sospechas de que recibieron “bonos” millonarios para garantizar su rápida votación. De esta manera las reformas en telecomunicaciones, energética, hacendaria, política, educativa y financiera fueron avaladas por los legisladores sin que éstos tuvieran noción de las repercusiones que tendrían en todo el país.
Dichas reformas benefician de manera clara y “tendenciosa” a empresarios y colaboradores cercanos al partido tricolor. Por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones favorece de manera directa a empresas como Televisa y castiga la pluralidad y autonomía de otros medios de comunicación. Quizás el punto más delicado de esta reforma es que permite violar la libertad de expresión de todos los mexicanos, al conceder la censura en Internet si es que ésta va en contra de los “ideales” del gobierno actual.
En el caso de la energética la situación empeora. Uno de los principales argumentos que se difundió, durante su proceso de discusión, fue que el precio de la luz y el gas disminuirían, lo que resultó ser mentira ya que éstos incrementaron sus tarifas. Otro punto sumamente polémico es que la reforma permite la fractura hidráulica, un proceso tecnológico para extraer gas del subsuelo que es sumamente dañino para el medio ambiente y los seres humanos, a causa de los productos químicos usados en dicho proceso.
Y la reforma fiscal, según este partido, ha detenido el crecimiento económico del país al incrementar los impuestos a los que menos dinero tienen. De igual forma afectó a emprendedores y pequeños contribuyentes, al aumentar el Impuesto Sobre la Renta. También homologó el IVA en la frontera, lo que ha mermado la economía de los estados fronterizos.
Hablan los expertos
A finales del mes de agosto, en el marco de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca (FUL 2014) se presentaron las ponencias: Las reformas estructurales en México, y Reformas estructurales en México y su impacto en el comercio internacional, donde varios investigadores del sector económico advirtieron de que las reformas estructurales recién aprobadas por el gobierno federal serán insuficientes para contrarrestar la recesión económica que enfrenta el país.
Desde la óptica del economista Carlos Gómez Chiñas, las once reformas estructurales no traerán mejoras en las condiciones de vida de las personas que integran los primeros 8 deciles de la población mexicana y sólo los deciles* 9 y 10 lograrán fortalecerse, pues son los únicos con capacidades económicas suficientes para aprovechar el flujo de comercio que producirán los cambios constitucionales.
En este contexto, lamentó que las reformas no estén diseñadas para aprovechar el bono demográfico de México, con 70 millones de personas en edad laboral, “estos cambios harán más eficiente la gestión de capital y se impulsa el flujo de comercio, pero habrá poca influencia en la capacidad productiva de los mexicanos; los deciles 7 y 8 se conformarán con migajas, como empleos mal pagados, sin garantías sociales y el resto de la población no tendrá beneficio alguno. Faltaría fortalecer el ingreso per cápita y elevar el nivel de compra para dinamizar la economía”, sentenció.
Los ponentes consideraron que la recesión económica está vinculada a la distribución desigual de la riqueza y la reducción del poder de compra, pues aun cuando en términos porcentuales la economía mexicana se podría considerar rica con un PIB per cápita de 14 mil dólares anuales, en la realidad esta distribución no es igualitaria.
Según Zeus Salvador Hernández el 70% de la población percibe ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos, mientras que el 30% de los mexicanos tienen ingresos que van de los 7 hasta los 70 salarios mínimos mensuales.
Santos Mercado coincidió en que es indispensable una reforma que contemple la revisión de los salarios mínimos o bien, instrumentar mecanismos para que los ingresos de los trabajadores se eleven conforme a los niveles de competitividad, pues estos últimos se han elevado y el salario se mantiene en los mismos niveles.
Por su parte, Danaé Duana Ávila considera que el gran problema de México es que ha apostado todo al sector externo, sector que en términos de demanda no va a crecer, por lo que es indispensable dinamizar el mercado interno.
El centro de la discusión giró alrededor de las reformas laboral, educativa, energética y hacendaria, a pesar de tener diferentes opiniones acerca de qué camino se debe seguir, Santos Mercado, Guillermo Cavazos Arrollo, Zeus Salvador, Fernando Noriega Ureña y Lorenzo Reyes Reyes, coincidieron en que los cambios estructurales están subordinados a complementar las reformas energética y hacendaria.
En este sentido, explicaron que los aspectos relevantes de la reforma laboral se enfocaron a facilitar la entrada de outsoucings (subcontratación), facilitar las contrataciones por horas y convertir a los mexicanos en mano de obra atractiva, y en técnicos capacitados que cubran la demanda de las empresas transnacionales.
En un esquema similar percibieron la reforma educativa, aunque vieron como positiva la construcción de un padrón de profesores y alumnado como primer mecanismo para convertir a la Secretaría de Educación en una verdadera institución. Hasta ahora, nadie sabía cual era la plantilla de profesores y dónde se encontraban. Se da la paradoja de que este recuento ha permitido constatar la “inexistencia” de miles de profesores, pero que cobraban un salario. En el control del pasado año, un 8,1 % de los docentes no fue contabilizados en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De los casi dos millones, quedaron excluidos 158.565.
Adrián González Romo subrayó que la reforma hacendaria está buscando elevar la recaudación de impuestos, en el mismo grupo de tributarios cautivos, situación que paraliza el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y fomenta el aumento de informalidad (trabajo no contributivo). Y Guillermo Cavazos Arrollo cree que con estas reformas se esperan “bajas tasas de crecimiento, un deterioro mayor del salario real, y mayor crecimiento de la economía informal”.
Finalmente, lamentaron que la reforma hacendaria sea en realidad una reforma impositiva que sigue favoreciendo un modelo “capitalista de compadres”, donde los proyectos se dan a empresarios cercanos al gobierno, donde hay mucho dinero en las elecciones, los candidatos reciben dineros de empresas y tienen que pagar los favores. “Con estas reformas, vamos a tener lo mismo”, concluyeron.
Rechazo frontal a la energética
Esta reforma es la que más protestas ha concitado, por las múltiples consecuencias negativas que puede ocasionar. El Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, cree que la nueva Ley de Hidrocarburos, que se alumbrará bajo el paraguas de esta reforma, expone a los núcleos agrarios a que sus territorios sean expropiados bajo el disfraz de las “ocupaciones temporales”, incentivando esquemas de relación con actores económicos que no garantizan condiciones de equidad para los campesinos.
En su opinión, la reforma energética, las leyes secundarias que la acompañan y los proyectos que buscan complementarla, como la iniciativa de nueva ley agraria y de implementación del Programa nacional de Infraestructura, ponen en grave riesgo a la propiedad social de la tierra y significan una ofensiva sin precedentes contra los ejidos, las comunidades y los pueblos indígenas. No se trata de leyes aisladas sino de una política integral que busca acabar con la propiedad social de la tierra. El Colectivo advierten al gobierno de que los ejidos, las comunidades, los pueblos indígenas y campesinos “no están solos ni inermes”. Dicen estar articulados con las organizaciones civiles que les acompañan y retomando su inmemorial experiencia de lucha: “sin duda desde los propios pueblos del campo mexicano surgirán las alternativas para defender el territorio en este nuevo contexto de adversidad”.
Hay otras organizaciones que han dirigido sus protestas a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es el caso de un grupo de 40 asociaciones civiles, encaabezadas por Centro Prodh, RED TDT, CEMDA, Fundar y CHAC, que han remitido un escrito a este organismo para que, con fundamento en el artículo 105 de la Constitución, presente una acción de inconstitucionalidad en contra de distintos numerales y artículos de diversas leyes secundarias de la reforma energética, “por afectar de manera negativa a los derechos humanos y poner en riesgo el desarrollo sustentable del país”.
Además, las asociaciones consideran que las modificaciones a diversos instrumentos normativos y la creación de otros que dan marco a la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto dejan pendiente temas fundamentales para el país como la transición energética hacia la energía renovable; el cumplimiento de compromisos suscritos por México a nivel internacional para alcanzar las metas reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI); la protección del medio ambiente, así como la internalización de los costos generados por los daños e impactos ambientales.
Para todos ellos, uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es que establece que las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo, como por ejemplo la agricultura y ganadería, la conservación de las fuentes de agua, la explotación forestal sustentable y la protección del medio ambiente, entre otras.
- Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en diez partes porcentualmente iguales. Son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados en diez partes iguales, son también un caso particular de los percentiles. Los deciles se denotan D1, D2,…, D9, que se leen primer decil, segundo decil, etc.
