La asociación española Jueces para la Democracia (JpD) ha publicado un comunicado en el que señala que las constantes y sucesivas noticias en torno a los Juzgados de Instrucción de las Palmas y la «sorprendente» forma de sustitución entre miembros de la carrera judicial son circunstancias anómalas que destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie.
Victoria Rosell y Pablo Iglesias en un acto electoral de las legislativas del 22N de 2015
Jueces para la Democracia ya mostró su sorpresa, estupor y preocupación por informaciones publicadas en prensa sobre la actuación del magistrado sustituto, Salvador Alba, en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, que había tenido contactos con investigados en un procedimiento penal para que éstos declarasen en un determinado sentido a fin de incriminar a la antigua titular del Juzgado, Victoria Rosell, cuando la magistrada optó a presentarse como candidata por Podemos a las elecciones de noviembre de 2015.
Recientemente, agrega JpD, se ha conocido que estos hechos han sido confirmados por las grabaciones originales en poder de la Guardia Civil, pero, a pesar de estas evidencias Salvador Alba ha interpuesto una querella contra Victoria Rosell así como contra la jueza y el letrado de la administración de justicia que han servido en dicho Juzgado con posterioridad a su sustitución, y que sacaron a la luz estas anomalías.
Por la actuación de Salvador Alba existen unas diligencias informativas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, de las que a pesar del tiempo transcurrido se desconoce su estado, así como un procedimiento penal ante el TSJ de Canarias, añade JpD.
Jueces para la Democracia considera que todas estas circunstancias «resultan anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie», y sostiene que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, «de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial».
Y concluye que los hechos posteriores, que van desde la investigación de la Fiscalía de Canarias por posible infracción disciplinaria, declarada nula por vulneración de derechos fundamentales mediante la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 7 de marzo de 2016, hasta la aparición de una trama de intereses creados hacia miembros de la Carrera Judicial con grabaciones de voz incluidas, «han confirmado los primeros temores que suscita este asunto».
Jueces para la Democracia apunta que nada de lo anterior hubiera sido posible si la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, en materia de sustituciones, «hubiera puesto el acento, no tanto en las restricciones presupuestarias y en la necesidad de sustitución interna, sino en la plena garantía de los llamamientos a sustitución bajo los principios de imparcialidad, independencia e inamovilidad. El sistema instaurado por dicha ley se basa en el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un Juzgado, lo que posibilita el mero traslado de un magistrado a otro órgano judicial con sólo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses».
Razones de restricciones presupuestarias para evitar las sustituciones externas en ningún caso pueden hacer que las garantías de independencia con que ha llevarse a cabo la función judicial queden relajadas, cuando no disminuidas o incluso suprimidas, señala JpD.
