Políticos que malversan por su honor

El criminólogo Miguel Ángel Gallardo Ortiz ha denunciado ante los juzgados de Madrid que no se están persiguiendo posibles delitos de malversación de caudales públicos cometidos por políticos con cargos ejecutivos, que utilizan los servicios jurídicos de las instituciones para acosar a quienes les critican o acusan de no ejercer debidamente su función, presentando demandas por su «honor mancillado».

Dice Miguel Ángel Gallardo en su denuncia que: 

1º Según se ha publicado en Internet “La Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda planteada contra el diario Público por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que consideraba vulnerado su derecho al honor por el contenido de una serie de dieciséis artículos publicados en el periódico entre el 18 de enero y el 17 de marzo de 2009, que informaban de actividades del político y de allegados suyos….La sentencia confirma la desestimación acordada en mayo de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid. La demanda de González se dirigía contra Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L., y los periodistas Manuel Rico, Ignacio Escolar, Jesús Maraña y Félix Monteira”.

Sostiene Gallardo que en este caso ha tenido conocimiento de que la demanda fue firmada por letrado institucional empleado público lo que, con independencia de otras resoluciones judiciales posteriores, «ya era una malversación de caudales públicos», en toda regla.

2º Por fuentes periodísticas, hemos conseguido el AUTO del Juzgado de Instrucción 7 de Palma de Mallorca, de 24.10.13 en Dil.Prev. 3543/2014 en el que puede leerse textualmente: “SEXTO.- De lo expuesto anteriormente debe razonarse que el Sr. Bauzá quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor que entendía agredido como consecuencia de unas acciones de su partido o del Govern en relación a los sindicatos, que fueron contestadas por el Sr. Bravo, como representante de uan organización sindical».

Sostiene Gallardo asimismo que en este caso, «para la defensa de su honor personalísimo su Consell de Geovern y el mismo entendieron que por ser una ofensa que tenía su origen en actos de gobierno, los servicios jurídicos del Govern podían defender su derecho. Sin embargo la sentencia que por ahora se conoce resolvió que el Sr. Bauzá no había sufrido vulneración del derecho al honor, o dicho en otros términos aunque el Sr. Bauzá entendiera que sí había sido en su honor, la Ley y la Jurisprudencia no lo ven así, no le otorgan protección por tener mayor valor la libertad de expresión y por tal razón no debería haber ejercido la acción judicial de protección de derecho al honor. Por lo tanto existe un fumus bonis iuris de lo descrito en el expuesto en el escrito de querella, es decir y de acuerdo con la sentencia del juzgado civil al no haber sido vulnerado el derecho al honor del Sr. Bauzá, éste utilizó indebidamente los servicios jurídicos de la Comunitat, complementado el anterior razonamiento por la circunstancia de que el honor es de carácter personalísimo, la acción civil que se interpuso no era para restaurar el honor de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma que ya se ha explicado que la misma lo que posee es prestigio y autoridad moral, pero el honor es cuestión personal de su integrante, que además en este caso no fue vulnerado. Por lo anterior se entiende que de principio procede investigar en esta fase de diligencias previas la realidad de hecho y el alcance jurídico de lo expuesto en el escrito de querella en relación al Sr. Bauzá y en relación al Sr. Gómez».

Y agrega que basta sustituir el nombre del demandante ahora querellado Bauzá por el de Ignacio González para comprender la similitud y analogía en la que es aplicable la misma fundamentación jurídica.

En un último apartado, Miguel Ángel Gallardo Ortiz recuerda que en 2013 presentó querella criminal, por hechos jurídicamente muy semejantes, contra el letrado director de los servicios jurídicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Juan Manuel del Valle, que también ha sido ya admitida a trámite, y puede verse completa en Internet.

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