El gran político sudafricano Nelson Mandela ha pronunciado una frase que seguramente pase a la Historia por el mensaje que conlleva: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.
Tan poderosa es, que en estos momentos se juega en España en el campo de batalla de las ideas una partida entre los que defienden un modelo educativo y otro, con la salvedad de que el Gobierno conservador del Partido Popular, con su mayoría absoluta y por lo tanto árbitro en la contienda, ha impuesto con la LOMCE y sin atisbo de consenso un modelo claramente escorado hacia la derecha y ya de paso hacia a la Iglesia Católica, gran beneficiada ella, precisamente en un Estado que jurídicamente se dice laico.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida popularmente como Ley Wert por ser el responsable de la misma el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha sido aprobada en solitario en el Parlamento por el Gobierno del Partido Popular, siendo rechazada por el resto de la oposición. Mal asunto éste, puesto que una Ley nacida sin consenso es una Ley con fecha de caducidad, como así ha quedado de manifiesto, ya que la oposición en bloque ha manifestado que será derogada en el momento en que lo permita el juego democrático.
En opinión del Gobierno el actual sistema, proveniente según dice de Leyes socialistas es insoportable, sobre todo por el fracaso escolar, mientras que para la oposición estamos ante una LOMCE que nos retrotrae al pasado, busca la segregación, favorece a la Iglesia Católica y ataca a la escuela pública mientras defiende la privada, arropada ésta bajo el nombre de concertada; junto a todo ello, resta competencias en la materia –dice la oposición-, a las Comunidades Autónomas. La brecha que separa a unos y otros es tan grande que por una parte ya hay Comunidades Autónomas que han manifestado que no la pondrán en práctica, mientras que otros han amenazado con llevarla ante el Tribunal Constitucional.
Mal comienzo y peores andares para una Ley de Educación que es la séptima de las emanadas de nuestra reciente democracia, y que si el sentido común no lo remedia -vía Senado-, va camino de seguir los pasos de la LOCE, que una vez aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2002 no llegó a entrar en vigor tras ganar dos años después la elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Y es que al contrario que en otros países, lo que sucede en España desde hace muchos años es que la educación se encuentra en el epicentro de una batalla política tras la que subyace el modelo de sociedad que unos u otros pretenden: enseñanza laica frente a la religiosa, de acuerdo ésta con las directrices de la Iglesia Católica; pública frente a la privada-concertada, con todo lo que ello significa en el ámbito no ya político, sino económico, porque la enseñanza, conviene no olvidar, puede llegar a ser –lo está siendo ya en algunos ámbitos-, junto a la sanidad, un gran negocio, más allá de la educación o la salud de las personas.
¿Pero cuáles son, a grandes rasgos, los puntos esenciales de una LOMCE que puede llegar a ser “nonnata” si, como dice la oposición, lo permite el juego parlamentario? En recorte presupuestario, por ejemplo, estamos hablando de unos 6.400 millones de euros desde el años 2010 entre lo efectuado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, si bien esta cantidad puede acercarse a los 10.000-11.000 millones si examinamos las previsiones enviadas por el Ejecutivo a la Unión Europea el pasado año. Ello lleva consigo menos posibilidades de tener becas, que lógicamente suelen ir a parar a las personas más necesitadas y con menor poder adquisitivo. Las matrículas universitarias se han encarecido entre un 20% y un 60%, de tal manera que ya hay alumnos que no pueden seguir estudiando al carecer de recursos para pagarlas. Más de medio millón de alumnos perdieron el año pasado la ayuda para los libros de texto, al tiempo que las ayudas para el comedor se redujeron entre un 30% y un 50%. A todo ello se une la reducción de plantilla del profesorado, que ha supuesto la desaparición o eliminación de 22.000 profesionales de la enseñanza pública, con el consiguiente aumento y masificación de alumnos en las aulas, más horas de trabajo para los docentes y menos posibilidades de cubrir las bajas por enfermedad. Junto a todo ello, los que peor parados van a salir son los alumnos con dificultades específicas especiales, ya que se pierde profesorado de refuerzo, al haberse reducido de forma drástica la financiación de los programas que les afectan.
Ley Wert o no Wert, esta es la cuestión. El Gobierno sabe perfectamente qué modelo de sociedad quiere, en función de su credo político. Lo importante es saber qué modelo de sociedad quiere cada ciudadano. Mientras las calles se llenan de manifestaciones en contra de la LOMCE, otros blanden la mayoría silenciosa como argumento. Esa es la cuestión.
