La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha constatado el incumplimiento por parte de los diferentes municipios con más de 50.000 habitantes de la obligación legal de que al menos, un 5 % de la flota de taxis sean accesibles para las personas con discapacidad física, lo que supone que el 60 % de las ciudades españolas incumplen la cuota.
Gracias al informe que en su día presentó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE en el que se denunciaba que el 63 % de las ciudades analizadas no tenían el mínimo de taxis accesibles exigidos, se solicitó en tiempo y forma que las comunidades autónomas registraran las licencias de taxis accesibles.
La vulneración sistemática del Real Decreto 1544/2007 de 23 noviembre que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte de las personas con discapacidad es un hecho en muchas ciudades españolas. En concreto, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Canarias explican que no cuentan con datos suficientes de la flota existente accesible al tratarse de una competencia local, aunque la mayoría solicitará datos a los respectivos consistorios.
De la misma manera Andalucía alega que cuenta con datos sobre las ocho capitales de provincia mientras Galicia y la Comunidad de Madrid aún están adoptando medidas al respecto porque no tienen la cifra mínima exigida. La Comunidad Valenciana cuenta con los datos desagregados por provincias y en Baleares solamente lo cumple Mallorca.
La mayor parte de las autonomías remiten a la OADIS a los ayuntamientos que son quienes verdaderamente deben tener constancia de las licencias otorgadas y por ello, deben ser las que informen acerca de las medidas de fomento para aumentar dicho porcentaje.
En relación con el sector del taxi y debido al aumento de las licencias VTC por la existencia de empresas como Cabify y Uber, en el informe se pidió que se tuviera también en cuenta la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la elección de este tipo de servicios y que en la regulación de estas autorizaciones garantizara la existencia de un porcentaje de vehículos adaptados.
