Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares, señala un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), informa IPS.
Los grupos armados «están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas», dijo Tamara Taraciuk, directora en funciones para América el hemisferio en HRW.
La respuesta de las autoridades colombianas «ha sido inadecuada e insuficiente, y deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas», agregó Taraciuk.
Según el reporte de HRW, el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente -una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estos grupos disputan el control del territorio y de actividades ilícitas, como tráfico de drogas y de minerales ilegalmente extraídos, contrabando y extorsiones, en la frontera entre el departamento de Arauca (este-noreste de Colombia) y el estado venezolano de Apure (suroeste).
«Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado», dice el reporte de HRW.
También sostiene que «miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN».
HRW visitó los departamentos colombianos de Arauca y Vichada (oriente, fronterizo con los estados venezolanos de Apure y Amazonas) y entrevistó a más de cien personas, incluyendo algunas por teléfono antes y después de las misiones.
Sus entrevistas incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, y agregó que el Ministerio de Defensa de Venezuela no respondió a su solicitud de información.
Sobre esas bases, el reporte sostiene que desde comienzos de año al menos 3860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3300 han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.
«Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC», señala el reporte.
También recuerda que el 19 de enero 2022 un carro bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, ciudad de Arauca donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos y donde se refugiaban al menos cincuenta líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos.
«El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el ‘centro de mando urbano’ del ELN», según la documentación y reportes de prensa recogidos por HRW.
La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero, «lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010».
«El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles», subraya HRW.
A ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente también han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores.
Las autoridades colombianas «deben redoblar sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», demanda HRW.
El Estado colombiano «ha intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando más militares a la zona. Pero las operaciones militares no han protegido suficientemente a la población de Arauca, y los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas han sido insuficientes».
De ese modo «cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada. Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta (fronterizo) en albergues improvisados», según constató HRW.
