Abuso y violación de niñas mexicanas antes de los 15 años
Alicia Mendoza dice en SemMéxico (Servicio Especial de la Mujer) que más del 8 % de las mujeres mexicanas sufren abuso sexual antes de los 15 años. Como consecuencia, cada minuto hay una adolescente que se convierte en madre.
“No me gustan los vestidos de colores pastel, llevaba uno cuando me atacaron sexualmente a los cinco años. Mi familia no lo sabe. Durante años no pude pensar en ello sin llorar”, así lo relató, hace un año, Luisa, de 25 años de edad, durante la campaña feminista a través de redes sociales #MiPrimerAcoso donde miles de mujeres denunciaron la primera vez que fueron violentadas sexualmente, de niñas.
#MiPrimerAcoso dejó en claro que el 90 % de las mexicanas que participaron en redes sociales hace un año, vivieron el primer abuso sexual antes de cumplir 17 años de edad.
Estudios de organismos multilaterales indican que en Latinoamérica y el Caribe, entre el 7 y el 36 % de las mujeres sufrieron algún tipo de abuso sexual en la infancia, cuya consecuencia más dramática es el embarazo infantil.
En México, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2006 revela que el 17 % de las féminas informaron haber sufrido violencia sexual, y la mitad (8.5 %) declaró que este abuso ocurrió antes de los 15 años de edad.
En los últimos años, la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes en la región latinoamericana se hizo notoria por la difusión de casos de niñas embarazadas después de haber sido víctimas de violencia sexual y obligadas a continuar con el embarazo.
Ello constituye un conjunto de violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes, agravadas por las prohibiciones legales del aborto, la desinformación sobre estos hechos, la existencia de legislación que perpetúa los estereotipos de género, y la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el aborto es legal.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) en su “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”, elaborado en 2016, deja claras las anteriores afirmaciones.
Igualmente, los datos analizados tras las movilizaciones feministas del 24 de abril del presente año 2017, en 27 entidades mexicanas, conocida como #24A, #MiPrimerAcoso, que recibió testimonios de 78 000 mexicanas que twittearon ese hashtag, señalan que el 59 % fueron violentadas sexualmente por primera vez entre los 6 y 10 años de edad, y el 33 % cuando tenían entre 12 y 16. Esta campaña fue impulsada por las feministas Catalina Ruiz Navarro y Estefanía Vela Barba.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen en el mundo dos millones de partos de niñas menores de 15 años, hechas adultas intempestivamente. De acuerdo a esta instancia internacional, América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron, y se prevé que sigan el mismo signo al menos hasta el año 2030.
Para el Mesecvi, la violencia sexual y estructural contra niñas y adolescentes se hace aún más compleja si se tiene en cuenta que, además de los embarazos tempranos, mala salud física y psicológica, se limita el derecho al pleno desarrollo de las niñas, y afecta a su proyecto de vida. Advierte de que son obligadas o forzadas a culminar estos embarazos. Ello afecta más a las más pobres, sostiene.
Niñas en México, cifras
La población infantil en México representa la tercera parte del total. En 2015, de acuerdo con el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), habitaban en el país 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años de edad.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que en 2014, más de la mitad de la población infantil y adolescente vivía en situación de pobreza, concretamente, el 53.9; es decir, 21,4 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanas, de los cuales, 4,6 millones se encontraban en pobreza extrema; y que la carencia que más afecta a la niñez es la seguridad social (62,6 %) seguida por la carencia a acceso a la alimentación (27,6 %).
Unicef señala que algunos de los principales factores facilitadores o de riesgo de sufrir violencia durante la infancia son el trabajo infantil, la situación de calle, los desplazamientos solitarios, la falta de seguridad, la falta de familia y hechos como cuando las niñas son entregadas a hombres o a familias para que les den comida y vivienda a cambio de trabajo.
La Mesecvi y la OEA apuntan que “a la gravedad de esta situación se suma que las mujeres y niñas que son víctimas de violencia difícilmente buscarán atención médica por miedo o estigma. Así mismo, suelen tener menos acceso a servicios de salud, anticoncepción oral de emergencia, o a la terminación de un embarazo forzado, lo que facilita un patrón mayor de violencia que se extiende a lo largo de la vida”.
Además a la violencia sexual que suponen los embarazos tempranos, la violencia de género es más alta en mujeres que tuvieron su primer hijo o hija en una edad más joven, indica el informe de Mesecvi; además de que tienen criaturas de bajo peso, se genera la deserción escolar y hay menos salud. Estas niñas tienen un crecimiento acotado, sufren negligencia o desnutrición y, en general, la violación del derecho de las niñas a vivir libres de violencia, crecer y ser educadas libres de estereotipos.
El embarazo adolescente
Por su parte, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) señala en su informe “Niñas Madres” que la mayoría de los embarazos infantiles son resultado de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos o extraños, a diferencia de lo que sucede en los embarazos de las adolescentes entre los 15 a 19 años, que pueden ocurrir con mayor frecuencia como consecuencia de la iniciación sexual temprana.
Coincide con Unicef cuando sostiene que, en México, la mayoría de las agresiones sexuales contra las niñas y adolescentes en 2012 ocurrieron en sus hogares, en las escuelas y otras, las menos, en la vía pública.
Para la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños y niñas, el agresor es familiar directo, y 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual infantil es contactado a través de Internet, número que, de no supervisarlos de forma adecuada, se prevé irá creciendo rápidamente debido a la gran accesibilidad.
Esta asociación civil destaca que en 2013 hubo un total de 5736 denuncias por este delito. Sin embargo, se estima que éste representa tan sólo el 10 % del total de abusos sexuales que suceden, y de éstos, en solamente el 1,5 % de los casos se denuncia al agresor. Ello se agrava para la adolescencia temprana. La violencia sexual contra las niñas tiene múltiples afectaciones sobre el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, al desarrollo integral y al conjunto de derechos humanos necesarios para desarrollar integralmente la personalidad.
La OMS estima que las niñas menores de 16 años corren un riesgo de mortalidad materna cuatro veces más alto que las mujeres de entre 20 y 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es un 50 % superior.
Frente a la violencia sexual contra las niñas en la región dentro del grupo de 10 a 14 años, la OEA hace hincapié en tres graves violaciones adicionales a los derechos de las niñas establecidos en los tratados internacionales de protección de derechos humanos, que perpetúan la violencia sexual y la violencia estructural de las que han sido víctimas: el embarazo infantil forzado, el matrimonio infantil forzado y la impunidad.
Sobre el embarazo infantil forzado, el cual se produce cuando una niña menor de 14 años queda embarazada y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. Según el Unicef, hasta antes del 2014, el 9,55 % de las adolescentes entre 15 y 17 años que vivían en México “han estado alguna vez embarazadas”.
De acuerdo con el informe de la OEA, México reportó en 2012 un porcentaje total de 19,4 % de nacimientos registrados en madres niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y una tasa de abortos en niñas y adolescentes del 24 %.
De los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México registra la tasa más alta de embarazo adolescente, con un promedio de 1252 partos diarios. Esto significa que, cada minuto, una niña o joven se convierte en madre.
Para el Comité de Expertos Violencia (CEVI) la mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años resulta la máxima expresión de la gravedad de las violaciones múltiples a los derechos humanos de las niñas, en tanto son embarazadas como consecuencia de una violación y luego mueren a consecuencia del embarazo forzado que, por acción u omisión del Estado, deben mantener.
Legislación: anticoncepción y matrimonio infantil
Por todo ello, el Poder Legislativo en México ha lanzado acciones urgentes para prevenir y erradicar el embarazo infantil. En la Cámara de Diputados existe una minuta, ya aprobada por el Senado, para otorgar carácter prioritario a las acciones de anticoncepción realizadas por las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como por lo menos dos iniciativas más de diputadas. Además, el Consejo Nacional de Población ha lanzado este año la campaña en medios de comunicación, “No te calles”, para denunciar el abuso sexual infantil.
Por su parte, Unicef indica que en México, hasta antes del año 2014, el 23,75 % de las mujeres se casaron o vivieron en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. Los tres estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de matrimonio infantil son Chiapas (44,82 %, Guerrero (42,41 %) y Oaxaca (39,17 %).
Por ello, el año pasado en México se declaró al 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, conmemoración establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el Senado de la República existe en comisiones o archivos diversas propuestas o iniciativas para que las autoridades federales, de los estados, municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, refuercen acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.
