Conrado Granado: desde mi buahrdilla
La abogada Cristina Almeida decía hace días en un programa de televisión comentando la nueva ley del aborto del ministro Gallardón, que no se reconoce en esta España de hoy, que le parece que está volviendo al pasado.
Algo parecido nos está pasando a más de uno, ya que la nueva ley sobre el aborto, más otra serie de medidas del actual Gobierno del Partido Popular, nos están retrotrayendo a tiempos que creíamos superados, a un tardofranquismo que, al parecer, anida en una parte de nuestra sociedad.
Mientras tanto, y una vez más, la derecha española y la Iglesia Católica marchan unidas, prietas las filas, recias marciales, uncidas sus escuadras por una ideología común.
La nueva ley del aborto que nos presenta ahora el gobierno del presidente Mariano Rajoy nos retrotrae a tiempos que creíamos superados, ya que es incluso peor que la aprobada en 1985 por el gobierno socialista del expresidente Felipe González. Y lo que es todavía peor, se carga y liquida la última ley de plazos de 2010 del gobierno socialista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es semejante a la existente en la mayoría de países de nuestro entorno comunitario.
Una vez aprobada la nueva Ley, que saldrá adelante sin lugar a dudas en el Parlamento con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, el Gobierno limitará el aborto a solamente dos supuestos que son irrenunciables, según los postulados de Naciones Unidas: la violación y el peligro para la salud de la madre. Pero de paso se suprime el supuesto de anomalía fetal, además de poner una serie de cortapisas para poder abortar que hará la cosa muy difícil para las mujeres, a las que algunos consideran que hay que tutelar a estas alturas del Siglo XXI.
Esta restrictiva nueva ley del aborto de Gallardón, pomposamente denominada por el Ministerio de Justicia como Ley Orgánica de la Vida del concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, va a poner toda una serie de obstáculos para que la mujer pueda abortar en los casos que hasta la fecha venían siendo legales. Entre otros, que la autorización para poder hacerlo han de firmarla dos médicos ajenos al centro, habrán de cumplir siete días de plazo para decidirse, todos los médicos podrán objetar, cuando hasta la fecha solo pueden hacerlo los que participen directamente. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿y si todos los médicos objetan, quién decide?, ¿qué pasa con la mujer, sujeto activo, que pasa a ser considerada como pasivo a la que tiene que decírsele lo que tiene que hacer?
Si comento al principio que me da la sensación de que estoy retrocediendo al tardofranquismo es porque esa ley de aborto del ministro Gallardón me retrotrae a tiempos profesionales pasados, ya que también va a prohibir la publicidad de las clínicas que llevan a cabo abortos. Corrían los últimos años setenta o primeros ochenta del pasado siglo, y en aquellos albores de la democracia, con el franquismo aún latente, colaboraba el que suscribe en una revista llamada Renovación. Como el abortar era clandestino, un delito en España, las mujeres tenían que ir a hacerlo a Londres, y en un número se nos ocurrió poner algunas direcciones de clínicas londinenses donde se practicaban abortos con la intención de informar a las mujeres y facilitarles el ya de por sí difícil paso a dar. Pues aquello, la publicación de las direcciones, fue considerado casi como un delito por las autoridades de entonces, sin darse cuenta que las niñas bien, muchas de ellas hijas de esas autoridades que nos querían enjuiciar, eran las primeras que iban a la capital británica a hacerlo, y que lógicamente consultarían las direcciones.
A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, que la Iglesia, verdadera ganadora en el envite, junto con el ala más conservadora del ultranacionalismo español, España se situará a la altura de Malta, Polonia o Irlanda, alejándonos de la mayoría de países comunitarios con leyes similares. A mejor gloria de los de siempre.
