No es la primera vez que ocurre, la historia de la humanidad está llena de episodios en los que la violación de las mujeres se ha utilizado como un arma más en los conflictos armados.
Y ahora, en pleno siglo veintiuno, un informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) revela que tanto algunos combatientes de los ejércitos etíope y eritreo, como de las fuerzas que luchan en la región de Amhara, son responsables de las violaciones, y otras agresiones sexuales, de mujeres y niñas en la región de Tigré, una de las nueve demarcaciones de Etiopía que tiene frontera con Eritrea y Sudán.
AI recuerda que tanto la violación como la esclavitud sexual habituales en este conflicto, son no solo crímenes de guerra, también crímenes contra la humanidad
Según el informe, militares regulares y milicianos están cometiendo violaciones, a veces en grupo, y mutilaciones sexuales sobre mujeres y niñas tigreanas. En otros casos, las convierten en esclavas sexuales y todo ello acompañado de insultos de carácter étnico y amenazas de muerte, utilizadas como armas de guerra con la evidente intención de causar daños físicos y psicológicos a las mujeres de Tigré.
«La gravedad y la amplitud de las infracciones de carácter sexual cometidas son particularmente preocupantes, ya que se trata de crímenes de guerra e incluso de crímenes contra la humanidad. Sus autores pisotean los principios que son la base de nuestra humanidad. Esta situación tiene que acabar», ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de AI.
Entre los meses de marzo y junio de 2021, AI ha recogido los testimonios de 63 víctimas de violación y otras formas de violencia sexual, así como de trabajadores sanitarios y voluntarios humanitarios.
El informe de los resultados describe algunas de las prácticas habituales que tienen el objetivo de aterrorizar y humillar a las víctimas, doce las cuales –de las que cinco se encontraban embarazadas en el momento de los hechos- declararon haber sido violadas por militares o milicianos delante de sus familiares, incluidos niños, como fue el caso de Letay, una joven de veinte años agredida en noviembre de 2020 por unos hombres armados que entraron en su domicilio:
«Era ya de noche, tres hombres armados entraron en mi habitación. No grité, con gestos me dieron a entender que si gritaba me matarían. Me violaron uno detrás de otro…No sé si se dieron cuenta pero estaba embarazada de cuatro meses. Tampoco sé si se dieron cuenta de que yo era una persona».
Nigist tiene 35 años y dos hijos. El 21 de noviembre fue violada, lo mismo que otras cuatro mujeres, por militares eritreos: «Tres de ellos me violaron delante de mi hijo. Entre nosotros había una mujer embarazada de ocho meses y también la violaron. Parecían hienas olfateando una pieza para comerla… Violaron a las mujeres y masacraron a los hombres».
Los servicios de salud de Tigré han registrado 1288 casos de violencia relacionada con el género entre febrero y abril de este año. El hospital de Adigrat ha asistido a 376 casos de violación entre el comienzo del conflicto y junio de 2021, aunque según AI la cifra no es más que punta del iceberg porque la mayoría de las víctimas no acuden a los centros de salud.
Unas víctimas que no superan el trauma y siguen padeciendo complicaciones físicas y psicológicas: muchas siguen sangrando tiempo después de ocurrida la violación, tienen dolores de espalda persistentes y fístulas que no se cierran. Además de que en muchos de los casos se ha contagiado el VIH en la violación y les quedan secuelas como falta de sueño, ansiedad y angustia emocional.
El informe recoge los testimonios de doce víctimas que permanecieron cautivas durante varios días, incluso semanas, durante las cuales fueron repetidamente violadas, en general por varios hombres. Algunas de ellas permanecieron encerradas en campamentos militares, otras en casas de zonas rurales, como Tseday, de diecisiete años, secuestrada por ocho militares eritreos y conducida a un campamento donde permaneció dos semanas, durante las cuales sufrió múltiples violaciones.
O como Blen, de veintiún años, secuestrada el 5 de noviembre de 2020 por militares eritreos y etíopes; estuvo cuarenta días encerrada con otras treinta mujeres: «Nos violaban por turno y nos mataban de hambre».
Dos de las víctimas interrogadas por AI tienen daños irreversibles causados porque les introdujeron en la vagina clavos, grava y pedazos de metal o plástico.
Tanto las víctimas como los testigos se quejan del escaso apoyo médico y psicológico recibido a su llegada al campamento para desplazados de la ciudad etíope de Shire, lo mismo que en los campamentos para refugiados de Sudán.
«Al sufrimiento y al traumatismo se añade el hecho de que las víctimas no han recibido suficiente apoyo. Es necesario que puedan acceder a los servicios que necesitan, y a los que tienen derecho», ha dicho Agnès Callamard.
En el pasado mes de mayo, las autoridades etíopes anunciaron que tres militares etiopes había sido declarados culpables y veinticinco más inculpados de violación y otras agresiones sexuales, aunque no se ha informado de que se haya celebrado ningún proceso ni se hayan adoptado medidas para llevar a los responsables ante un juez.
El 26 de julio, AI escribió al Primer ministro etíope, al Fiscal General de Etiopía, al Ministro de Información y a la Ministra etíope de las Mujeres, los Jóvenes y los Niños, pidiéndoles su reacción ante estos hechos; hasta el día de hoy no han recibido la menor respuesta.
El aumento de las tensiones políticas en Etiopía comenzó en 2018 cuando Abiy Ahmed se convirtió en primer ministro y poco a poco fue apartando del poder al Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT), que era la fuerza dominante en el país desde 1991. Por otra parte, el acuerdo de paz con Eritrea, que valió a Abiy Ahmed el Premio Nobel de la Paz en 2019, con el tiempo se ve como una alianza militar entre ambos países, que le sirve al Premier etíope para retomar el control de Tigré.
Desde que el pasado 4 de noviembre de 2020 se iniciaron los combates en la región, han muerto miles de civiles, cientos de miles de personas se han desplazado al interior de la región de Tigré y al menos 63.000 personas se han refugiado en el vecino Sudán.
Ante la gravedad de los hechos comprobados, AI pide al estado etíope que adopte medidas inmediatas para impedir la violencia sexual que ejercen repetidamente militares y milicianos; que todas las denuncias de violencia sexual sean objeto de investigación, independiente e imparcial, que las víctimas obtengan justicia y se cree un programa de reparaciones.
«Por otra parte –termina el informe- las partes en conflicto deben comprometerse también a no poner trabas a la llegada de ayuda humanitaria a la zona».
