Tras haber entrado en vigor el 1 de abril la medida contemplada en el real decreto ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, las cuidadoras no profesionales encargadas de atender a sus mayores en situación de dependencia volverá a cotizar a la Seguridad Social.
El gobierno de Mariano Rajoy eliminó en el año 2012 la cotización de este colectivo y en los presupuestos de 2019 no salió adelante porque la cámara no llegó a aprobar los mismos. Este supuesto abarca a cerca de 180.000 cuidadoras porque suelen ser mujeres siempre, no profesionales, de forma que puedan beneficiarse del pago de la cotización a la Seguridad Social por parte del estado.
En España, los cuidados en el entorno familiar, dada la situación de envejecimiento de la población, supone el 30, 7 % del total de las prestaciones que otorga el sistema de atención y ayuda a la dependencia y sus cuidadoras tienen entre 50 y 66 años de edad. Normalmente son hijas, cónyuges, madres y en menor porcentaje, padres, nietos, hermanos o yernos.
La Ley de Dependencia atiende en este momento a 1.061.719 personas, según las cifras que aporta el Ministerio. Además de las ayudas económicas a los cuidados en el entorno familiar, la atención se materializa en diferentes servicios, como centros residenciales, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, o servicios de teleasistencia, entre otros.
El actual sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia cuenta con un total de 408.384 ayudas económicas al cuidador familiar, de los que se calcula que cotizarán alrededor de 180.000. Estas personas cuidadoras que no son profesionales atienden a las personas en situación de dependencia que sean perceptores de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y que no se encuentre en situación de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a tiempo completo, desempleo o sea perceptor de determinadas prestaciones.
