Una audiencia previa de la demanda presentada por Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra Greenpeace por la vulneración del derecho al honor de María Dolores de Cospedal contra Greenpeace ha finalizado este 14 de octubre de 2013 con la reclamación de 30.000 euros a la organización ecologista. El juicio se celebrará el próximo día 6 de marzo.
La demanda fue ordenada por María Dolores de Cospedal a raíz de la publicación del informe Amnistía a la Destrucción. Una investigación sobre los intereses privados que podrían estar detrás de la reforma de la Ley de Costas aprobada la pasada primavera.
Construcción ilegal de un hotel en la playa de El Algarrobico (Andalucía)La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideró que se lesionaba el honor de su presidenta por la publicación en los medios de comunicación de informaciones referidas al informe de Greenpeace, del que se deducían conexiones entre el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas constructoras. La organización ecologista, que presentó el informe en diciembre de 2012, en ningún momento señala a Cospedal como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, sino que se la mencionaba simplemente por estar casada con López de Hierro, quien fue consejero en una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Greenpeace sostiene que «sorprende» que, para esta demanda sobre los derechos particulares de Dolores de Cospedal, se utilicen los servicios jurídicos de la Administración autonómica para la defensa de intereses privados, sobre todo cuando el informe de Greenpeace no se refiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya que, como es evidente, dicha junta no tiene competencias en el ámbito de la Ley de Costas.
Greenpeace considera que la demanda sobre la vulneración al derecho al honor choca frontalmente con la jurisprudencia al respecto ya que los tribunales españoles han señalado en diversas ocasiones que el derecho de información supone «el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político».
«Con el informe Amnistía a la Destrucción, Greenpeace estaba defendiendo el derecho al medio ambiente, consagrado por la Constitución, y ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión», ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
En este informe, Greenpeace se limitaba a denunciar la arbitrariedad e inseguridad jurídica que introduce la nueva Ley de Costas ya que favorece a sectores muy concretos con intereses privados en el litoral. Una Ley que supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años.
La información proporcionada por Greenpeace se inscribe en el ejercicio del derecho a la información, base del sistema democrático, sin que pueda desprenderse de su contenido ninguna intromisión ilegítima en el derecho al honor, no solo de la demandante Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino tampoco de quien no comparece personalmente en este proceso (su presidenta doña María Dolores de Cospedal), tratándose de una información veraz y que no incluye expresión alguna que pudiera considerarse injuriosa o vejatoria.
«Greenpeace es una organización ecologista que, ante un proyecto de modificación de una Ley que supone un retroceso histórico en la protección medioambiental de la costa, expresó su opinión libremente», ha añadido Rodríguez. «Malo sería para el Estado de Derecho que se penalizara a Greenpeace, una organización mundialmente reconocida en su defensa del derecho al medio ambiente, que está recogido en el Artículo 45 de la Constitución española, y que no pudiera expresar su opinión amparada en una inexistente vulneración del derecho al honor. Esto sentaría un grave precedente al limitar la libertad de expresión y de información», concluye.
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