México se convirtió este 1 de junio 2025 en el primer país que elige a la totalidad de sus jueces mediante el voto popular de sus ciudadanos, aunque en el proceso concurrió a sufragar apenas trece por ciento del padrón electoral, informa la IPS.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que «la elección histórica del poder judicial ha sido todo un éxito. Cerca de trece millones de mexicanos salieron a ejercer -por primera vez en la historia- su derecho a decidir quiénes deben ser los nuevos ministros, magistrados y jueces».
«Sí, México es el país más democrático del mundo», celebró la mandataria.
Estados Unidos y Suiza eligen a jueces en algunas circunscripciones mediante el voto popular, y de igual modo Bolivia escoge a la cúpula de su poder judicial, pero México se estrena como el que escoge con voto universal a los titulares de los 2681 tribunales que existen en este país de 130 millones de habitantes.
Casi ocho mil candidatos se postularon para cubrir esas plazas, muchos de ellos perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de los electores, que debían rellenar seis papeletas de distintos colores según el nivel de los cargos a escoger, lo que incidió en una participación menor al quince por ciento que vaticinaban varias encuestas.
La elección popular de los jueces fue un proceso impulsado por el expresidente de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), con mayoría en el parlamento y al que también pertenece Sheinbaum.
López Obrador, alejado de la vida pública tras entregar la presidencia a Sheinbaum el pasado 1 de octubre, reapareció para sufragar en la elección de este junio en el sureño estado de Chiapas, se mostró feliz y en un breve contacto con la prensa dijo que «me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático».
Partidos políticos opositores, organizaciones de derechos humanos del país e internacionales, y responsables del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas habían criticado el mecanismo de la elección popular de los magistrados.
En particular, señalaban los riesgos de politización, de ocupación de cargos a partir de la popularidad y no de las cualidades, y sobre todo de que las organizaciones delictivas que en México controlan o gravitan sobre territorios consigan colocar fichas suyas como jueces que decidan sobre su actividad y culpas.
El oficialismo presentó la elección popular de los jueces como un mecanismo no solo democrático sino más eficaz para contrarrestar la corrupción judicial y hacer frente a la impunidad, que alcanza en algunas áreas hasta 90 por ciento de los delitos registrados.
Los resultados demorarán unos diez días en conocerse, porque el escrutinio no se hizo en las mesas de voto sino que se hará en los centros del arbitral Instituto Nacional Electoral, comenzará con los ministros (magistrados) de la Suprema Corte de Justicia y seguirá con los jueces de circuitos, distritos y municipios.
Como parte de la reforma judicial que sancionó el Congreso, la Suprema Corte se reduce de once a nueve en el número de miembros, quienes durarán doce años en sus funciones, en vez de los actuales quince.
Solo tres de los actuales miembros de esa Corte, considerados como próximos al oficialismo, participaron en la elección de la víspera. Otros ocho, quienes renunciaron a sus cargos y a reelegirse, fueron detractores de la reforma judicial porque consideran que pondrá en peligro la independencia de ese poder.
La reforma judicial incluyó la creación de un Tribunal Disciplinario de la magistratura, una corte con cinco miembros encargados de vigilar y con poder para sancionar a los jueces. El oficialismo avaló a treinta de los 38 candidatos a esa corte.
México prevé elegir otros mil puestos judiciales en el año 2027.
