Más de 16 000 alegaciones contra la minería buitre en Las Villuercas

La expresión de rechazo social en España hacia los proyectos de la minería especulativa en el área del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ha quedado muy clara, tras finalizar el período de alegaciones contra los hipotéticos permisos planteados en los municipios extremeños de Logrosán, Cañamero y Berzocana. Además de esos ayuntamientos, ha presentado alegaciones la Mancomunidad de la zona (unos 13 000 habitantes de 19 municipios).

También otras instituciones como la dirección del Geoparque y Aprodervi (Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la Unesco de Villuercas-Ibores-Jara) han criticado anteriormente y expresado su rechazo a unos planes que ponen en peligro el desarrollo sostenible de la comarca.

Centenares de habitantes de la comarca se han movilizado durante los últimos meses acudiendo a actos informativos y asambleas, pidiendo detalles y personándose en el procedimiento legal. El número de alegaciones presentadas por la ciudadanía supera las 16 000, aunque resulta difícil hacer un cálculo preciso por la diversidad de posibilidades y vías administrativas utilizadas.

Dos ejemplos. En Berzocana (menos de 450 habitantes), ocho ciudadanos se personaron en el caso por ser afectados directos; y hasta 107 personas plantearon sus propias alegaciones. En Cañamero (1600 habitantes y cuyo término municipal es el más amenazado), un total de 778 ciudadanos y ciudadanas registraron alegaciones. En ese municipio, la cifra de personaciones (por sufrir la amenaza de daño a interés concreto) supera las 200. Se incluyen en ese número una treintena de empresas; el resto de esas personaciones corresponden a otros propietarios y afectados directos.

En general, alegantes y comparecientes de todo tipo consideran que les afecta –directa o indirectamente– en su forma de vida, a su entorno natural, por el perjuicio a su producción agrícola o ganadera.

También por el peligro que supone para la calificación de la UNESCO como Geoparque, lo mismo que para las áreas protegidas bajo amparo de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, donde se incluye la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). De esas calificaciones positivas se derivan diversas protecciones que hoy tienen un amplio eco en el desarrollo local; porque son decisivas para el sostenimiento del turismo medioambiental y de la red de hostelería de toda la Mancomunidad, donde Guadalupe y su monasterio se sitúan en pleno corazón de la comarca.

La mayoría de los alegantes señala esos problemas; también la amenaza contra los ríos, arroyos y el agua de las capas freáticas. Estiman, además, que una ley preconstitucional (como de la de 1973) no puede amparar un latrocinio como el que preparan allí las multinacionales de la minería buitre.

Se han presentado alegaciones también desde Madrid, Mérida y desde la capital cacereña (unas trescientas),  especialmente promovidas por la Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres, que se opone a un proyecto similar en las inmediaciones de la capital de la provincia. Y hay que recordar aquí que Cáceres es una de las primeras ciudades que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Su entorno está también amenazado por el mismo fenómeno multinacional de la minería a cielo abierto y especulativa.

Encuentro con el Director General de Minas de Extremadura

Días antes, el 9 de enero, los alcaldes de los tres municipios más afectados (Cañamero, Berzocana y Logrosán), junto a varios representantes de la Plataforma Salvemos Las Villuercas, se reunieron en Mérida con el director general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Samuel Ruiz Fernández, acompañado por dos personas de su equipo.

El encuentro fue cordial, pero no faltaron detalles inquietantes que se repitieron entre algunos silencios y la reiteración de respuestas elusivas por parte de la dirección de ese departamento de la administración regional. Varios afectados presentes tuvieron la impresión que la Junta de Extremadura considera rutinaria y banal la posible concesión de permisos para practicar catas y calicatas en el Geoparque. Asimismo, y de manera muy específica en lugares como el área de producción olivarera de Cañamero o en el área de frutales de Berzocana. El daño más elevado podría alcanzar a los lotes de La Colonia, donde se mantiene -desde hace casi un siglo- un histórico reparto social de tierras. La Colonia de Cañamero -también conocida como Los Lotes- es fundamental para la economía de esa localidad. Por razones de historia social, también es un elemento muy importante de la identidad local.

Durante el encuentro, la mayoría tuvo la impresión de que la Dirección General de Minas de Extremadura tiene un concepto mecánico de esos polémicos permisos. Apenas parece percibir otro aspecto que el procedimiento legal, sin pensar en el daño que las catas mismas pueden causar a los propietarios de las fincas afectadas o a la recalificación del Geoparque por parte de la UNESCO. “Futurible poco probable”, fueron los términos utilizados para intentar calmar la inquietud de los afectados. Como si las fases anteriores a la explotación final fueran “neutras” para el paisaje o la producción agrícola.

Los alcaldes asistentes y los representantes de la Plataforma explicaron diversos aspectos de la arqueología, la producción agraria. Por añadidura, y de manera muy específica,  la historia y las peculiaridades de La Colonia agrícola de Cañamero (formada por unos 450 lotes de tierra). Ya al empezar la reunión, el alcalde, Felipe Cerro, entregó un detallado paquete de cartas y documentos que incluían todos los aspectos del problema.

Como respuesta, los afectados apenas recibieron una explicación -reiterativa de palabra y en forma de power-point– sobre el procedimiento y la vía a seguir en las alegaciones. Dos personas afectadas que asistían a la reunión, Luis Montes y Pilar Rubio (de Cañamero), fueron tajantes al escuchar que llegado el caso serían indemnizadas legalmente si las prospecciones seguían adelante: “Hablan ustedes de nuestra forma de vida. Y no todo se paga con dinero”, contestaron al unísono.

En algún momento del encuentro, salió a la luz el origen poco claro de la iniciativa interesada de las multinacionales de la minería que ni siquiera aclaran en qué país tienen sus raíces y donde sitúan sus sedes principales.

Felipe Cerro insistió en que esos planes mineros son incompatibles con el desarrollo sostenible de la zona Villuercas-Ibores-Jara. Porque no sólo chocan con la protección y el programa de la UNESCO relativo a los geoparques, sino también contra la protección de aves definida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea y amparada en la ZEPA local (Zona Especial de Protección de Aves). Las Villuercas, además, tienen una orografía y unos orígenes geológicos que incluyen sus relieves en el Sendero Internacional de los Apalaches.

Los asistentes dieron las gracias al Director de Minas de la Junta de Extremadura por recibirles, pero dejaron claro sobre la mesa el amplio rechazo social hacia la posibilidad de concesión de permisos para sondeos y catas. “Simplemente no queremos entrar en esa lotería”, resumió el alcalde de Cañamero.

Al final, las potenciales cifras de empleo a crear -manejadas como señuelo para atraer la benevolencia de los habitantes de Las Villuercas- resultan minúsculas. Y no se compadecen con el desastre social y ambiental que provocaría la apertura de minas a cielo abierto en ese entorno natural. Incluso las simples exploraciones iniciales pueden causar daños graves en una comarca que basa su desarrollo en sus valores agrícolas, arqueológicos, paleontológicos, culturales y medioambientales.