Ileana Alamilla[1]
Según informes especializados, Guatemala se encuentra entre los 10 países con mayor vulnerabilidad ambiental del planeta, ocupa el cuarto lugar en fragilidad en cuanto a inundaciones y deslaves, debido a una conjunción de factores, entre ellos su ubicación geográfica, las tres placas tectónicas que nos atraviesan: Cocos, Caribe y Norteamérica, su cadena volcánica, y eso que no somos de los mayores contribuyentes en emisiones que contaminan el medioambiente.
A la población de siempre le ha tocado enfrentar esos desastres naturales. Todavía algunas familias víctimas de tormentas tropicales y del reciente terremoto sobreviven en albergues.
Otras que, debido a su pobre condición económica, habitan en lugares peligrosos, como las laderas de las montañas, los márgenes de los ríos, los barrancos y zonas no aptas para vivir, y se mantienen en permanente riesgo de ser “rematadas”, lo que tiene como consecuencia la pérdida de vidas y de sus exiguas pertenencias.
La deforestación, las sequías, la ausencia de programas de prevención y de políticas de mitigación de daños nos hunde en la desesperanza. La población vulnerable es la misma de toda la vida, que repetidamente deben sobreponerse a la adversidad. Menos mal que son resilientes.
Sobre nuestras cabezas mantenemos una nube negra, que nos lanza toda clase de desgracias: huracanes, sequías, erupción de volcanes, deslaves.
Estos fenómenos naturales se convierten en desastres debido, en gran medida, a las condiciones sociales prevalecientes que colocan a la mayoría de la población en situación de alta inseguridad.
Estas circunstancias se expresan en pobreza masiva, desigualdad, desnutrición, muertes maternas, violación de niñas muchas veces convertidas en madres, violencia extrema, migrantes humillados y deportaciones vejatorias, conflictos de toda naturaleza.
La descomposición social se manifiesta en la existencia de un crimen organizado desalmado, en autoridades coludidas con los delincuentes, funcionarios(as) inescrupulosos. La institucionalidad estatal también padece debilidad y falsedad, donde encontramos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no ceden en la pretensión de lograr sus objetivos particulares, a muchos congresistas indecentes, alcaldes repudiados y hasta actividades deportivas con dirigentes corrompidos por la ambición.
Y como si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad, respetadas en sociedades diferentes, resulta que aquí suelen transgredir normas que protegen los derechos humanos.
En uno de los casos judiciales que ha llamado poderosamente la atención de la prensa, ocurrieron dos hechos ignominiosos. Elementos de la Policía, dirigidos por Edín Santizo, según algunas de las víctimas, rociaron con gas pimienta a varios periodistas que buscaban declaraciones de Roberto Barreda, en la Torre de Tribunales. Esta fue la segunda vez que, en este caso, se hace uso de ese gas en contra de la prensa.
Son inaceptables las declaraciones y justificaciones del ministro de Gobernación. Si la Policía no le informa, si no acata sus órdenes, si no sigue los protocolos, su cartera está en entredicho.
El MP también tiene una deuda con el gremio. A la fecha sabemos muy poco de los cuatro asesinatos de periodistas y del ataque contra otro comunicador. Ignoramos qué medidas se han tomado contra el policía que, con abuso de autoridad, actuó contra la Prensa en San Marcos.
Entre la vulnerabilidad ambiental, la violencia y las agresiones, a ver cuánto tiempo tardamos en desaparecer del mapa.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
