La asociación StopAbolición, conformada por trabajadoras sexuales, empresarios del sector, publicistas y diversos profesionales relacionados con el mercado del sexo de pago, ha expresado su rechazo a la proposición no de ley presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno a «regularizar de forma extraordinaria a las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual».
Crítica al enfoque abolicionista
StopAbolición sostiene que la proposición parte de la premisa errónea, sin apego a los datos oficiales, de que la trata está «indisolublemente unida a la prostitución», una relación que —según afirman— no está respaldada por los datos oficiales.
En este sentido, recuerdan que, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se detectaron 376 víctimas de explotación sexual en operativos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció judicialmente solo nueve víctimas al cierre de los procesos.
«En el texto presentado se aprecia un enfoque abolicionista y una visión criminalizadora del trabajo sexual», subraya la asociación.
La legislación ya contempla los delitos de trata y explotación
La organización explica que el Código Penal español ya contempla la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el artículo 177 bis, así como el beneficio delictivo obtenido por terceros en el artículo 187.1. Por este motivo, considera innecesaria una medida «excepcional» como la planteada por Podemos.
Asimismo, citan a organismos internacionales como CEDAW y el grupo GRETA, que recomiendan reforzar la lucha contra la trata y la explotación laboral fuera del ámbito de la prostitución, un aspecto que —según StopAbolición— suele quedar relegado.
El colectivo también manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que las ONG o las administraciones sean las encargadas de acreditar la condición de víctima de trata, lo que, a su juicio, «abre la puerta a la pérdida de garantías y a la arbitrariedad», al dejar dicha competencia en manos de entidades privadas que podrían tener conflictos de interés.
Dudas sobre la gestión de fondos y programas
StopAbolición cuestiona además la eficacia del Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y pide transparencia sobre el uso de los recursos destinados a programas para mujeres en contextos de prostitución.
La asociación afirma que «organizaciones como Médicos del Mundo España recibieron más de 48 millones de euros en 2024, sin que se conozca cuántas mujeres han sido realmente beneficiadas o de qué manera», y denuncia la existencia de «una industria del rescate caracterizada por una escasa rendición de cuentas».
Reivindicación de derechos
Finalmente, el colectivo reclama que las trabajadoras sexuales sean escuchadas y participen directamente en los debates legislativos sobre prostitución.
«No somos víctimas ni objetos de tutela. Exigimos la despenalización de nuestra actividad y el reconocimiento de nuestros derechos básicos, como cualquier otro trabajador o ciudadano», concluye el comunicado.
