El escándalo de corrupción que envuelve al gobernante Partido Popular (PP) de España y a su máximo dirigente, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pone en tela de juicio el modelo de financiación de las agrupaciones políticas y exige cambios que impongan controles estrictos, coinciden expertos consultados por Inés Benítez (IPS).
«Los dirigentes políticos españoles gozan de la más absoluta impunidad», dijo a IPS el abogado malagueño José Cosín, autor del libro «Mafia y corrupción», en el que ya en 2008 –fecha de publicación- habla de la relaciones entre la mafia, el blanqueo de capitales y la corrupción política.
Cosín afirmó que hoy en España «hay muchos jueces politizados y los tribunales carecen de medios para investigar a los partidos».
Según la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de Partidos Políticos, estos son asociaciones privadas con «un sistema mixto que recoge por un lado recursos procedentes de los poderes públicos, en proporción a su representatividad parlamentaria, y de otro las aportaciones privadas de personas físicas y jurídicas que no contraten con las administraciones públicas y no excedan de límites razonables».
La financiación ilegal de los partidos políticos no está tipificada como delito por el Código Penal español, sino como una infracción administrativa, aunque sí lo es pagar a cambio de favorecer la contratación de servicios públicos.
En 2008, los partidos recibieron 299,5 millones de euros (398,7 millones de dólares) en subvenciones públicas para funcionamiento ordinario y elecciones, 44,7 millones de euros (59,5 millones de dólares) en cuotas de afiliados y aportes de adherentes y simpatizantes, y 6,4 millones de euros (8,5 millones de dólares) por donaciones, según el último informe del Tribunal de Cuentas.
El hecho de que el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de los estados contables de las formaciones políticas, acumule un retraso de cinco años facilita que, de producirse casos de financiación irregular, estos hayan prescrito, puesto que el plazo para iniciar una investigación es de cuatro años, como establece la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre de 2012, que reformó la de 2007.
Rajoy anunció «un conjunto amplio de medidas para luchar contra la corrupción», como el Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, «que estará aprobada antes de fin de año», según prometió en su comparecencia el 1 de este mes ante el Parlamento para dar cuenta de las acusaciones al respecto que pesan sobre él y el PP.
Tras negarse a dimitir como le reclama la oposición, negó toda vinculación con el escándalo desatado por Luis Bárcenas, durante más de dos décadas gerente y luego tesorero del PP, quien denunció una supuesta contabilidad partidaria ilegal en el manejo del dinero procedente de donaciones de empresarios y sobresueldos a sus dirigentes.
Bárcenas, en prisión desde junio, es investigado por fraude, blanqueo de capitales y evasión fiscal.
El Plan Nacional de Regeneración Democrática proyectado por el gobierno del PP contempla incluir el delito de financiación ilegal en el Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos que enjuician esa práctica.
«Estoy convencido de que la modificación de penas, plazos y procedimientos acabará con la sensación de impunidad que tanto irrita a la sociedad española», sostuvo.
En España, castigada por los recortes derivados de la crisis económico-financiera y un consecuente desempleo que llega a más de 26 por ciento de los activos, se levanta innumerables voces que apuntan a los partidos como las instituciones más impactadas por la corrupción, con una puntuación de 4,4 en una escala de 5 en la última consulta de Barómetro, difundida el 9 de julio por Transparencia Internacional.
«La opacidad respecto de las cuentas de los partidos políticos ha propiciado que se produzcan casos como el de Bárcenas», declaró a IPS la portavoz del partido EQUO en la sureña ciudad española de Málaga, Carmen Molina.
Entiende que no alcanza con la promesa de Rajoy, pues «la ciudadanía está desencantada porque los políticos no hacen lo que dicen, no se logran avances ni se adoptan medidas drásticas para acabar con la corrupción».
En cambio abogó por reformas más amplias, que incluyan también modificaciones en la ley electoral, que a su juicio favorece el bipartidismo, del PP y el opositor Partido Socialista Obrero Español, en detrimento de las formaciones minoritarias.
José Luís Centella, portavoz del partido La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, defiende la instalación de controles estrictos para garantizar la transparencia y evitar la financiación irregular, al tiempo que cree que el Tribunal de Cuentas «tiene muchas limitaciones y cuenta con pocos medios» para ejercer su labor.
Al respecto, Cosín advirtió que hoy «no sabemos a ciencia cierta cuánto dinero se da a los partidos políticos y a lo que se dedica».
En su opinión, el proyecto de ley de transparencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2012, es «insuficiente» y viola el derecho de acceso a la información, porque propone el silencio administrativo negativo, es decir que, si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud.
«Debe existir la obligación de que las organizaciones respondan, porque el derecho a la información es fundamental», argumentó.
A todo esto, Centella dijo a IPS que La Izquierda Plural defiende la financiación pública de los partidos políticos, «limitando al máximo la capacidad de aportaciones privadas» al margen de las cuotas de los afiliados, «donde hay un mayor riesgo de tráfico de influencias».
La ley de financiación de partidos aprobada en octubre de 2012 establece que todas las donaciones privadas superiores a 50.000 euros (66.000 dólares) y las de bienes inmuebles deberán notificarse al Tribunal de Cuentas en tres meses y que, si estas contravienen estos límites y requisitos, podrá sancionar con una cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida.
Esta norma también pone un límite de 100.000 euros anuales (133.000 dólares) a las condonaciones de deuda de los partidos por parte de las entidades de crédito.
Centella criticó que, pese a la debacle económica, se disparen los gastos en época de elecciones y las campañas masivas parecen perseguir «más la venta de un producto» que plantear «un debate de ideas», lo cual lleva a «costes millonarios» que incitan a la financiación ilegal.
El Tribunal de Cuentas publicó que las últimas elecciones generales, de noviembre de 2011, supusieron un desembolso superior a los 62 millones de euros (83 millones de dólares), de los que 41,6 correspondieron al PP y PSOE juntos.
Pero Centella cree que esas cifras son mayores y reclama «una mayor pluralidad» para que, por ejemplo, los partidos minoritarios puedan publicitarse en campaña en la televisión pública.
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