El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, acusó a Amnistía Internacional (AI) de «difamar» la reputación del país en una rueda de prensa conjunta organizada por el Ejecutivo ante las «acusaciones de la organización sobre el espionaje del teléfono del periodista Omar Radi por parte del Gobierno».
Amnistía Internacional hizo una investigación, publicada el pasado 22 de junio por diecisiete medios internacionales y uno en Marruecos, en la que señalaba que el Gobierno marroquí había usado la tecnología de la empresa israelí NSO Group para espiar el teléfono del periodista Omar Radi.
NSO Group informó a AI que solo vende sus productos a gobiernos para combatir el crimen organizado y el terrorismo, admitiendo sus relaciones comerciales con el Gobierno marroquí hasta enero de 2020.
Bourita indicó que AI no ha podido proporcionar «evidencia o prueba de lo que dice e intenta difamar la reputación del país» añadiendo que están esperando una respuesta de la organización teniendo preparados «todos los medios legales y políticos que sean necesarios».
En este sentido, sobre la posibilidad de cerrar la oficina de AI en Rabat indicó que Marruecos «puede tomar una serie de medidas haya o no una respuesta de la organización».
Hay que recordar que previamente se había citado al director de AI en Marruecos, Mohamed Sektaoui, para negar el contenido del informe y trasladarle su protesta.
Por su parte, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Said Amzazi, calificó a AI como «organización que pretende defender los derechos humanos» añadiendo que han enviado un escrito para que expliquen sus acusaciones.
También las calificaron de «verdadera operación de desestabilización diplomática-mediática» contra Marruecos recordando que hubo un total de 72 informes críticos de AI en los últimos seis años.
Se da la circunstancia que el periodista Omar Radi fue citado por segunda vez el jueves 2 de julio para un interrogatorio tras ser acusado por la Fiscalía de Casablanca de una supuesta participación para «obtener financiación extranjera en conexión con servicios de inteligencia».
Reporteros sin Fronteras (RSF), a través de su jefe de la oficina de África del Norte, Souhaieb Khayati, había denunciado que en lugar «de aclarar la vigilancia ilegal de Omar Radi, las autoridades marroquíes han preferido atacar a este periodista e iniciar un proceso contra él sobre la base de información no verificada que circula en las redes sociales. Les instamos a que cesen de inmediato su hostigamiento contra un periodista independiente que acaba de hacer su trabajo y que ahora se enfrenta hasta cinco años de prisión».
En este sentido el propio periodista ha denunciado una fuerte campaña de difamación e insultos tanto en redes sociales como por medios cercanos al poder.
