Pandora Papers: cómo la industria de defensa de la riqueza recibe millones por esconder billones

Marc Tassé[1]

La investigación del Consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ), una oficina de prensa y una red de periodistas sin ánimo lucrativo con sede en Washington DC; sobre los Pandora Papers, ha revelado que siguen existiendo paraísos fiscales para quienes buscan esconder su riqueza.

Sin embargo, de lo que no se habla tanto en la cobertura mediática de los Pandora Papers es de los facilitadores, aquellos que se dedican a ayudar a los más pudientes a enriquecerse aun más, y a transmitir su patrimonio evitando, o defraudando al fisco.

Ellos permiten a los delincuentes, y a los cleptócratas, blanquear sus activos mal adquiridos. Quizá no son tan ricos como sus clientes, pero reciben millones por esconder billones.

La industria de defensa de la riqueza

Desde hace mucho existe una «industria de defensa de la riqueza» bien asentada, formada por diversos profesionales -consejeros, banqueros, abogados, contables, notarios, agentes inmobiliarios y otros- que se sirven de sociedades pantalla, oficinas de gestión del patrimonio, cuentas en el extranjero y fiducias, para ayudar a los más ricos del mundo a proteger su patrimonio de los recaudadores de impuestos.

Esos «facilitadores», espléndidamente remunerados, ayudan a los oligarcas, los dictadores y los delincuentes del mundo entero.

Los grandes medios ya han hablado mucho de los delitos, abusos y fechorías financieras de estados maliciosos y de ricos particulares, pero ¿qué pasa con los intermediarios del sistema financiero que se ocupan de los detalles y que proporcionan mecanismos de evasión a los delincuentes?

Algunos miembros de las élites pagan a profesionales y empresas de renombre para abrirles puertas políticas, presionar contra las sanciones, pelear batallas legales o blanquear dinero y reputaciones. Al hacerlo, esas instituciones y esos particulares empujan los límites de la ley y atentan contra los principios de nuestra democracia.

Según el informe de investigación 2020 de Deloitte (auditora multinacional británica) sobre la preparación a la lucha contra el blanqueo de dinero, el total del dinero blanqueado anualmente sería el equivalente al 2,5 por ciento del PIB mundial, es decir entre 800.000 millones y dos billones de dólares US.

Los archivos FinCEN del ICIJ nos brindan una visión sin precedente de un mundo secreto de bancos internacionales, clientes anónimos y, en muchos casos, delincuencia financiera.

Muestran cómo los bancos transfieren dinero a ciegas, a través de sus cuentas, a personas que no pueden identificar, no reportando hasta después de varios años transacciones que tienen todas las características del lavado de dinero, y tratando incluso con clientes involucrados en fraudes financieros y escándalos de corrupción pública.

Los estragos del «dinero oculto»

La corrupción y las malversaciones financieras son, por su propia naturaleza, secretas y a menudo muy complejas. El dinero oculto, o dinero negro (esencialmente las cantidades gastadas para influir en los resultados políticos  sin revelar la fuente del dinero), compra el acceso a los tribunales y a los políticos, lo que hace que la sociedad sea menos justa y menos equitativa.

Lo que a menudo distingue a los ricos ordinarios de los miembros de la oligarquía, es que los oligarcas invierten en la defensa de la riqueza. Utilizan su poder y su riqueza para acumular aun más, para presionar a los políticos y para manipular las reglas del juego y adaptarlas a su conveniencia.

Uno de los retos en la lucha contra la delincuencia financiera es la carrera mundial de fondo entre los paraísos fiscales, intentando todos atraer clientes ofreciendo incentivos más lucrativos y un mayor nivel de confidencialidad para las empresas. Los facilitadores de la industria de defensa de la riqueza elaboran y comercializan estrategias, estructuras y sistemas que permiten eludir las obligaciones fiscales y los controles reglamentarios.

Las bases de datos de la propiedad efectiva, concebidos para luchar contra el blanqueo de dinero, son medidas cada vez más populares en todo el mundo desde la publicación de los Papeles de Panamá, que llamaron la atención de la comunidad internacional sobre los impactos sociales del anonimato corporativo.

Si esta tendencia continúa se espera que el número cada vez mayor de gobiernos que instituyen iniciativas de beneficiarios reales y transparencia fiscal obligue a los paraísos internacionales restantes, como las Bermudas, las Islas Caimán y Malta, a hacer lo mismo para evitar ser excluidos del sistema financiero mundial.

Signos prometedores

Mientras tanto, muchas jurisdicciones continúan eludiendo a las agencias de aplicación de la ley que siguen los rastros del dinero de los evasores de impuestos, y los delincuentes.

A pesar de las deficiencias obvias en materia de reglamentación y aplicación, así como la aparente ausencia de voluntad política para acabar con esas lagunas en la práctica, hay indicios alentadores de que los gobiernos de todo el mundo se sienten presionados a actuar.

La demanda mundial de transparencia y responsabilidad no deja de aumentar. A esto se suman los llamamientos para luchar contra la creciente desigualdad de la riqueza, así como la presión de los inversores para que se adopten los principios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Aunque estos factores ayudan a atraer la atención de políticos de alto nivel, la cínica realidad es que la primera motivación de esos dirigentes probablemente no es otra que la grave y alarmante tendencia a la disminución de los ingresos fiscales. El respaldo al concepto de una tasa impositiva global mínima del 15 por ciento por parte de los líderes políticos del G7, en su cumbre de junio de 2021, es una clara indicación de que los vientos de cambio están comenzando a soplar.

El actual modelo no es viable. Las realidades fiscales, así como la presión y la necesidad políticas, van a obligar a los dirigentes a actuar. Dentro de poco no serán suficientes sus discursos sobre la desigualdad de la riqueza y el desequilibrio del poder, porque permiten a la industria de defensa de la riqueza, y a sus clientes, eludir el sistema y evitar pagar su parte justa.

Se requieren mayor transparencia y mayor responsabilidad para desenmascarar a los facilitadores y reducir las lagunas que permiten a los delincuentes, las personas adineradas y las empresas, actuar con impunidad.

  1. Marc Tassé es profesor Asociado de la Universidad de Ottawa (Canadá).
    El artículo se ha publicado originalmente en el digital  francés The Conversation.
  2. Traducción: Mercedes Arancibia

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