El comité de la ONU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad ha considerado que España incurre en relación a la educación y formación de sus estudiantes con discapacidad, en un problema de segregación y exclusión, tanto en la educación general como en todos los aspectos formativos de la misma.
En el informe en donde constatan estos datos, que ha sido publicado en la sede de Ginebra, los expertos en educación del comité comentaron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos paralelos de forma que desvía a los estudiantes con discapacidad fuera de la hoja de ruta de la educación general, tanto en la, primaria, la ESO, el Bachillerato, como en la Formación Profesional.
El comité ha realizado una investigación de la educación española y tras analizar la situación a la que se les somete a los alumnos con discapacidad o con discapacidad sobrevenida, a pesar de las reformas legales en torno a la educación a nivel nacional, las leyes y también las políticas educativas, excluyen de un modo u otro al modelo de la discapacidad.
Por ello, las dos modalidades separadas de educación no pueden ni deben coexistir en un sistema de educación inclusiva que es la base fundamental del derecho a la educación y a la no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas.
Para la ONU, el sistema educativo español debe consistir en una modalidad para los estudiantes que deba basarse sobre todo en la calidad de la educación, de forma que cada alumno pueda apoyarse en el sistema y reciba de él lo necesario para su formación. En la visita que realizaron dos expertos a varias ciudades españolas, valoraron estas necesidades y la segregación y discriminación que muchos niños y jóvenes padecen aún hoy.
El comité tiene el mandato de asegurar que en todos los países en donde se haya ratificado la convención de derechos de las personas con discapacidad se cumplan estos y España, actualmente no lo está haciendo. Por ello, el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad, (CERMI), ve inaplazable reformar la legislación para poner en marcha un modelo educativo inclusivo tal y como aconseja la ONU. Este modelo tendrá obviamente apoyos efectivos para los estudiantes y no pueden existir ninguna forma de segregación, discriminación o no adecuación al puesto de estudio, por razones asociadas a la discapacidad.
El CERMI alega además, que España, viola la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar ni en su legislación, ni en sus políticas, ni en sus prácticas educativas el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales y por tanto, ha vulnerado el artículo 24 de la convención internacional y este tratado que se considera imprescindible para garantizar el derecho a la educación de los españoles con discapacidad no se está cumpliendo.
El estado español debe reaccionar con inmediatez y debe adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas según el mandato de la Convención sin dilaciones, ni excusas; tal y como viene reclamando el movimiento social de la discapacidad desde el año 2006. Gracias al CERMI que ha denunciado ante el comité internacional de derechos esta situación que sigue teniendo lugar en España y que ahora condena fírmemente la ONU.
