Los albergues que acogen en México a niños y niñas huérfanos o en situación vulnerable, carecen de la necesaria regulación y supervisión del Estado, lo que propicia que se produzcan violaciones escandalosas de sus derechos humanos en esos centros, informa Emilio Godoy (IPS).
«La situación es grave. No se piensa en el interés superior del niño. Se violan sus derechos», aseguró Laura Martínez, directora del no gubernamental Patronato Pro Hogar del Niño de Irapuato, en la ciudad de ese nombre del central estado de Guanajuato, a unos 300 kilómetros al norte de Ciudad de México.
Algunos de los niños y niñas que acoge Villa Infantil Irapuato, donde se cumplen altos estándares de atención y cuidado. Pero otros muchos menores acogidos en albergues en México viven en estado de indefensión. Crédito: Cortesía de Laura Martínez.
«No hay un censo nacional, dónde están, quién los atiende, bajo qué metodología. Tendríamos que estar bien regulados, bien supervisados. Las regulaciones no se cumplen y no existe legislación al respecto», denunció a IPS.
Su albergue, conocido popularmente como Villa Infantil Irapuato, opera desde 1969 y tiene capacidad para atender a 40 niños y niñas huérfanos o en situación de riesgo de entre seis y 20 años y desde 2003 funciona con su propio protocolo de atención.
Los acogidos son remitidos por la oficina estadual del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se nutre con financiamiento público y privado.
La institución funciona en el contexto de falta de registro y legislación, normas incumplidas, supervisión inexistente, carencia de profesionalización y de recursos financieros, en una situación que especialistas consideran que es violatoria de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En este país de 118 millones de personas, unos 45 millones menores de 18 años, existen unos 700 centros de acogida públicos y privados que resguardan a 30.000 de ellos. Pero la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar indica que unos 400.000 menores mexicanos carecen de tutela parental y de ellos 100.000 sobreviven en las calles.
El último escándalo con el manejo de estas instituciones estalló el 15 de julio, cuando la Procuraduría (fiscalía) General anunció el rescate de 596 personas, entre ellas 492 niños, del albergue «La Gran Familia«, en la ciudad de Zamora, en el occidental estado de Michoacán. Eran víctimas de maltrato y sobrevivían en condiciones paupérrimas.
Lo fundó en 1967 y dirigía Rosa del Carmen Verduzco, conocida como «Mamá Rosa», a quien se catalogó de «inimputable» por cuestiones de edad y de salud, mientras se procesa penalmente a seis de sus colaboradores por secuestro, maltrato infantil y abusos sexuales. El 30 de julio el centro fue clausurado definitivamente.
«El Estado tiene un retraso de 30 años en la garantía de los derechos de la infancia en políticas públicas. Nunca ha supervisado estos establecimientos, son más bien asuntos coyunturales en los cuales se acuerda y voltea la mirada hacia ellos», denunció Martín Pérez, director ejecutivo de la mexicana Red por los Derechos de la Infancia.
Como el Estado no da dinero, tampoco supervisa. «Y eso deja en indefensión a las niñas y niños. Los albergues se convierten en una caja negra, nunca se sabe el método educativo, los aportes o los daños», indicó Pérez a IPS.
Aunque sin las dimensiones del caso de «Mamá Rosa», las irregularidades en los alberges que adquieren dimensiones de noticia no son excepción.
El 17 de junio, las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.
En 2011, 19 niños fueron liberados del Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de la Salette en Ciudad de México, que eran sujetos de ultrajes y amenazas de muerte para que no denunciaran las condiciones en que vivían.
Dos años antes, las autoridades recobraron a 126 menores maltratados en los albergues «Casitas del Sur», administrados por la no gubernamental Reintegración Social. Además, detectaron la desaparición de 15, de los cuales tres continúan perdidos.
La Ley de Asistencia Social obliga a la Secretaría (ministerio) de Salud a monitorear a los centros de acogida, pero esa supervisión es prácticamente inexistente.
Preocupación internacional
Desde hace más de una década, México está en la mira de instancias internacionales por esas prácticas.
En sus recomendaciones de 2006 al Estado mexicano, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el alto número de niños trasladados a instituciones privadas sin que se tenga control de ellas, por lo cual recomendó crear un directorio y una base de datos de los menores en esa situación.
«Al Comité le preocupa la falta de información sobre los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones. El Comité toma nota del gran número de niños que viven en instituciones administradas por el sector privado, y lamenta la falta de información y de supervisión de esas instituciones por parte del Estado», cita el documento.
Por ello, el Comité que vigila el cumplimiento de los países de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó que el Estado establezca reglamentos basados en esos derechos, promulgue leyes eficaces, fortalezca estructuras como la familia extensa, capacite mejor al personal y asigne más recursos a los órganos pertinentes.
En el informe «Derechos del niño y la niña a vivir en familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas» la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió en octubre a los Estados a adoptar regulaciones sobre la autorización y habilitación de las instituciones de acogimiento, los estándares de prestación del servicio, los mecanismos de supervisión y control, y sanciones adecuadas.
«La institucionalización expone a los niños a mayores riesgos de sufrir diversas formas de violencia, abuso, negligencia, e incluso explotación, en comparación con los niños que se encuentran en otras modalidades de cuidado alternativo», concluyó la CIDH, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
La sociedad civil mexicana plantea una ofensiva para que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas.
Durante el 69 periodo previo de sesiones del grupo de trabajo, que se realizará entre el 22 al 26 de septiembre, una delegación de niñas y niños, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y organizaciones no gubernamentales presentarán en Ginebra un informe sobre la situación de la niñez, que incluye a los menores sin cuidados parentales.
Entre mayo y junio de 2015, el Comité de los Derechos del Niño, compuesto por 18 expertos independientes, evaluará a México.
Además, la relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, la paraguaya Rosa María Ortiz, visitará México en octubre para elaborar un reporte sobre la situación en el país.
«Planteamos que es necesario evitar la institucionalización, tener una ley general de cuidados alternativos y que es urgente contar con información clara y detallada sobre los niños y niñas en las instituciones», explicó Pérez.
Para Martínez, es muy importante revisar el modelo de atención de cada una de las organizaciones. «Todo se queda en un modelo asistencialista. ¿Y quién puede garantizar el seguimiento de los casos? El camino va por otro lado, el de trabajar para que el niño se desarrolle», inquirió.
