Las libertades cívicas siguen restringidas en Venezuela, aunque el gobierno ha iniciado reformas relacionadas con la justicia, la policía y las detenciones, expuso en un nuevo informe este miércoles 29 de junio 2022 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informa la IPS.
«Mi equipo documentó 166 restricciones indebidas al espacio cívico y la desacreditación por medios institucionales continúa», dijo Bachelet al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) un informe sobre la situación venezolana entre mayo de 2021 y abril de 2022.
En el país sudamericano «sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada, contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar», dijo Bachelet.
En materia de libertad de expresión, su oficina (Acnudh) reportó 34 casos de hostigamiento, censura y decomiso de equipos de medios de comunicación, además del bloqueo de portales en internet.
Aunque sigue preocupada por la falta de independencia judicial y la criminalización de la disidencia, Bachelet destacó que Venezuela ha hecho avances en materia de justicia, de la policía y de las prácticas de detenciones.
En particular, la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un sostenido reclamo de su oficina y de organizaciones venezolanas de derechos humanos, que sin embargo han expresado temor porque esa fuerza represiva cambie formalmente pero continúen sus prácticas.
Bachelet indicó que se han documentado menos muertes que en años anteriores en el contexto de operaciones de seguridad, pero aun así «ya una muerte es demasiado».
«Sigo instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias», dijo Bachelet.
La alta comisionada destacó que el gobierno venezolano ha mostrado un espíritu de cooperación con su oficina y confió en que pronto conceda a su personal acceso a las audiencias judiciales.
Recalcó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes, exhortando a las autoridades a nombrar una proporción más amplia de jueces titulares del Tribunal Supremo mediante un proceso público y transparente.
Este año, la unicameral Asamblea Nacional legislativa, casi enteramente oficialista y desconocida por gran parte de la oposición, redujo de 32 a 20 el número de magistrados del Supremo y designó a nuevos integrantes, en un procedimiento cuestionado por grupos opositores, académicos y oenegés.
Tras la visita de equipos de Acnudh a veintiún centros de detención y entrevistas confidenciales a 259 detenidos, Bachelet reconoció la mejora de las condiciones y la reducción del hacinamiento, pero no se ha permitido que su personal visite los centros de detención militares o manejados por organismos de inteligencia.
Las gestiones de Acnudh contribuyeron a la liberación de 68 personas, incluidas catorce mujeres, y Bachelet pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, una situación constantemente denunciada por oenegés locales.
En cuanto a las protestas pacíficas relacionadas con los derechos económicos y sociales que han tenido lugar en Venezuela, señaló que no se han producido muertos y que las detenciones arbitrarias han disminuido con respecto a años anteriores.
En cuanto a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea sobre entidades y responsables del Estado venezolano, Bachelet dijo que «el levantamiento de las sanciones sectoriales podría contribuir a hacer frente a los retos preexistentes», al cabo de casi una década de crisis marcada por el empobrecimiento y la migración.
Finalmente, reiteró su respaldo a un diálogo social entre el gobierno y la oposición, «con liderazgo venezolano», y llamó a que se reanude dándole prioridad a la participación de las mujeres y tomando como base los derechos humanos y el estado de derecho.
Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), se retirará en septiembre como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
