«El derecho a la privacidad está más en peligro que nunca, y por eso es necesario actuar, y hacerlo ahora», sostuvo la alta comisionada en funciones para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, al presentar en Ginebra un informe sobre la vigilancia digital, informa la IPS.
«Las tecnologías digitales aportan enormes beneficios a las sociedades, pero la vigilancia omnipresente tiene un alto costo, ya que socava los derechos y frena el desarrollo de democracias dinámicas y plurales», dijo Nada Al-Nashif.
Los gobiernos del mundo utilizan, cada vez más, la vigilancia digital en sus estrategias de seguridad nacional, afectando el derecho de las personas a la privacidad, advierte en este informe la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Acnudh pide el control de estos medios cibernéticos con una regulación eficaz, que cumpla con las leyes y las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, en particular «el derecho a la intimidad de las personas ante el uso cada vez más extenso de herramientas tecnológicas de vigilancia, control y opresión».
El análisis se centra en tres áreas específicas, la primera de las cuales es el abuso que cometen las autoridades estatales con las herramientas de piratería intrusiva, programas espía o «spyware».
Luego, en el papel clave que desempeñan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea; y, asimismo, en las repercusiones de la vigilancia digital generalizada de los espacios públicos, tanto en línea como fuera de internet.
En el primer caso, el informe detalla cómo algunas herramientas de vigilancia -por ejemplo, el programa informático Pegasus-, pueden convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en «dispositivos de vigilancia las 24 horas del día».
Esa conversión permite al «intruso» acceder no sólo a toda la información almacenada en nuestros teléfonos móviles, sino que también los convierte en un arma para espiar nuestras vidas.
«Aunque supuestamente se despliegan para combatir el terrorismo y la delincuencia, estas herramientas de espionaje se han utilizado a menudo por razones ilegítimas, como la represión de las opiniones críticas o disidentes y de quienes las expresan», indica el informe.
Entre las víctimas predilectas se incluye a los periodistas, las figuras políticas de la oposición, y los defensores de los derechos humanos, agrega el reporte.
Ya en julio de 2021, un informe de Acnudh registraba que diversas investigaciones revelaban que el programa Pegasus, de la empresa israelí NSO, había espiado unos 50.000 números de teléfono de jefes y jefas de Estado y de gobierno, de otros políticos, de activistas de derechos humanos y de periodistas de todo el mundo.
Por ello, Acnudh subraya la necesidad de tomar medidas urgentes para afrontar la propagación de los programas espía, y reitera el llamamiento a una moratoria sobre el uso y la venta de herramientas de piratería informática hasta que se establezcan las garantías adecuadas para la protección de los derechos humanos.
Sostiene el criterio de que la intervención electrónica de un dispositivo personal por parte de las autoridades sólo debería efectuarse como último recurso, y en casos que sirvan «para prevenir o investigar un acto específico que suponga una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave específico».
También considera que el cifrado de datos o encriptación representa un elemento clave para la privacidad y los derechos humanos en el ámbito digital, pero destaca que se está socavando.
Por eso pide a los Estados que eviten medidas que puedan restar eficacia al cifrado, como la instalación de las llamadas «puertas traseras», que permiten acceder a los datos cifrados personales o al control sistemático de los dispositivos de las personas.
El informe alerta finalmente sobre la creciente vigilancia de los espacios públicos.
Las limitaciones previas sobre el alcance de los métodos de observación quedaron destruidas por la recolección y el análisis automatizado de datos a gran escala, por los nuevos sistemas de identidad digitalizados, y por las extensas bases de datos biométricos que facilitan la expansión de estas medidas de vigilancia.
Las nuevas tecnologías también han permitido la vigilancia sistemática de las opiniones que la gente expone en línea, incluida la recopilación y el análisis de las aportaciones de las redes sociales.
El informe enfatiza que los Estados deben limitar las medidas de vigilancia pública a «las estrictamente necesarias y proporcionadas», y centradas en lugares y momentos concretos.
Además, debe limitarse la duración del almacenamiento de esos datos, y también es necesario restringir de inmediato el uso de sistemas de reconocimiento biométrico en espacios públicos.
Finalmente, se plantea que todos los Estados deben actuar también de inmediato para establecer regímenes sólidos de control de las exportaciones de tecnologías de vigilancia que plantean graves riesgos para los derechos humanos.
