La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los Colegios de Periodistas de Andalucía y Murcia reclaman al gobierno que la nueva Ley de Propiedad Intelectual reconozca y regule los derechos de autor de los periodistas y solicitan una mesa sectorial para estudiar un eventual plan de ayudas a los medios que busque recuperar el empleo en el sector.
Los colectivos profesionales citados han presentado este 4 de julio, la primera experiencia común de defensa de los derechos de autor de los profesionales de la información.
Estas organizaciones consideran que el Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el Gobierno enviará próximamente al Parlamento “no reconoce ni regula adecuadamente los derechos de autor de los periodistas”, según han declarado en rueda de prensa la presidenta de la FAPE, Elsa González, el vicepresidente de esta organización, Nemesio Rodríguez, y el presidente del FOP, Mariano Rivero.
La Plataforma propone un reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas en orden a la Comunicación de la Comisión Europea para un Mercado Único de la Propiedad Intelectual de 24 de mayo de 2011, que reconoce los derechos de los periodistas como «autores» de los trabajos que se publican en los medios escritos, radiofónicos o audiovisuales, y la necesidad de que los gobiernos protejan estos derechos, tanto morales como materiales.
“Los editores se amparan constantemente para cercenar estos derechos de autor en que un periódico es una obra colectiva y que por ello detentan los derechos sobre la totalidad de sus contenidos. Mientras nosotros sostenemos que una publicación periódica no es una obra colectiva, sino que se debería calificar de obra compleja en la que distintos autores perfectamente identificados insertan distintos trabajos, como puede ser una crónica, un análisis o un reportaje, además de incluir otros contenidos», ha criticado el presidente del FOP, Mariano Rivero.
“Compartimos la reclamación de los editores españoles a Google, entendiendo que la eventual remuneración que se consiga por el uso de los contenidos, sin ser excluyente tenga en cuenta también la compensación a los periodistas en reconocimiento de sus derechos de autor”, han subrayado Elsa González y Mariano Rivero, quienes han puesto como ejemplo los casos alemán y francés, particularmente el segundo por el acuerdo alcanzado entre los editores de aquel país y el indexador de contenidos.
Llamamiento
Los promotores han aprovechado la presentación de la Plataforma para hacer un llamamiento al Gobierno y al Parlamento para que el Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual recoja las recomendaciones de la Comisión Europea en su comunicación de 24 de mayo de 2011, al tiempo que solicitan ser convocados como representantes de la gran mayoría del sector, para que tenga en cuenta la opinión de todos los implicados en esta materia.
Los convocantes también solicitan al Gobierno una mesa sectorial para estudiar un eventual plan de ayudas a los medios que busque recuperar el empleo en el sector.
La FAPE ha solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que retire el informe de los expertos sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para la reforma de esta norma, argumentos que ha remitido al titular de Justicia en un informe elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid. La primera organización de periodistas de España ha mostrado su total desacuerdo con la reforma al entender que coarta la libertad de información.
Acuerdos:
La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los Colegios de Periodistas de Andalucía y Murcia han acordado crear una plataforma común de defensa de los derechos de autor de los periodistas.
Las organizaciones antes mencionadas han enviado a José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, responsable de esta reforma, sus propuestas sobre la LPI.
La reclamación se sostiene en las recomendaciones de la Comisión Europea para un Mercado único de la Propiedad Intelectual, de fecha 24 de mayo de 2011, que reconoce los derechos de los periodistas como «autores» de los trabajos que se publican en los medios escritos, radiofónicos o audiovisuales, y la necesidad de que los gobiernos protejan estos derechos, tanto morales como materiales.
La Comisión menciona en el apartado 3.3 que “los autores y demás creadores esperan una retribución justa por el uso de sus obras, ya sean libros, artículos de prensa, grabaciones de sonido, interpretaciones y ejecuciones artísticas, películas o fotografía”.
Ello implica el derecho de los periodistas a que se respete la integridad de su obra, se reconozca su autoría y a que reciban una compensación material por su difusión o por su reutilización.
En el apartado 3.3.5 de las recomendaciones, la Comisión subraya que los periodistas “son los autores” y que es “esencial” para preservar un periodismo independiente, profesional y de alta calidad proteger sus derechos de autor y garantizar que puedan decidir sobre la forma en que desean que sus trabajos sean explotados.
A este respecto, añadía, es importante que esta protección se extienda a los trabajos de los periodistas y de los editores trabajos, sobre todos a la vista del desarrollo de los servicios de agregación de noticias.
Las recomendaciones de la Comisión confirman lo que los editores españoles niegan sistemáticamente: que los periodistas son los autores de la información y que tienen derecho a percibir una remuneración por su difusión y reutilización.
Los editores se amparan constantemente para cercenar estos derechos de autor en que un periódico es una “obra colectiva” y que por ello detentan los derechos sobre la totalidad de sus contenidos. Mientras nosotros sostenemos que una publicación periódica no es una obra colectiva, sino que se debería calificar de una “obra compleja” en la que distintos autores perfectamente identificados insertan distintos trabajos, como puede ser una crónica, un análisis o un reportaje, además de incluir otros contenidos.
Además, rechaza de plano los intentos de las empresas periodísticas de considerar que la difusión en Internet de los artículos previamente publicados, ya sea por su integración en una base de datos digital o en un periódico virtual, no constituye una nueva reproducción, y por lo tanto, otra publicación.
La digitalización da lugar a un acto de reproducción por lo que, de acuerdo al artículo 17 del texto refundido de la LPI, está sujeta a la autorización del titular del derecho de reproducción de las obras, que es de los autores. Aplicado a la industria periodística, ese derecho corresponde a los periodistas como autores de la obra.
A la luz de las recomendaciones de la Comisión Europea, la Plataforma considera que los cambios en la LPI deben recoger la nueva concepción de los derechos de autor que deriva del surgimiento de los servicios de agregación, indexación y referencia de noticias a través de las redes.
Los editores españoles reclaman estos “nuevos” derechos de propiedad intelectual, pero siempre marginan la referencia a los derechos de los periodistas también ligados a la reproducción de sus obras en dichos servicios.
La Plataforma comparte la reclamación de los editores españoles a Google, entendiendo que la eventual remuneración que se consiga por el uso de los contenidos incluye la compensación a los periodistas en reconocimiento de sus derechos de autor.
Llamamiento al Gobierno y al Parlamento
A la vista de estos planteamientos, la Plataforma llama al Gobierno y a los representantes de los ciudadanos en el Parlamento para que el Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual recoja las recomendaciones de la Comisión Europea anteriormente mencionadas.
Reclama al Gobierno que, antes de enviar al Parlamento el anteproyecto de reforma de la LPI, nos convoque, como representantes de la gran mayoría del sector, para que tenga en centa la opinión de todos los implicados en esta materia.
La LPI debe reconocer, sin la más mínima duda, que los periodistas son los autores, únicos o colectivos, de los artículos, imágenes y otros materiales informativos, como los textos o imágenes no firmados, que se publiquen o emitan en los medios y soportes, tal y como ha señalado la Comisión Europea.
La reforma que se pretende del texto refundido de la LPI debería incluir el concepto de “obra compleja” como paso necesario para el reconocimiento efectivo de los derechos de autor de los periodistas.
Igualmente, la futura ley debería suprimir la actual inseguridad jurídica existente entre la “obra fotográfica” y la “mera fotografía” para otorgar el máximo nivel de protección de derechos a sus autores.
Dado que las asociaciones profesionales, colegios y sindicatos son organizaciones sin “ánimo de lucro” y que realizan obra social, la Plataforma estima que la nueva ley debe asegurar que la distribución de los fondos procedentes de las entidades de gestión se haga con criterio democrático, transparente y equitativo, en función proporcional a la afiliación acreditada por las diferentes entidades que agrupan a los autores.
La plataforma reúne a:
-La FAPE (integrada por 48 Asociaciones de la Prensa federadas y 16 vinculadas).
-FOP (Agrupación de Periodistas de UGT, Periodistas de CC OO, Federación de Sindicatos de Periodistas, Sindicat de la Imatge UPIFC, Col-legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galicia y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión).
-Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
-Colegio de Murcia.
Parece que los periodistas de nuestro país no aprenden: se quedarán sin identidad y ya no podrán hacer nada.
Por ejemplo, en Alemania de nada han servido las advertencias de distintos estamentos europeos que señalaban el olvido del papel de los periodistas y sus correspondientes derechos como creadores de la noticia (según Michael Konke, presidente de DJV / la mayor organización de periodistas de Europa) y según el cual si esta ley salía adelante los periodistas se verían indefensos ante los editores. La nueva normativa entrará en vigor el próximo 1 de Agosto con “la creación de un nuevo derecho de propiedad intelectual a favor de los editores” de forma que los derechos de autor de las noticias de los medios alemanes pasarán a corresponder a los editores y del propio texto se desprende que como derecho exclusivo.
En el marco de esta disputa por los beneficios que obtiene el gran buscador de Google (y no por los tan manidos derechos de autor) se publica la noticia de que las distintas asociaciones y organizaciones de periodistas de España han creado una plataforma para solicitar ante el Ministerio de Cultura el reconocimiento del derecho de autor del periodista, entendemos que ya previsto en el art 32 de la actual Ley de Propiedad Intelectual 23/2006. Atrás quedan las manifestaciones que estas organizaciones han venido efectuando para denunciar la actuación de los editores de quererse adueñar de un derecho que le pertenecía al periodista como vienen pretendiendo los editores desde hace doce años. carmen santos arrarte. “documentación de medios s.a.” Julio 2013
Un esfuerzo notable y ejemplar. Cualquier avance que se logre en establecer y garantizar los derechos de autor a los periodistas y fotoperiodistas es algo muy bueno; en otros rubros y para otro tipo de autores, no es posible hacer una fotocopia de cualquier contenido de algo publicado, una mera hoja, sin permiso expreso del autor y para algo más complejo además del permiso debe existir «pago mediante».