Tras varios meses de procedimientos judiciales, la dirigente birmana Ang San Suu Kyi. Premio Nobel de la Paz, derrocada el pasado 1 de febrero de 2021 tras un golpe de estado militar, ha sido condenada este lunes, 6 de diciembre 2021, a cuatro años de cárcel: dos por «incitación a la alteración del orden público» y otros dos por «violación de los protocolos de la COVID-19».
Esta es solo la primera de las resoluciones de las más de una docena de acusaciones presentadas contra la exdirigente, quien de facto ha estado dirigiendo el país durante los últimos diez años. Los procesos pendientes incluyen cargos de corrupción, violación de secretos de estado, violación de ley de telecomunicaciones e incluso hasta la compra clandestina de walkies-talkies para los miembros de su escolta personal, todo lo cual podría suponerle más de un siglo de cárcel.
Aung San Suu Kyi, de 76 años, ha negado la totalidad de las acusaciones. Sus partidarios están convencido de que todo el rosario de acusaciones tiene por objeto conseguir que ponga fin a su carrera política y poder mantenerla encarcelada mientras los militares autores del golpe consolidan su poder y nombran un nuevo gobierno.
Los responsables del ejército, por su parte, aseguran que Ang San Suu Kyi –quien según sus abogados se encuentra bien de salud- está siendo juzgada por un tribunal independiente presidido por un juez nombrado mientras ella ostentaba el poder.
A los medios de comunicación no se les ha permitido asistir a las sesiones del juicio, que ha tenido lugar en la capital, Myanmar (Naypyidaw). Los abogados de la acusada tienen prohibido dar información a los medios y al público en general.
Birmania está paralizada desde el golpe de estado por las protestas y la represión contra los opositores de la nueva Junta militar, considerados «terroristas» y condenados como tales.
Distintos gobiernos occidentales y organizaciones de defensa de los derechos ahumanos han solicitado, en varias ocasiones, la libertad de la dirigente derrocada, quien desde el 1 de febrero pasado se encuentra en arresto domiciliario, mientras los generales que actualmente encabezan el régimen continúan llevando a cabo una represión sangrienta, con más de 1300 civiles asesinados y más de siete mil detenidos, según la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), que denuncia casos de torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
En las últimas semanas, distintos tribunales de la nueva Junta han pronunciado penas severas para otros importantes miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) -el partido que fundó Aung San Suu Kyi cuando, en 2010, quedó en libertad tras décadas de confinamiento domiciliario- ganador de las últimas elecciones celebradas en 2020, en las que los militares de la Junta aseguran que se cometieron «más de once millones de irregularidades».
Según información del canal Al Jazeera, desde que asumió el poder el general Min Aung Hlaing –hundiendo al país, «que avanzaba lentamente hacia la democracia», en una crisis interminable- una exdiputada de la LND ha sido condenada a 75 años de cárcel y trabajos forzados por corrupción, y un estrecho colaborador de la dirigente, de ochenta años de edad, a más de veinte años de cárcel.
Otros destacados miembros del partido han pasado a la clandestinidad, algunos han abandonado el país y los más persistentes han creado un gobierno «fantasma» de resistencia, al que llaman gobierno de unidad nacional.
En todo el país se han creado milicias civiles contrarias a la Junta, conocidas como Fuerzas de Defensa del Pueblo, mientras el general Min Aung Hlaing amenaza con disolver la LND y convocar nuevas elecciones antes de agosto de 2023.
