Periodistas asesinados en México por la relación “perversa” de editores y el poder

Adazahira Chávez (desinformémonos): la muerte de Gregorio une el gremio periodístico con las organizaciones sociales

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Periodistas, fotógrafos y reporteros se movilizan en protesta por el asesinato de Gregorio Jiménez. Foto: CUARTOSCURO

Las graves agresiones a periodistas en México –la más reciente de ellas, la desaparición y asesinato del reportero Gregorio Jiménez en Veracruz- tienen su raíz, sobre todo, en la relación “perversa” de los dueños de los medios y el poder, acusa la comunicadora Daniela Pastrana, integrante de Periodistas de a Pie, organización que defiende la libertad de expresión y el ejercicio crítico de la labor periodística.

“Tal vez es el crimen organizado el principal asesino de periodistas en este país, pero los que nos ponen la soga al cuello y nos amarran para que los otros nos hagan daño son los gobiernos y los propios dueños”, precisa la comunicadora.

El asesinato del hombre que cubría la fuente policiaca para los diarios NotiSur y Liberal del Sur, “es un ejemplo más del estado de violencia en el que viven los periodistas en Veracruz y de cómo las autoridades son incompetentes al momento de investigar, pues no agotan la línea periodística en la investigación del crimen”, denuncia Sebastián Aguirre, integrante de la asociación de protección a periodistas Artículo 19.

Gregorio Jiménez, reportero autodidacta de Veracruz, fue secuestrado por un comando armado en su casa el 5 de febrero. Después de protestas de periodistas mexicanos y de otros países, el cuerpo de Goyo apareció el día 11 del mismo mes en una fosa clandestina, junto al cadáver de un hombre, víctima de un secuestro que Jiménez denunció. Ninguno de los mecanismos federales de protección a periodistas se ocupó del caso, y las autoridades veracruzanas desde el primer instante declararon que se trató de una venganza “personal”. La familia afirma que se trató de un homicidio debido a su labor, pues denunciaba las actuaciones del crimen organizado en su zona y recibió amenazas.

El fin de semana de 15 y 16 de febrero, una misión de periodistas y defensores de derechos humanos se apersonó en Coatzacoalcos para “hacer patente nuestra solidaridad con familiares, amigos y compañeros de Gregorio Jiménez” a nombre de comunicadores de todo el país. Se trata de un hecho inédito, señalan, pues consideran “inaceptable” una agresión más contra reporteros locales. La misión alertó ante las presiones contra los colegas que se manifiestan en contra del crimen, exigió a las autoridades federales atraer el caso y recalcó que no aceptarán el móvil de la venganza personal como única línea de investigación.

“Es la gota que derrama el vaso. Hemos acumulado agravios desde hace un buen tiempo y esto es la peor señal cuando ya se crearon, después de muchas movilizaciones y reclamos de los periodistas, mecanismos de protección: el federal, la fiscalía federal, la comisión en Veracruz, una fiscalía especial en ese mismo estado, y siguen pasando estas cosas”, denuncia la Pastrana.

La muerte de Gregorio no es sólo una ausencia física, sino “la ausencia de instituciones que garanticen que el ejercicio de la libertad de expresión no corra riesgos”, apunta Elfego Rivero, periodista de la emisora veracruzana Radio Teocelo.

Los entrevistados equiparan lo sucedido con el caso de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, asesinada en abril de 2012 y cuyo presunto homicida –al igual que los inculpados por el homicidio de Goyo- declaró que fue torturado para autoincriminarse. En el caso de Gregorio Jiménez, el mismo día del hallazgo del cuerpo las autoridades presumieron una “venganza personal” como motivo; para Regina, el presunto móvil fue el robo. “En ambos casos la persona encargada de investigar es Enoc Maldonado. ¿Qué podemos esperar de una persona que ya demostró incompetencia al realizar una averiguación?”, cuestiona Aguirre.

La situación es insostenible, apunta Pastrana, periodista especializada en derechos humanos, movimientos sociales y política social. “Lo era desde la primera ola de asesinatos en Veracruz, con Milo Vela, Yolanda Ordaz, cuando tuvieron que salir desplazados los primeros veinte periodistas de ese estado. Luego lo fue más con lo de Regina y los colegas del puerto, que fue la segunda oleada, y ahora esto. No sé qué pretenden que hagamos o cuántos más esperan que se mueran para realmente poner a funcionar las cosas que crearon para eso”.

Goyo, padre de siete hijos y activo gestor de servicios para su colonia, según atestiguan sus vecinos a los medios de comunicación locales, aprendió a hacer periodismo en la calle, ayudado por el clásico Manual de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín. Firmó muchas de sus notas con el seudónimo “El Pantera” o desde la redacción del medio.

Desprotección de los trabajadores de medios

Sebastián Aguirre, integrante de Artículo 19, señala que si bien es difícil decir que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo –pues además de las agresiones graves se deben considerar otras formas de presión contra los comunicadores-, sí es uno de los más peligrosos, y Veracruz destaca entre todos los estados.

El defensor de comunicadores destaca la importancia de la labor periodística para la sociedad. “El asesinato de un periodista es cortar flujos informativos. No sólo se silencia a un periodista, sino que se intimida a todo el gremio que quiere ejercer un periodismo crítico o investigar los mismos temas que el asesinado”.

Artículo 19 tiene documentado que desde el año 2000, 75 periodistas fueron asesinados por su posible labor informativa; 15 de ellos en Veracruz, 10 durante la administración del gobernador Javier Duarte –que inició su periodo el 1 de diciembre de 2010. En la mayoría de las agresiones que Artículo 19 ha documentado, precisa Aguirre, las agresiones vienen de servidores públicos. Además, el motivo es que los periodistas escriben sobre la corrupción dentro del Estado y su vínculo con grupos del crimen organizado.

Daniela Pastrana profundiza en la explicación. “Lo que ocurre es que la mayor parte de las agresiones provienen del mismos gobierno, y ellos mismos las alientan desde sus prácticas. Han mentido permanentemente a la hora de hacer las investigaciones; han querido engañarnos con cuestiones publicitarias y estrategias de comunicación. Si ellos no son los responsables originales, son los que han provocado que esta situación llegue a estos extremos”.

Condiciones estructurales y condiciones coyunturales

La situación para los periodistas en México “es grave. Prácticamente ningún estado se salva”, afirma Pastrana, y señala que en todas partes hay desprecio por el trabajo del periodista de parte de las autoridades.

De los escenarios malos, reconoce Pastrana, Veracruz es “lo que sigue al peor. Es un territorio donde la impunidad con la que se cometen los asesinatos y agresiones proviene de las mismas autoridades. Estos señores del gobierno de Veracruz no se han enterado que el país cambió y hay periodistas que no quieren seguir trabajando en ese esquema del priismo más rancio de control de los medios. Y quieren controlarnos como siempre”.

Las causas coyunturales de la violencia contra los periodistas tienen que ver con la guerra contra los cárteles declarada por el expresidente Felipe Calderón, “que lo hizo sin ton ni son y nos afecta a los periodistas igual que a los médicos, maestros y todos los demás”, explica la reportera.

También hay causas estructurales, agrega Pastrana, y tienen que ver con la relación “perversa” que se creó entre los gobiernos y los medios, “que se volvieron sus empleados. Esto se formalizó durante el gobierno de PRI (Partido Revolucionario Institucional). Esta estrategia de cooptación se basa en no aceptar que tenemos un rol en la sociedad que es justo el fiscalizarlos”.

“Los periodistas tienen que lidiar con dueños y directores que muchas veces, asociados al poder, los ningunean, agravian, descalifican y censuran”, coincide el veracruzano Rivero.

Artículo 19, en un comunicado, señaló que cuenta con información que indica que desde hace más de seis meses un grupo criminal amenazó a medios de comunicación del sur de Veracruz para que no publicaran información sobre sus actividades criminales.

Gregorio Jiménez, además de trabajar para dos periódicos, fotografiaba eventos sociales, ayudado por su esposa. Hace unos meses, recibió amenazas por denunciar las actividades ilícitas que se practicaban en un bar de la zona –aparentemente, propiedad de la hoy detenida como autora intelectual de su asesinato, Teresa de Jesús Hernández. También denunció el secuestro del líder de un sindicato charro, que nadie más publicó. Con este hombre compartió la fosa clandestina a la que lo arrojaron.

El caso de Gregorio, consideran los entrevistados, ejemplifica a la perfección lo que significa ser periodista en México. “Trabajar para tres medios, tener que tomar otro trabajo para poder completar el salario –un práctica muy común en los estados porque ningún medio valora lo que implica el trabajo del periodista-, y estar totalmente desprotegido, sin ningún protocolo de seguridad, sin ninguna capacitación, publicando como dios nos da a entender, sin tener ni idea de a quién se le puede llamar cuando tienes alguna amenaza”, detalla Pastrana.

Los diez periodistas muertos durante el periodo de Duarte “coinciden con el hecho de que en sus manos estuvo cierto nivel de información que podría poner en evidencia las relaciones de gobernantes con delincuentes”, precisa Elfego Rivera. La falta de investigación, considera, confirma que son crímenes de Estado, “y la delincuencia organizada no podría existir si no fuera porque está asociada a los negocios con los funcionarios en turno”.

La inutilidad de los mecanismos de protección

La Fiscalía de Veracruz –tanto en este caso como en los anteriores- no ha hecho una investigación plena y exhaustiva sobre la línea periodística, como es su obligación, denuncia Sebastián Aguirre.

En cuanto la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República, “decir actuación ya es mucho. No han emitido ni un comunicado ni un posicionamiento. Tampoco el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos lo hizo”, denuncia el integrante de Artículo 19. Explica que la indiferencia de los mecanismos federales destinados a atender a los periodistas se puede explicar en gran parte por falta de interés o de competencia. ¿Y no será que les interesa que los periodistas tengan miedo?, se le interroga. “Esa podría ser una lectura”, admite el defensor de periodistas. “Les interesa que la impunidad continúe y que el miedo se propague”.

La reacción de los periodistas y qué hacer

El periodista de Radio Teocelo distingue que en Veracruz hay un sector del gremio que no se manifiesta por miedo a los dueños de los medios, “que en un 99 por ciento están asociados a los intereses gubernamentales”. Pero “sí hay un intento de hacer un periodismo digno, aún a contracorriente”.

“Hay cierta deseperanza”, continúa el comunicador, “porque en corto tiempo ya son 10 muertos. Hay quien se atemoriza, quien se autocensura, quien se va del estado o busca otra forma de subsistir, pero también hay un ambiente de reivindicación. Pero también aparecen espacios de diálogo entre el gremio que permitirán en el corto plazo mecanismos de auto protección, de protocolos, de no censura, en fin, revertir lo que está ocurriendo en el estado”, señala Rivero.

Pastrana valora que a partir de las manifestaciones en las que han estado en Periodistas de a Pie –como “Los queremos vivos” en 2010, y las realizadas contra el asesinato de Regina Martínez- hay un cambio importante en la actitud de los periodistas, que hace tres años no se hubieran imaginado protestando, enfrentándose a sus jefes y gritando ya basta.

“Creo que eso es bueno. La actitud de los reporteros de Coatzacoalcos y del resto de Veracruz, de algunos colegas que se pusieron al frente, la de Sayda Chiñas –jefa de Gregorio que decidió dar la cara por su reportero-, es una cosa que debemos destacar y valorar. El escándalo que se ha hecho hoy no habría sido posible si no hubiera un cambio de actitud de muchos colegas que hace un año o dos estaban apanicados, temían perder el trabajo o ni siquiera sabían que tenían esa fuerza. Esto ya no va para atrás”, valora la reportera.

La mejor forma de revertir la situación de riesgo de los periodistas no es repartirles chalecos antibalas o botones de pánico, sino que haya investigación y castigo hacia quienes los agreden, precisa Aguirre. “Los agresores se dan cuenta de que es muy fácil hacerlo si no se va a investigar. Si no lo hacen con un homicidio, menos con una amenaza o intimidación”, considera el integrante de Artículo 19.

Pastrana señala que en Periodistas de a Pie valoran que la presión y la queja se tienen que mantener, “no podemos volver a aceptar esta burla tan tremenda, pues todos los informes de los colegas de Veracruz señalan que a Gregorio lo mataron cuando ya había iniciado la presión y la demanda. ¿Entonces para qué están todas las instituciones?”.

La segunda parte que se tiene que concretar es desnudar a todos los personajes del poder que están involucrados en las relaciones mafiosas, continúa. “Se trata de articular investigaciones periodísticas, que es lo que sí sabemos hacer, sobre todo lo que ocurre en Veracruz y el país. Necesitamos documentar la corrupción, demostrar que es sistemática y hacer ver quiénes son los responsables de cada cosa, porque la corrupción no es un ente abstracto, tienen nombres y apellidos en cada instancia del gobierno. Lo que nos toca es trabajar muchísimo para hacer visible todo eso”, finaliza Pastrana.

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