Más de 120 organizaciones nacionales e internacionales se dirigen a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo para que rechacen la reforma
Amnistía Internacional ha enviado casi 70.000 firmas al portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que dé marcha atrás en la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial que haría desaparecer la jurisdicción universal en España.
La organización ha pedido a todos los grupos parlamentarios que voten en contra de esta iniciativa este jueves 27 de febrero en en el pleno.
Las firmas se han recogido a través del centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org mediante una ciberacción lanzada pocos días después de que esta propuesta legislativa se presentara el pasado 17 de enero.
En ella, la organización exige la retirada de la reforma de esta propuesta así como una legislación que promueva el principio de la jurisdicción universal, una herramienta fundamental para que todas las víctimas, que tienen el legítimo derecho de buscar justicia en otros países, puedan acceder a ella.
Además, más de 120 organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, se han dirigido a través de carta conjunta a Naciones Unidas así como al Parlamento Europeo para que rechacen la reforma, asegurando que supondría una violación de las obligaciones internacionales de España.
A la cola en la investigación de los peores crímenes
España estaba en el pasado en la vanguardia de la lucha mundial para hacer rendir cuentas a los responsables de los peores crímenes internacionales, con investigaciones en curso por parte de la Audiencia Nacional de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal.
«De aprobarse, las autoridades españolas confirmarían su intención de situar los intereses económicos por encima de los derechos humanos; esta reforma exprés ha tardado menos de un mes en ponerse en marcha”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“Este proyecto de ley ha coincidido en el tiempo con las presiones ejercidas por parte del Gobierno de China para que cese la investigación en curso de los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad en el Tíbet”, añade Beltrán.
Actualmente, un total de 163 Estados (aproximadamente, el 84,46%) tienen legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional
En la Unión Europea, todos los países contemplan la aplicación del principio de jurisdicción universal para al menos un crimen de derecho internacional. En Francia, por ejemplo, se ha creado recientemente una Unidad Fiscal para la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. España pasaría a estar fuera de esta lista de aprobarse la reforma.
España, paraíso para la impunidad
La reforma anula la ya estrecha posibilidad de investigación de crímenes de derecho internacional en España, tales como el genocidio, desapariciones forzadas, crímenes de guerra, de lesa humanidad, torturas, entre otros. Entre las condiciones exigidas por la reforma para abrir una investigación, figuran que el presunto responsable sea español o sea extranjero y resida en España; o que la víctima fuese española y el presunto autor se encuentre en el país para poder investigarle, según el delito que se trate. Estas condiciones acaban con la misma naturaleza del principio de Jurisdicción Universal.
Asimismo, esta reforma se aplicaría no sólo a futuras investigaciones sino también a aquellos casos que ahora están abiertos, como la causa sobre el genocidio tibetano, torturas en Guantánamo o el “Caso Couso”, que quedarían archivados.
