Una vez más, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades mexicanas para que pongan en libertad a Alberto Patishtán, el indígena tzotzil y maestro bilingüe del estado de Chiapas que lleva 13 años encarcelado.
Esta detención prolongada es una muestra más de que en México las personas indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos humanos, como es vivir sin discriminación y tener un juicio justo.
Este hombre fue condenado por el asesinato de siete policías, pero Amnistía considera que el proceso judicial y la sentencia en su contra son injustos. Recientemente, el Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) rechazó la petición de reconocimiento de inocencia que solicitaron tanto organizaciones de derechos humanos como miles de personas. La actitud del tribunal implica que ya no queda ningún recurso efectivo dentro del sistema mexicano para corregir la injusticia que está viviendo Alberto.
Amnistía Internacional reconoce la gravedad del múltiple homicidio ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas, pero insiste en que el estudio del caso hecho por la organización indica que Alberto Patishtán no participó de estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad y amparados por quienes urdieron la incriminación.
Como en otros casos documentados por Amnistía, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.
En 2002 se le sentenció y hasta en tres ocasiones le denegaron cualquier posibilidad de revisión del caso, pero hay demasiados indicios de irregularidades que no fueron evaluadas correctamente para corregir la condena. De ahí la insistencia de la organización.
En el proceso celebrado hace unos meses en Tuxtla se pretendió demostrar que, según la reforma constitucional en derechos humanos, y la propia jurisprudencia del poder judicial federal desarrollada desde 2000, la evaluación de las pruebas de cargo y de defensa debió haber protegido derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de inocencia por considerar que los avances recientes en la jurisprudencia del poder judicial no constituyen “prueba novedosa”, al tiempo que reconoce que su decisión “no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”.
En definitiva, que el Tribunal ha desaprovechado la posibilidad de revisar esta sentencia a la luz de los nuevos estándares de protección de los derechos humanos y sigue empecinado en negar que haya habido irregularidades en el proceso. Resulta preocupante que el poder judicial evite analizar esta sentencia teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos que ya forman parte de la Constitución mexicana. Y todo, porque no quieren admitir que se han equivocado. O porque hay intereses de otro tipo, como encubrir a los verdaderos culpables o satisfacer las ansias de venganza de determinados personajes.
Irregularidades y contradicciones
En esta historia, según Amnistía, nunca se investigó la influencia del alcalde del municipio vecino al de Patishtan. EL hijo del edil sobrevivió al ataque que se le imputa al indígena, y el único que le señaló, por lo que el padre le acusó formalmente y comunicó el “supuesto” móvil del crimen, además de facilitar una fotografía, para que se le pudiera identificar. Así se emitió una orden de localización y, con ayuda de testigos no presenciales,, pero que colaboraron en su detención, las autoridades consiguieron encerrarle.
Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán por parte del alcalde y de su hijo. Porque, curiosamente, un mes antes de los asesinatos, Alberto y otras personas de su comunidad habían pedido públicamente la dimisión del edil en cuestión. Este antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio público ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces.
Por otra parte, existen contradicciones no resueltas entre las diferentes declaraciones que hizo el hijo del alcalde sobre estos hechos, y entre sus afirmaciones y el de otro superviviente del ataque en relación a cómo se realizó, cuántos participaron y cómo iban vestidos. Pero parece que nadie le dio importancia. El colmo de las irregularidades es el hecho de que el joven también inculpara a una segunda persona, pero ésta fue absuelta posteriormente, al demostrar su inocencia. La inocencia de Patishtán, simplemente, no se quiere reconocer.
Hasta se le dificultó considerablemente que pudiera defenderse eficazmente contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos y otras pruebas, así como presentar otras de defensa. Los jueces llegaron a desechar las pruebas de descargo mostradas por varios testigos que señalaron la presencia de Alberto Patishtán en otro lugar durante los hechos contrasta con la forma en que las contradicciones en las declaraciones de los testigos de la acusación fueron ignoradas.
Actualmente, la vía jurídica sólo le ofrece el largo camino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual puede tardar varios años en garantizarle acceso a un recurso efectivo. Mientras, este hombre seguirá en la cárcel y, probablemente, perezca en ella, pues su salud está especialmente deteriorada, por el mero hecho de ser indígena y pobre. Una suerte que, desgraciadamente, corren demasiados mexicanos.
El lunes pasado, el Movimiento del Pueblo de El Bosque por la libertad de Alberto Patishtán afirmó que no permitirá que “se muera en la cárcel”, por lo que prepara más acciones de protesta para lograr su excarcelación. “Se han muerto muchos hombres y mujeres inocentes en la cárcel porque no hay justicia, pero con Alberto no va a pasar: él no va a pudrirse en la cárcel; tenemos la esperanza y confiamos en Dios que algún día estará con nosotros en el pueblo de El Bosque”, afirmó Martín Ramírez, uno de los dirigentes del movimiento.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú ha hecho pública su intención de hacer un análisis puntual y objetivo de las condiciones en las que puede haber un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos y llevarlo al Pleno para que lo acepte la Cámara de Diputados. Esperemos que, entre unos y otros, se consiga hacer justicia.
Video: Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el Obispo Raul Vera y el pueblo de El Bosque entregaron un reconocimiento como defensor de derechos humanos y un reconocimiento de inocencia a Alberto Patishtán a finales de septiembre.
