Las autoridades locales son el primer referente para la población. Deberían acatar la ley, estar pendientes de las necesidades de la comunidad y atenderlas oportunamente, resolver los casos que se les presentan, buscar soluciones y ser honrados, tal como ofrecieron en sus campañas proselitistas.
Pero resulta que es allí donde la ciudadanía encuentra el primer escollo para hacer efectivos sus derechos, el valladar para canalizar sus demandas y, en varios casos, son una fuente insaciable de corrupción. En junio de este año, la Contraloría General de Cuentas presentó 43 demandas en contra de autoridades ediles por anomalías en la ejecución de los fondos del año anterior. Entre las que encabezan el listado de los 14 departamentos señalados están Quetzaltenango, Suchitepéquez, Santa Rosa y Alta Verapaz. Los hallazgos señalados suman 209,599, 380.65 quetzales.
Debido a las irregularidades, en varios departamentos y municipios se ha generado un clima de insatisfacción que en ocasiones ha detonado en violencia. Falta de cumplimiento de promesas, trabajos inconclusos, duplicidad en la inauguración de las obras, poca ejecución de proyectos de desarrollo, opacidad, abuso de compras directas y por excepción y falta de transparencia en el manejo de los fondos son suficientes razones por las cuales los pobladores exigen rendición de cuentas, demanda que raramente es respondida.
En mayo, en San Juan Comalapa, la respuesta del alcalde fue que ¡el grupo de inconformes carecía de personería jurídica para conocer en qué se invierten los recursos! Es decir que se abrogó el derecho de calificar quiénes tienen facultad para ejercer derechos constitucionales, como el de petición, violando además la Ley de acceso a la información.
Algunos alcaldes han sido acusados también de lavado de dinero. Sin embargo, a la fecha sus casos continúan sin resolverse. Otros han debido enfrentar a la justicia por delitos relacionados con cohecho activo; unos más son señalados de realizar escándalos; hay quienes enfrentan antejuicios que no prosperan y en ocasiones han sido acusados de violentar derechos de los periodistas. Son reiteradas las noticias sobre la exigencia de cuentas de pobladores a las autoridades.
Por eso es tan relevante el caso reciente del alcalde de San Cristóbal Totonicapán, quien fue condenado por negar información. El Tribunal de Sentencia Penal de ese departamento lo condenó a un año de cárcel conmutable y al pago de 10 mil quetzales de multa, habiéndolo inhabilitado por dos años para ocupar cargos públicos. Los vecinos presentaron la denuncia ante la Auxiliatura de la PDH por la negativa a proporcionar información sobre un estudio de impacto ambiental para la instalación de una antena de telefonía. El funcionario edil continúa en sus funciones, ya que el fallo no está firme aún.
La PDH, a finales de febrero, advirtió que accionaría en contra de 649 instituciones que no presentaron el informe de actividades de las unidades de información a su cargo del año anterior, como lo manda la Ley de Acceso a la Información Pública. De las 1,200 instituciones obligadas a presentar el documento, solamente 551 cumplieron; un 46%.
Hay un irrespeto a esta norma que es una herramienta efectiva para transparentar el manejo de recursos. Hasta que se sometan a la ley los sujetos obligados, se investigue y enjuicie a quienes la violen, se dicten sentencias y se les afecte la billetera lograremos que entiendan que gobernantes y gobernados estamos sujetos al imperio de la ley.
