Mientras los telediarios de las grandes cadenas de televisión y la prensa progubernamental insisten cada día en minimizar el alcance del movimiento de los gilets jaunes, subrayando sus divisiones internas, el Ministerio del interior ha reconocido este sábado, acto XV, un incremento de esta protesta social, con participación de 46 000 manifestantes en toda Francia, cifras oficiales que según los organizadores están muy por debajo de la realidad.
Manifestaciones que se han desarrollado mayoritariamente en calma, salvo contados incidentes.
El gobierno y su mayoría parlamentaria han fracasado en su tentativa de reducir o asimilar el movimiento de los gilets jaunes a una horda de “extremistas” y “antisemitas”. El diario “Le Parisien” tomaba sus deseos por realidad titulando “Gilets jaunes, à bout de soufle”, pero la movilización de este sábado 23 de febrero de 2019 en Paris, Toulouse, Burdeos, Chambord, Clermont Ferrand, Lyon, Lille o Nantes…, muestra que la movilización persiste no obstante las divisiones y provocaciones que se han manifestado en su seno, y a pesar de la violenta represión policial y judicial practicada por el gobierno desde hace ya más de tres meses.
En París numerosas pancartas de los manifestantes denunciaban este sábado el racismo y el antisemitismo.
El comienzo de las vacaciones escolares no ha tenido pues un efecto desmovilizador, y coincidía este sábado en Francia con la apertura del salón de la agricultura, una ocasión mas para el jefe del Estado, Emmanuel Macron, de proseguir su show o precampaña electoral para intentar convencer a los franceses que, según los sondeos de opinión, han dejado de creer en sus promesas. Los gilets jaunes que han intentado acercarse del presidente en el salón de la agricultura han sido mantenidos a distancia por un férreo servicio de seguridad.
Los gilets jaunes han anunciado ya que proseguirán la lucha y preparan una importante movilización para el fin de semana del 9 de marzo. La fractura entre la protesta social de los gilets jaunes y “el debate nacional” organizado y controlado por el gobierno es cada vez mas evidente, mientras que la presidencia de la Republica atraviesa además en estos días nuevas zonas de turbulencias con el caso Benalla[1] y las conclusiones de la comisión de investigación del Senado.
El senado denuncia la responsabilidad de la Presidencia en el caso Benalla
La semana que se acaba ha estado marcada también aquí por el caso Benalla. Siete meses después de haber abandonado sus funciones en el palacio del Eliseo, los dos excolaboradores de Macron, Alexandre Benalla y Vincent Crase, quienes estaban procesados, han sido detenidos. Las revelaciones publicadas por Mediapart han provocado la revocación del control judicial de ambos acusados y su ingreso en prisión.
Hasta la fecha Benalla está acusado en tres procesos diferentes:
- Su participación en acciones violencias durante la manifestación del 1 de mayo de 2018, con tenencia ilícita de armas
- Una investigación judicial sobre el uso ilegal de pasaportes diplomáticos.
- Y una investigación por corrupción en relación con contratos con un controvertido hombre de negocios ruso.
La comisión de investigación del senado ha hecho publico un informe en el que pone de relieve que tanto Benalla como Crase mintieron bajo juramento en sus declaraciones, en particular sobre el contrato de seguridad firmado con Iskander Makhmudov, oligarca ruso allegado a Putin.
Mientras en la Asamblea Nacional, la mayoría parlamentaria LREM (partido de Macron) impidió el buen funcionamiento de la comisión de investigación parlamentaria, en el Senado, controlada por una mayoría de la derecha LR (Republicanos) en la oposición, ha ido hasta el final de sus conclusiones al poner de relieve el disfuncionamiento al más alto nivel de la Presidencia de la República.
La comisión senatorial pone en cuestión los testimonios de tres altos responsables del Eliseo, colaboradores de Macron: Strzoda, Kholer y Lavergne, repletos de “omisiones”, “incoherencias” y “contradicciones”. Los senadores recuerdan que “todo falso testimonio ante una comisión de encuesta parlamentaria puede ser sancionada con 75 000 euros de multa y una pena cinco años de cárcel”.
La comisión senatorial lanza así “un procedimiento por falso testimonio contra Benalla y apunta la existencia de importantes disfuncionamientos en la cumbre del Estado”.
