Amnistía Internacional ha hecho público un informe este 22 de octubre de 2019 en el señala que las milicias enfrentadas por el control de Trípoli (Libia) han matado y mutilado a decenas de civiles en ataques indiscriminados con el uso de diversas armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas.
Amnistía ha recogido datos para este informe a ambos lados del frente desde que se iniciaron las hostilidades el 4 de abril pasado (2019, y ha visitado 33 lugares de Trípoli y sus alrededores donde se han producido ataques aéreos y terrestres, en los que ha encontrado indicios de crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, tanto el Gobierno de Acuerdo Nacional, respaldado por la ONU, como el autoproclamado Ejército Nacional Libio, en sus combates en la ciudad y sus alrededores.
“Nuestra investigación sobre el terreno a ambos lados del frente reveló un desprecio sistemático del derecho internacional, avivado por el constante suministro de armas a ambos bandos, en violación del embargo de armas de la ONU”, ha dicho Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
“Decenas de personas civiles han muerto y han resultado heridas como consecuencia del uso por ambos bandos de todo tipo de armas, desde los cohetes no guiados de la era de Gadafi a los modernos misiles guiados por drones, en ataques que podrían constituir crímenes de guerra”, ha afirmado Brian Castner, asesor general sobre armas y operaciones militares de Amnistía Internacional.
Primera investigación en Trípoli
El personal de investigación de Amnistía Internacional estuvo sobre el terreno en Libia del 1 al 14 de agosto, y visitó ambos bandos del conflicto que se desarrolla en Trípoli: Tajoura, Ain Zara, Qasr Bin Ghashir y Tarhouna y sus alrededores. Entrevistaron a 156 residentes —supervivientes, testigos y familiares de víctimas—, así como a autoridades locales, personal médico y miembros de milicias.
Personal de Amnistía Internacional experto en teledetección, armas y munición, verificación fotográfica y de vídeo, así como miembros del Cuerpo de Verificación Digital de la organización también llevaron a cabo una investigación basada en fuentes de acceso público sobre muchos de los ataques.
Ni las autoridades del Gobierno de Acuerdo Nacional ni las del Ejército Nacional Libio respondieron a las preguntas sobre sus ataques que Amnistía Internacional les hizo llegar.
Civiles atrapados entre dos fuegos
Según cifras de la ONU, en los combates de los últimos seis meses han resultado muertas o heridas más de cien personas civiles —entre ellas decenas de migrantes y refugiados detenidos—, y han sido desplazadas más de 100 000.
Ataques aéreos, bombardeos y descargas de artillería han alcanzado viviendas civiles y otras infraestructuras clave, como varios hospitales de campaña, una escuela y un centro de detención de migrantes, y han obligado al cierre del aeropuerto de Mitiga, el único que unía por aire Trípoli con el extranjero.
Algunos de los ataques documentados por Amnistía Internacional fueron indiscriminados o desproporcionados, lo cual quiere decir que violaron principios fundamentales del derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra. En otros casos, la presencia de combatientes en viviendas civiles e instalaciones médicas o en sus cercanías ponía en peligro a la población civil que estaba en ellas.
Niños de sólo dos años que jugaban en el exterior de sus casas, asistentes a un funeral y personas que se dirigían a sus quehaceres resultaron heridas o víctimas de homicidio ilegítimo.
“¿Qué guerra es ésta en la que mueren civiles y familias en sus casas? ¿Qué podemos hacer? ¡Dios nos ayude!”, dijo una mujer a Amnistía Internacional. Su marido, un hombre de 56 años, padre de seis hijos, murió mientras descansaba después de jugar al fútbol, cuando su dormitorio fue alcanzado por un proyectil.
Este episodio se produjo en un ataque indiscriminado lanzado por el Ejército Nacional Libio contra el barrio de Abu Salim poco antes de las once de la noche del 16 de abril de 2019. Un ataque desde tierra con seis cohetes tipo GRAD, conocidos por su poca precisión, alcanzó varias manzanas de la ciudad y mató a siete civiles, e hirió al menos a cuatro más. Las personas que sobrevivieron quedaron gravemente traumatizadas.
Aproximadamente a las 12.15 horas de la tarde del 14 de mayo de 2019, un ataque artillero del Gobierno de Acuerdo Nacional contra el barrio residencial de Qasr bin Ghashir, densamente poblado, alcanzó un edificio de tres plantas, matando al menos a cinco civiles e hiriendo a más de diez. En ese momento había muchas personas desplazándose por la zona para asistir al funeral de un conocido vecino.
“Yo estaba en casa y mi hermano, en la calle. Fue un ataque tremendo: lanzó volando un vehículo sobre otro y por un instante todo se volvió negro. Salí corriendo afuera y había muchos vecinos muertos y heridos en el suelo. Se veían fragmentos de cuerpo cercenados. Fue terrorífico. Localizamos a mi hermano, que tenía heridas por todo el cuerpo y murió. No podía creerlo”, contó a Amnistía Internacional el hermano de Ahmad Fathi al-Muzughi, de diecinueve años, que murió en el ataque.
Los ataques aéreos del Gobierno de Acuerdo Nacional en Qasr Bin Ghashir y Tarhouna también han alcanzado viviendas e infraestructuras civiles con bombas “paracaídas” no guiadas FAB-500ShL. Estas armas tienen una onda expansiva de más de 800 metros de radio y son totalmente inadecuadas para su uso en zonas urbanas.
Ataques al aeropuerto y a hospitales de campaña
El aeropuerto de Mitiga —que durante años fue el único operativo de Trípoli— ha sido cerrado tras haber sido atacado varias veces por el Ejército Nacional Libio. Viviendas civiles y una escuela que hay en las cercanías también han sido alcanzadas en lo que parecen ataques indiscriminados. Expertos de Amnistía Internacional examinaron los cráteres de impacto y los fragmentos de munición en varios de estos lugares y señalaron el uso de grandes armas explosivas no guiadas.
Los ataques del Ejército Nacional Libio también han dañado o destruido varias ambulancias y hospitales de campaña donde se atendía a combatientes heridos. El personal y las instalaciones médicas —incluidos aquellos donde se trata a combatientes enfermos o heridos— gozan de protección especial en virtud del derecho internacional humanitario y no deben ser objeto de ataques. Amnistía Internacional ha hallado que los combatientes del Gobierno de Acuerdo Nacional han utilizado hospitales de campaña e instalaciones médicas con fines militares, haciéndolos vulnerables a ataques.
El más mortífero de estos ataques fue el de un misil que impactó contra un hospital de campaña cercano al aeropuerto internacional de Trípoli el 27 de julio de 2019, en el que murieron cinco personal médico y de rescate y resultaron heridas ocho personas más.
Basándose en los fragmentos de misiles Blue Arrow 7 hallados en el lugar y en otros indicios, Amnistía Internacional determinó que el ataque había sido lanzado desde un dron Wing Loong, de fabricación china, operado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) para el Ejército Nacional Libio. La organización determinó también que el centro no estaba indicado como instalación médica y que también era utilizado por combatientes para comer y con otros fines.
Violación del embargo de armas de la ONU
A pesar de existir un embargo de armas de la ONU desde 2011, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han apoyado al Ejército Nacional Libio y al Gobierno de Acuerdo Nacional, respectivamente, con transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo.
“La comunidad internacional debe hacer cumplir el embargo de armas de la ONU, violado flagrantemente por Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y otros países”, ha manifestado Brian Castner.
“Todas las partes deben tomar de inmediato medidas concretas para proteger a la población civil con arreglo a las leyes de la guerra e investigar la conducta de sus fuerzas. Debe instituirse una comisión de investigación que abra el camino hacia la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias”, ha afirmado Donatella Rovera.
“Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben cooperar para instituir urgentemente este mecanismo, que podría determinar la responsabilidad de las violaciones y conservar las pruebas de los crímenes.”
