Más de cien estaciones de radio fueron cerradas por el Estado venezolano este año 2022, acentuando el desplome de los medios de comunicación y comprometiendo la ya magra capacidad de informarse que tienen los ciudadanos, informa Humberto Márquez (IPS) desde Caracas.
En las provincias venezolanas «las radios se habían convertido en la última o única ventana de que disponían los ciudadanos para informarse, y ahora se pierde aceleradamente», dijo a IPS la docente de periodismo Mariela Torrealba, cofundadora del observatorio de medios de comunicación Medianálisis.
La oleada de cierres ejecutada por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se produce al cabo de lo que las entidades gremiales de los periodistas califican como «desierto informativo», una larga década de medidas que han achicado el espacio de los derechos de expresión e información, en un país gobernado desde 1999 por un gobierno autodenominado de izquierda y con una paulatina deriva autoritaria.
La mayoría de las estaciones cerradas este año son pequeños emprendimientos, privados o comunitarios, que no alcanzaron a llenar todos los requisitos exigidos por Conatel para sostener sus permisos, y con frecuencia se trató de emisoras con segmentos de programación críticos frente a las autoridades nacionales o locales.
Venezuela, un país de 28,5 millones de habitantes, la mayoría en la franja norte cerca del Caribe, tenía más de cien diarios impresos hace una década, pero más de setenta cerraron porque durante años de control de cambio y monopolio estatal de las divisas se cercenó la posibilidad de importar papel para imprimir.
Varios de los principales rotativos nacionales, así como la estación televisora privada dedicada a la información, fueron vendidos a firmas que cambiaron su línea editorial. A emisoras críticas del gobierno, como la pionera Radio Caracas Radio, establecida en 1930, no se le renovaron sus licencias para operar.
Hubo medios que migraron a internet, sin conseguir las audiencias o lectorías del pasado, y también migraron, a otros países u ocupaciones, centenares de periodistas y otros trabajadores de los medios que perdieron sus empleos en la cascada de reducción de medios de comunicación distintos a los estatales.
Venezuela ha vivido una década de crisis marcada por una recesión que redujo hasta 75 por ciento su producto interno bruto, varios años de hiperinflación y aguda depreciación de su moneda, ruda confrontación política y crisis social, lo que empujó a migrar a más de siete millones de sus habitantes.
Pobres y desinformados
Torrealba dijo que su entidad hace pequeños eventos con público en el interior del país al que preguntan cómo se informa, y «muy pocos dicen que a través de algún medio. La mayoría señala a las redes sociales, pero de modo escaso por razones como el débil acceso a internet o la falta de electricidad».
Por ejemplo en Yaritagua, una ciudad del centro-occidente del país, de unos cien mil habitantes y en un entorno agrícola, en un comedor popular activistas encuestaron a cuarenta personas, en su mayoría adultos mayores, que acudieron a los servicios de comida un día de este diciembre.
Solo tres tenían correo electrónico, y catorce dijeron que tenían teléfonos móviles, pero casi todos esos dispositivos eran de un hijo, un nieto o un vecino.
«Tenemos una población no solo empobrecida, sino profundamente desinformada, con acceso principalmente al mensaje de los medios oficiales, campo fértil para bulos o campañas de desinformación, y sin capacidad de construir referencias de opinión pública con otras personas», consideró Torrealba.
Adiós información, hola música
Ricardo Tarazona, responsable del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Yaracuy, un pequeño estado del centro-occidente con unos setecientos mil habitantes, dijo a IPS que en esa entidad «continúa el cierre de emisoras, con al menos cinco este año, después de que en 2014 hubo el cierre de catorce estaciones».
«A siete de esas catorce se les devolvió la señal y se reabrieron operaciones, pero sin los espacios de información, opinión y denuncia de las comunidades que antes tenían, y se dedicaron a poner música y publicidad», dijo Tarazona.
Las emisoras que restan «son constantemente llamadas a encadenarse con la señal de VTV», la televisora gubernamental, «y ya no ceden espacios a productores y comunicadores dedicados a recoger las voces de las comunidades», agregó.
También Carlos Correa, director de la oenegé Espacio Público, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, destacó a IPS que muchas radioemisoras privadas «sin necesidad de que se lo indique un órgano oficial se adhieren a la información que esté suministrando la TV gubernamental».
Es una de las explicaciones de por qué han disminuido las cadenas obligatorias de radio y televisión que el presidente Nicolás Maduro practicó intensamente, hasta varias veces a la semana, en los primeros años en en el cargo, al que llegó en 2013. En la práctica ya casi no son necesarias.
Dólares y audiencias
Correa inscribió los cierres de radios este año en un movimiento más amplio, de configuración de grupos que aspiran a desarrollar emisoras e incluso circuitos o redes de ellas, y también de influencia de dirigentes políticos regionales o municipales que desean contar con medios de comunicación propios o que les sean favorables.
La publicidad en radio, que se desplomó en la segunda década de este siglo con el conjunto de la economía venezolana, ha revivido junto con la actividad comercial, principalmente, en el marco de un rebote de la economía venezolana de hasta doce por ciento este año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La empresarial Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión emitió un comunicado en el que destacó que «prácticamente la totalidad de las emisoras de radios cerradas por Conatel son clandestinas», y perjudican a las legalmente establecidas porque interfieren con la señal de las formalmente habilitadas.
Una dificultad que no han podido sortear decenas de radioemisoras, comentaron a IPS, con reserva de sus nombres, dos conductores de espacios radiales, es que Conatel establece numerosos requisitos y demora la evaluación de los recaudos que les presentan quienes solicitan regularizar la explotación de su frecuencia radial.
Indicaron que propietarios de radioemisoras cerradas a menudo se abstienen de hacer críticas públicas, a la espera de que Conatel revierta el castigo.
Correa apuntó que solo el estudio técnico que se exige a las radioemisoras tiene un costo estimado entre cinco mil y diez mil dólares, una cifra fácil de atender para una estación con recursos pero demasiado costosa para una estación pequeña de provincia.
Espacio Público y otras oenegés, así como el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, han criticado que los procedimientos administrativos pesen más que la necesidad de garantizar el derecho a una información plural, en la evaluación oficial de las radioemisoras.
Con el cierre de radios han quedado sin empleo varios miles de trabajadores. Por ejemplo, al salir del aire el 12 de diciembre Sonora 107.7 FM, que transmitía desde hace veinte años en la ciudad de Araure, llanuras del centro-occidente del país, veinticicno personas quedaron desempleadas.
Calcular las audiencias perdidas es más difícil, pero debe considerarse que por ejemplo en el petrolero estado de Zulia (noroeste fronterizo con Colombia), con cerca de cinco millones de habitantes y un gobernador regional que es opositor, fueron cerradas este año 33 radioemisoras.
Marianela Balbi, del latinoamericano Instituto Prensa y Sociedad, advirtió en un reciente foro universitario que «se han formado desiertos totales y moderados de noticias en regiones donde viven cerca de catorce millones de venezolanos».
También los relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos publicaron el 30 de agosto 2022 una declaración conjunta advirtiendo sobre la situación de los medios y los periodistas en Venezuela.
«El cierre de medios de comunicación o la incautación de sus equipos, ordenados por el gobierno, limitan cada vez más el acceso de los ciudadanos a información confiable de fuentes independientes, al tiempo que acentúan un ambiente general de autocensura entre los medios», dijeron en su declaración.
