El porcentaje de 94,6 por ciento de votos favorables en el referéndum sobre la nueva Constitución propuesta por el presidente Kais Said se explica por sí mismo: la nueva ley de leyes de Túnez concede amplísimos poderes a la presidencia de la República, tras una votación de las que antes se decían a la búlgara.
El sistema parlamentario que se abrió paso en 2014, tras la primera de las revoluciones árabes de este siglo, ha terminado como tal. El año 2011 queda ya lejos.
La participación oficial en la consulta del lunes fue menor de un tercio de los inscritos en las listas de votantes. Los partidos de izquierda, progresistas y liberales, así como los islamistas de Ennahda y los desturianos (que viven de la nostalgia de la vieja estabilidad del régimen autoritario) consideran unánimente «ilegítimo» todo el proceso que ha conducido a este referéndum. ¿Puede considerarse legítima una Constitución de cuya aprobación se abstienen tres cuartas partes de los ciudadanos?
En efecto, podríamos estimarlo como parte de un golpe de Estado aplicado por capítulos y a paso lento por parte del presidente Kais Said. Éste fue elegido democráticamente, pero hace un año decidió que el sistema democrático instalado hace pocos años era fundamentalmente «ingobernable».
Sin embargo, quizá sí hay una cuarta parte de la población que respalda el giro autoritario. Y existen los que sencillamente persisten en las rutinas del antiguo voto oficialista burguibiano (es decir, sea quien sea, trátese de lo que se trate). Y no faltan quienes creen castigar así a los que gestionaron caóticamente Túnez durante los breves años de democracia.
Según una encuesta de la empresa demoscópica Sigma, ha habido, sí, un voto de rechazo a los islamistas que gobernaron (de un modo u otro) desde la caída del régimen de Ben Alí. Según esa encuesta, únicamente un 13 por ciento acepta haber votado por convencimiento de las virtudes políticas de la nueva Carta Magna de Túnez.
En términos legales, la nueva Constitución sólo puede entrar en vigor el 28 de agosto, tras un período de alegaciones. Y el presidente, exprofesor de Derecho Constitucional, no dejará de respetar ciertas formas legales. Ya ha adelantado que también cambiará radicalmente la ley electoral para quitar poder a los partidos políticos y celebrar elecciones en diciembre con candidatos individuales.
El objetivo de la presidencia es la confirmación de sus poderes ampliados y el reforzamiento del presidencialismo en todos los niveles.
Un año de deriva autoritaria
Kais Said dio su giro hacia un nuevo régimen hace un año, decretando la «emergencia nacional», al tiempo que denunciaba la corrupción de los partidos, la conflictividad periódica del parlamento (a veces, es cierto, incluso con violencia entre los diputados), la alta mortalidad de la pandemia y la ingobernabilidad generalizada del país.
Tras la suspensión del gobierno del independiente Hichem Mechichi, que el mismo Kais Said había promovido, el presidente se apoyó en una movilización callejera para contrarrestar las manifestaciones de la clase política.
Más de doscientos diputados vieron retirada su inmunidad.
Said cortó las cabezas políticas de los ministros principales, destituyó a los gobernadores territoriales, cambió a responsables de la seguridad. Ha intervenido para sustituir a jueces, así como a responsables de diversas instituciones y empresas públicas.
Cuando el islamista Rachid Ghannouchi, expresidente de la cámara, y otros diputados intentaron acceder a la sede parlamentaria se encontraron con tanques a la puerta y la amenaza de «una lluvia de balas» para «defender la democracia».
En Túnez, sigue habiendo ciertos márgenes de la libertad de expresión y de prensa. Los partidos políticos siguen existiendo, pero la intención clara del presidente es asfixiarlos poco a poco económica e institucionalmente.
Para ello, cuenta con una parte de la sociedad, con cierto respaldo popular debido a la imagen desfavorable ofrecida por unos años de gestión desastrosa dirigida (directa o indirectamente) por los islamistas, que fueron quienes predominaron en los procesos electorales sucesivos tras el fin de la dictadura.
Cuenta también con la dispersión de los partidos opositores, que se expresan divididos y separados por su ideología y por su trayectoria reciente.
Asimismo, puede señalar aún que la situación económica es catastrófica por culpa de esos mismos partidos. Eso le sirve todavía de coartada con perfiles veraces. La sensación de fatiga y desinterés de los ciudadanos se impone… por ahora.
Sin embargo, no hay que olvidar que la sociedad tunecina es otra que la del pasado dictatorial, que la revolución produjo efectos también en la mentalidad general y que hay decenas de miles de asociaciones civiles. Hoy están un tanto dormidas, pueden resurgir cuando los problemas persistan.
Tras el deterioro de la democracia, tampoco habrá necesariamente mejoras sociales y económicas. Ni siquiera Kais Said puede hacer milagros.
Túnez parece regresar al pasado autoritario estable de sus dos presidentes históricos, Hamid Bourguiba y Ben Ali, éste último quintaesencia del clientelismo y la corrupción que denuncia ahora Kais Said.
«Una dictadura reacondicionada», según Hamadi Redissi. Este politólogo y profesor tunecino ha señalado que se trata de una fórmula donde «la estrategia funciona como una olla a presión, donde se preservan algunos espacios de libertad, al modo de Putin en Rusia o de algunos regímenes árabes del Golfo, pero donde no hay verdadera democracia».
El presidente Kais Said pretende culminar su proceso referendario mediante elecciones parlamentarias (bicamerales) que ha previsto dentro de cinco meses. Entonces, los partidos políticos serían ya irrelevantes.
Montesquieu decía: «C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser». Esa experiencia eterna que impulsa a Kais Said a abusar de su potestad se perfila cada día un poco más. La separación y el equilibrio de poderes son cada día más irrelevantes en ese país cercano.
Montesquieu ha muerto de nuevo en Túnez.
